Hemeroteca Diagonal
Señor agente, ¿qué pongo en el titular?

A mediados de junio, Bárbara Barón, estudiante de 4º de Periodismo en una universidad privada, publica en el periódico de su facultad un reportaje sobre una operación en la que la Policía Nacional detuvo a ocho yihadistas. Salió con los agentes desde la comisaría y fue testigo de todo. ¿Cómo consiguió llegar hasta allí? Quizá porque su padre es Enrique Barón, máximo responsable antiterrorista de la policía española, según publicó eldiario.es.

Otros periodistas no disponen de estos atajos y recurren a cauces más ortodoxos: los gabinetes de prensa del Ministerio de Interior, de la Dirección General de la Policía o de jefaturas autonómicas y comisarías provinciales, o sus equivalentes en la Guardia Civil. En algunos casos, hay ruedas de prensa cuando los detenidos ya están a disposición judicial; hasta ese momento, si se quiere seguir un tema, hay que adelantarse con llamadas telefónicas. Así describe en su blog personal Cruz Morcillo, redactora de sucesos en ABC y en El programa de Ana Rosa, un día rutinario: “Hoy he hablado por teléfono con un comandante, una inspectora de Policía, un comisario y dos jefes de prensa. He tomado un café con un capitán, un teniente y un guardia. Por la tarde he vuelto a la tarea: de nuevo llamé a la jefa de prensa mencionada, a una abogada a la que tengo gran aprecio aunque nunca me cuenta casi nada, a un comisario que estaba ocupado y me ha emplazado para más tarde y a otra letrada a la que continúo esperando. [...] Si preguntara a los compañeros que se ocupan de estos temas probablemente relatarían una secuencia parecida”. Es probable que fueran parecidos los días en que Manuel Marlasca, jefe de Investigación de La Sexta y colaborador de Antena 3 y Onda Cero, preparó el reportaje sobre las marchas de la dignidad del 22M que publicó en su blog el 27 de junio. En él cuenta lo que hicieron aquel día los detenidos M. e I., con un detalle que incluye sus nombres completos, basándose en las declaraciones de agentes antidisturbios.

Conseguir y cuidar a fuentes que puedan proporcionar información exclusiva es básico en el periodismo. Lo único que chirría en los dos casos anteriores es que los periodistas sólo hayan buscado a una parte: la policial. El código deontológico de la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) estipula “el deber que contrastar las fuentes y el de dar la oportunidad a la persona afectada de ofrecer su versión de los hechos”, pero un vistazo rápido a la prensa sirve para comprobar que en pocas ocasiones se cumple.

Una noche de marzo de 2012, en Lavapiés, varios agentes identificaron a personas por el color de su piel, una escena habitual en este barrio madrileño. El vecindario intervino en favor de los migrantes y hubo detenciones. El País los calificó como “riña tumultuaria” basándose en un comunicado que emitía la Jefatura Superior de Policía de Madrid. Los relatos de numerosos testigos no lo corroboraban. El texto lo firmaba Francisco Javier Barroso, el mismo que dos meses después titulaba “Un policía dispara al aire en un incidente con una asamblea del 15M”. Aquella vez, además de los relatos difundidos por ciudadanos a través de redes sociales, le desmentía un vídeo publicado por ABC en el que se veía que no hubo tal asamblea y que un policía de paisano disparó cuando trataba de detener a un vendedor ambulante.

Un año después, en marzo de 2013, el entonces consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Javier Fernández Lasquetty, visita un centro de salud entre protestas de la marea blanca. Europa Press cuenta esto: “Un hombre de 35 años se ha abalanzado sobre él de forma violenta y con intención de agredirle”. Le detuvieron pero el juez estimó que la denuncia policial era “poco creíble” a la vista de las declaraciones de las partes, los tres testigos y el vídeo aportado como prueba, en el que no se aprecia que en ningún momento el imputado se acerque a él. Europa Press ya había aprovechado para asociar al agresor, sin presunción de inocencia, a la asamblea del barrio de Carabanchel y el centro social EKO.

Las notas de Europa Press no se firman, pero un redactor de esta agencia, Julio de la Fuente, tiene algo en común con Morcillo, Marlasca y Barroso, además de cubrir tanto sucesos de crónica negra como manifestaciones políticas: han sido distinguidos por la Policía Nacional o la Municipal de Madrid con premios al periodismo por difundir la labor de estos cuerpos.

Uno de estos galardones recayó sobre Carlos Hidalgo, redactor de ABC que ha publicado numerosas noticias citando informes policiales sobre antisistemas, redes internacionales de anarquistas y otras historias de terror. Por ejemplo, en abril de 2013 revelaba que la Policía estaba investigando a “radicales que se infiltran en manifestaciones como fotógrafos”, que “golpean a agentes, los insultan y se enfrentan a los verdaderos reporteros”. Un mes después, los fotoperiodistas Raúl Capín, colaborador de Mundo Obrero, y Adolfo Luján, que publica imágenes de movilizaciones en internet, fueron detenidos en sus domicilios. Hidalgo dio en la diana: su texto iba acompañado de tres fotografías en la que aparecía Capín. Además, cuatro días antes de las detenciones, Capín aparecía identificado como activista en las portadas de El Mundo y La Razón, en imágenes de un escrache de la PAH. En los días previos a su detención, no sólo estos periodistas insistían en no considerarle profesional: en una concentración, un mando policial le espetó: “Me dejas tu documentación, porque periodista tú no eres”.

Hidalgo llegaba a afirmar que estos infiltrados “falsifican credenciales”, en referencia a los chalecos blancos que facilitan la Asociación Nacional de Informadores Gráficos de Prensa y Televisión (ANGIP-TV) y la FAPE. Conseguirlos pasa por demostrar que se tiene empleo como periodista y abonar sus cuotas mensuales. Algunos reporteros se niegan a usarlos porque consideran que no les asegura poder realizar su trabajo con libertad y se discrimina a los ciudadanos que quieren ejercer su derecho a tomar imágenes en el espacio público, pero el pragmatismo ha llevado a otros a aceptarlo. El 25 de abril de 2013, en una manifestación alrededor del Congreso, Interior lo aconsejó y, de hecho, sólo permitió el tránsito por algunas zonas a quienes los llevaban. La ANGIP-TV facilitó a sus asociados teléfonos de enlace con policías que iban a estar sobre el terreno.

Las personas que han sido protagonistas de noticias dudosas podrían reclamar su derecho al honor y la intimidad y denunciar a estos periodistas por injurias y calumnias. No obstante, ningún periodista está obligado a contar la verdad, sino a construir un relato veraz. Según la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, para no atentar contra el derecho de la ciudadanía a estar informada, lo que se les exige es “diligencia profesional”: seguir las pautas habituales de verificación y contraste de datos y recurrir a fuentes serias y fiables. El problema viene cuando se convierten en habituales prácticas como publicar informaciones interesadas de la Policía a cambio de recibir exclusivas sobre otros asuntos, según cuenta una periodista con experiencia en El Mundo y en otros diarios que prefiere que su nombre no figure en este reportaje. “No hay protocolo para informar sobre fuentes policiales, que yo haya vivido. El periodista es quien se lo autoimpone”, asegura.