Huelga general
Se multiplican las voces que piden la dimisión de Marlaska, quien anuncia la prohibición de gases en protestas

Ayer, durante piquetes y manifestaciones, junto las proclamas por el derecho a la vivienda, a salarios dignos, y entre las consignas que demandaban una educación o sanidad públicas bien financiadas, frente a la privatización o los recortes para alimentar el pulso armamentístico, emergió otra demanda coreada con insistencia por quienes protestaban, la de la dimisión del Ministro de Interior Fernando Grande-Marlaska.

En su valoración de la jornada de huelga durante la conferencia de prensa realizada a última hora del miércoles, la portavoz del sindicato de vivienda, Alicia del Río, anunciaba acciones como respuesta a la represión: “Vamos a esperar a tener todas las cifras para dar una evaluación clara y exigir responsabilidades a todos los cargos públicos que sean necesarios”, afirmaba.

La violencia policial, ejercida contra los piquetes desde las primeras horas del arranque de la huelga, marcó la jornada, con manifestantes que no entendían por qué, mientras protestaban pacíficamente, los agentes decidían cargar desplegando todo su equipamiento: incluidas porras, gases irritantes y pelotas de goma. 

Ante las críticas formuladas, en la mañana del jueves, el Ministro de interior trasladaba en la mañana del jueves la decisión de prohibir el uso de gas lacrimógeno durante las manifestaciones, una noticia que llega con las imágenes aún recientes de manifestantes protegiéndose de nubes de gas, comunicando su sentimiento de asfixia y su miedo, como en el caso de la muy conocida Samantha Hudson. La imagen de una persona sin hogar siendo gaseada en plena cara, en la Gran Vía, habría despertado también una gran indignación. 

Grande-Marlaska no ha cedido ante los reclamos de dimisión, pero su cartera ha prometido investigar internamente, a través de la Dirección General de la Policía, las acciones que acabaron con decenas de afectados en piquetes y manifestaciones.  Los convocantes hablan de cientos de heridos de diverso grado, algunos con fracturas y contusiones, otros afectados por los gases usados durante el dispositivo policial, que detuvo a al menos un centenar de personas a lo ancho de la península. 

Amnistía Internacional señala a las fuerzas de seguridad

La violencia ejercida por las unidades antidisturbios no solo se hizo patente en las imágenes difundidas durante la jornada y los múltiples relatos de piquetes y manifestantes, la organización de derechos humanos Amnistía Internacional, denunciaba haber detectado casos de uso excesivo de la fuerza en ciudades como Madrid, Alicante, Castellón, Vitoria, Valencia, Málaga, Granada o Santiago.

Entre estas vulneraciones de derechos la organización señalaba los porrazos contra personas que se manifestaban pacíficamente, con golpes incluso en la cabeza. También daba constancia del uso indiscriminado de gas pimienta contra las multitudes, así como de la dimensión de la violencia, que ha hecho acercarse a los servicios sanitarios a muchas personas, siendo algunas trasladadas al hospital.

La organización de derechos humanos recordaba que la fuerza debería usarse solo como un último recurso y de manera proporcional, condenando el uso de porras y spray pimienta, así como alertando de la peligrosidad de algunas de las acciones policiales, como la de golpear en la cabeza, algo que puede causar grandes lesiones, apuntaba.

El comunicado de la organización surgía antes de la tarde, cuando aún quedaban muchas de estas escenas por repetirse en las distintas movilizaciones que se dieron a lo ancho del territorio. Alertas ante los incidentes registrados desde las primeras horas de la convocatoria, AI recordaba que las los agentes están obligados a llevar visible su número de identificación y les recordaba que es su deber garantizar el derecho a la protesta.

 La organización hacía especial hincapié en evitar el uso de gas pimienta, las balas de gomas y los proyectiles de foam, llamando a la sociedad a adherirse a su campaña al tiempo que insistía a los cuerpos policiales que se abstuvieran de cargar contra manifestantes pacíficos, una demanda que fue ignorada por antidisturbios de las policías nacional y autonómicas.

La izquierda condena la violencia policial

 A la petición de dimisión de Grande-Marlaska expresada ayer desde las calles y por parte de las entidades convocantes de la huelga, se han unido las voces de los representantes de Frente Amplio y Podemos, que en la mañana del jueves se aprestaban a denunciar la violencia policial que marcó la histórica jornada de protesta.

El encargado de trasladar la postura de la coalición electoral Frente Amplio ha sido su número  por Madrid, el diputado de la Asamblea Emilio Delgado, quien en una entrevista en la Cadena Ser ha recordado que el titular de Interior ha estado ya otras veces en el centro de la polémica debido a la dureza con la que las fuerzas de seguridad de las que es responsable han contestado ante protestas pacíficas, y ha instado al presidente del gobierno Pedro Sánchez, a prescindir del ministro.

Delgado argumentaba que la desproporción de la respuesta policial antes las multitudinarias movilizaciones resultan incómodas incluso para “el electorado socialista”, y urgía a Sánchez a tomar una decisión ante el “problema” que supone el cuerpo antidisturbios. Por su parte, Ernest Urtasun, hasta ahora al frente del Ministerio de Cultura y número dos de la coalición por Catalunya, ha exigido que se investiguen las cargas.

Podemos ha puesto en su punto de mira, no solo al PSOE si no a sus socios de gobierno. “Los responsables de esta brutalidad son el Gobierno, el PSOE y el Frente Amplio”, remarcaba esta mañana su secretaria general Ione Belarra en una intervención en la que también ha pedido la dimisión de Grande-Marlaska por una actuación policial que según ha defendido, tenía como fin boicotear el derecho a la huelga.