Honduras
Los pobres de Honduras salen hacia el norte

La caravana de migrantes que está cruzando México para alcanzar la frontera de Estados Unidos ha vuelto a poner a los inmigrantes, y a Honduras, en los titulares de los periódicos, a dos semanas de las elecciones legislativas en EE UU. El presidente Trump ha aprovechado la caravana para criminalizar a los inmigrantes llamándolos terroristas, ha amenazado en retirar la ayuda económica a Honduras, ayuda que mayoritariamente ha servido para financiar el ejército y la policía, y ha anunciado que enviara 800 efectivos de las tropas estadounidense a la frontera para ayudar la patrulla fronteriza cuando llegue la caravana, en una estrategia para usar de nuevo a los inmigrantes en su campaña electoral.

Esta caravana no es la primera. En abril de este año ya hubo una de 1.500 personas, en su punto álgido, que atravesó México. Es normal que los migrantes se unan en grupos para hacer la travesía y protegerse de peligros como las maras, mafias y la migración mexicana. Esta es la más grande, 7.000 personas, y hace visible un camino que muchos inmigrantes vienen haciendo en clandestinidad desde hace muchos años, sin cámaras ni periodistas. Todos tienen la esperanza de llegar al norte. Es una caravana multitudinaria que visualiza una realidad que pocas veces tiene espacio en los medios de comunicación: la profunda crisis de democracia que vive Honduras.
En Honduras ser pobre se paga con la vida. La situación viene de lejos y EE ha jugado un papel protagonista.

Un golpe de estado y dos elecciones fraudulentas

En el año 2009, un golpe de estado militar liderado por la oligarquía y el ejército del país despojó del gobierno al presidente electo Manuel Zelaya, un presidente de centro derecha del Partido Liberal que había llegado al gobierno en 2006. El golpe de estado dejó al país en una situación inestable. El Partido Nacional, partido de derechas opositor, puso como presidente provisional a Roberto Micheletti, para después arreglar unas elecciones con el beneplácito de EE UU y Canadá, que fueron los dos únicos países en empezar a retomar relaciones con Honduras, a pesar de la represión y la violencia posteriores al golpe, y en darse prisa para planear unas elecciones sin la presencia del expulsado Zelaya. Papel importante en esta intervención tuvo la secretaria de estado Hillary Clinton, mientras Barack Obama era presidente. Las elecciones pusieron al gobierno a Pepe Lobo, que se convirtió en presidente del país con la bendición norteamericana.

Hubo miles de manifestantes en la calle. Hubo muertos en las protestas. Pero nada de esto sirvió. Durante el post golpe, se aprovechó para despedir a cuatro jueces de la corte suprema y remplazarlos por cuatro nuevos afines al partido y para iniciar la agenda del Partido Nacional de privatización y recortes. Se iniciaba así un proceso de retroceso democrático que ha llevado al país a altos índices de violencia. Antes de ser despojado del gobierno, Manuel Zelaya había llevado a cabo un programa radical contra la pobreza. Durante su mandato subió el salario mínimo, dio escolarización gratuita y ayudas a los granjeros e hizo mejoras en el sistema de salud. También firmó la alianza para petróleo, Petrocaribe, liderada por Venezuela y trató de limitar las concesiones mineras.

La primera elección después del golpe fueron las primeras elecciones del fraude. En el año 2013, Juan Orlando Hernández, del Partido Nacional y conocido como JOH, se disputó la presidencia contra la candidata Xiomara Castro de Zelaya del Partido Libertad y Refundación (LIBRE), creado después del golpe de estado. Hernández ganó las elecciones bajo quejas y protestas de fraude electoral. Se dice que en aquellas elecciones votaron hasta los muertos.

La historia se repitió en 2017. El país llegó a las urnas en un estado de desesperación absoluta. En 2014 era el país con más muertes violentas del mundo. Los índices de pobreza mostraban que 6 de cada 10 hondureños eran pobres. La situación se agravó en 2015 cuando se destapó el fraude del seguro social con el robo de 7.000 millones de lempiras. El Partido Nacional financió su campaña electoral con parte del dinero público robado del seguro social. Un sistema de salud tan empobrecido que hay operaciones canceladas por falta de hilo de coser. Las personas pueden morir por una apendicitis. El derecho a la salud no está garantizado para los pobres en Honduras, que son la mayoría. Un estudio estima que unas 3.000 personas murieron indirectamente por este robo.

El 26 de noviembre, día de las elecciones, había esperanzas de que la estrella de televisión de los deportes, Salvador Nasralla, ganara las elecciones encabezando y uniendo a los partidos de la oposición. A unas horas de terminar los comicios, el instituto electoral anunció la victoria de Nasralla con cinco puntos de ventaja y el 70% de los votos escrutados. Una victoria prácticamente irreversible. La gente salió a celebrar en las calles un cambio que hacía tiempo que esperaban. Pero allí empezaron a pasar cosas extrañas. El recuento de votos se paró. Se alegó un fallo en el sistema informático. Durante 36 horas no entraron votos. Cuando el sistema se puso en marcha de nuevo, empezaron a entrar votos a favor del candidato del Partido Nacional, JOH, y finalmente, en medio de un clamo de fraude y con la OEA y la UE poniendo en duda la legalidad de los comicios, unos días después, los Estados Unidos, a través de su representante de negocios y de un comunicado del Departamento de Estado apoyaban los resultados y reconocían a Juan Orlando Hernández como presidente.

Cuando el sistema informático supuestamente se paró, la oposición y los ciudadanos empezaron a salir a la calle a protestar. La represión fue muy fuerte, se lanzaron gases lacrimógenos y munición contra los manifestantes y se declaró el estado de sitio. El COFADEH, Comité de Familiares de Desparecidos, registró la violencia que se vivió aquellos días: 30 asesinatos, 232 heridos y más de mil detenidos.

El reconocimiento de Estados Unidos y Canadá de Hernández como presidente supuso un fuerte revés para todos aquellos que hace años luchan políticamente en su contra. Como el caso de Edwin Espinal, un activista que fue hecho prisionero político y que todavía sigue encerrado en la prisión de máxima seguridad La Tolva. Las persecuciones por ideología política, los asesinatos de aquellos que se oponen a los planes del gobierno de Hernández y de las compañías que buscan hacer negocios en Honduras siguen al orden del día.

Durante el tiempo de gobierno de JOH, un presidente que responde a los intereses del Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y de las grandes compañías, la militarización del país ha crecido con la creación de diferentes cuerpos de policía, entre ellos la policía militar. Estados Unidos ha brindado 70 millones de dólares en asistencia de seguridad des del 2014 a Honduras según el Center for International Policy y ha aplaudido a JOH por su mano duro en la guerra contra las drogas. Irónicamente, en el juicio contra uno de los líderes del cartel Los Cachiros en Nueva York, este testificó que el propio hermano del presidente estaba implicado en tráfico de drogas.

Proyectos de extractivismo y el rol de Canadá

En 2011, el primer ministro de Canadá, Stephen Harper, fue el primer líder internacional en poner los pies en Honduras después del golpe de estado de 2009 y lo hizo para llevar inversiones al país, sobre todo las relacionadas con la minería, el turismo y las maquilas. En 2014 se firmó un tratado de comercio y se aprobó una nueva ley de minería que concedía muchos más permisos para extraer en el país.

Los proyectos extractivistas han desplazado a comunidades, han alterado las economías locales y han derivado en una alta represión contra las personas que se oponen a ellos. Honduras es el país más mortífero para los defensores del medio ambiente que se oponen a empresas que no respetan la naturaleza ni las comunidades, según Global Witness, 120 personas han sido asesinadas desde 2010. El asesinato más visible fue el de Berta Caceras por defender la comunidad lenca de la construcción de una represa en el rio Gualcarque. Otra de las zonas donde se ha vivido una alta represión y desplazamiento es la zona del Bajo Aguán, donde campesinos han sido asesinados y desplazados también por los intereses que la area ofrece al cultivo de la palma africana, principalmente por el proyecto de la Corporación Dinant del conocido empresario Miguel Facussé.

Tierra de narcos, maras y extorsiones

La inacción del gobierno de JOH para mejorar las condiciones de vida de la población hondureña se han ido agravando con los años. El país se ha convertido en un corredor de la droga que llega de Colombia hacia Estados Unidos, en un gobierno manchado de corrupción y un estado represivo altamente militarizado. Es muy difícil para los jóvenes encontrar un empleo y si lo encuentran es muy mal pagado. Muchos jóvenes son obligados a entrar en maras o clicas donde se ven envueltos en violencia, asesinatos y muerte. Una vez la muerte ha tocado a un familiar, los familiares buscan venganza en un espiral eterno que lleva a muchas personas a emigrar por miedo a ser asesinados o a ser reclutados por las bandas. Pero las maras son solo una consecuencia de la crisis democrática que vive el país. En Honduras no funciona el sistema policial ni judicial y las extorsiones están al orden del día.

Según un informe de Human Rights Watch: “Los esfuerzos para reformar las instituciones responsables de la seguridad publica han progresado muy poco. Arruinados por la corrupción y el abuso, el poder judicial y policial son inefectivos. La impunidad de los crímenes y los abusos de los derechos humanos son la norma”.
Todo esto, añadido a los altos precios del gas y de la luz eléctrica, que encarecen enormemente la canasta básica, hacen de Honduras un país donde la supervivencia diaria es muy difícil, casi la mitad de la población vive en condiciones de extrema pobreza.

El pequeño país, pero de gran importancia estratégica, que alberga 13 bases militares estadounidenses, parece ser el laboratorio político donde todo se puede probar y nada pasa. Llevan tiempo migrando. Pero ahora lo hacen juntos. Los pobres salen hacia al norte en busca de aquello que les han robado en su país, el derecho a sobrevivir.