Hemeroteca Diagonal
La Sanidad de Artur Mas llega a los tribunales

En abril de 2011, el president de la Generalitat catalana, Artur Mas, anunciaba un recorte del gasto sanitario  de mil millones de euros. El objetivo  de este plan de choque era “que Catalunya no termine como  Grecia” y el encargado de llevar a cabo  el tajo era Boi Ruiz, consejero del  Departamento de Salud de la Generalitat.  Un año después, al plan de Mas le ha salido una denuncia.

El 21 de marzo, la Plataforma de Afectadas por los Recortes Sanitarios (PARS) presentaba ante la Fiscalía  Superior de Catalunya, un escrito  conforme al artículo 264 de la Ley de  Enjuiciamiento Criminal (PDF) en el que se  relatan hechos que la PARS considera infracciones del artículo 542 del Código Penal. Este artículo tipifica el  delito en el que incurre aquella persona que, en el ejercicio de la función pública, impida conscientemente “el  ejercicio de derechos cívicos” a una  persona. Las personas que firman la  denuncia entienden que dentro de esos “derechos cívicos” se encuentran  los “principios rectores de la política  social y económica” que salvaguarda la Constitución española.

Según este escrito, “los responsables de Salud del actual Gobierno de  Catalunya, pese a que las leyes les  obligaban a tutelar un derecho fundamental,  han emprendido un decisivo  desmantelamiento de la sanidad  pública, primando los intereses sanitarios  privados sobre la asistencia pública”.

Siempre según los denunciantes, el consejero de Salud, Boi Ruiz,  Roser Fernández Alegre, secretaria  general de Salud, Josep María  Padrosa, director del Servei Català  de la Salut (CatSalut), y Josep Prat,  presidente del Consejo de Administración  del Institut Català de la Salut –ICS, el organismo con mayores competencias asistenciales de  Catalunya–, han limitado el acceso  efectivo a la asistencia sanitaria universal  y de calidad a la ciudadanía,  con la pretensión de favorecer a grupos  sanitarios privados.

Ya se conocen los primeros efectos  de los recortes promovidos por la  Consejería de Ruiz. Más de 3.700 empleados del sector se han visto afectados  por Expedientes de Regulación de Empleo, se han cerrado más de mil  camas (plazas hospitalarias) de las  aproximadamente 4.000 que hay en toda Catalunya y las listas de espera crecieron casi un 25% en los dos primeros trimestres de 2011.

También se conocen las respuestas a esta situación: los cortes de tráfico, las manifestaciones, los encierros y ocupaciones de Centros de Atención  Primaria (CAP) han goteado en toda la Comunidad. Con estas protestas,  protagonizadas por sindicatos sanitarios pero también por usuarios contra los recortes, se ha conseguido la reapertura  de tres plantas cerradas en el  Hospital de Bellvitge. También mediante la movilización ciudadana se  pretende conseguir la reapertura del  CAP de La Rambla de la Marina.

Cristina, de la Comisión de Salud  del 15M Barcelona y trabajadora  del sector público sanitario, explica  a este periódico que a finales de  enero más de 150 personas procedentes  de los colectivos de defensa  de la salud de Catalunya se reunieron en lo que se llamó la Trobada  de Sanitat para poner en común la s experiencias de casi un año de luchas  en contra de la gestión liberal de este servicio público.

Pese a la respuesta ciudadana, la receta  expedida por el tándem Mas-Ruiz sigue prescribiendo un progresivo deterioro de la Sanidad. El 1 de junio entrará en vigor el llamado copago,  por el que aquellas personas  que no cobren la renta mínima de inserción ni una pensión no contributiva  deberán pagar un euro por  cada receta médica si el medicamento  cuesta más de 1,67 euros. A  tenor del recorte en Sanidad y Educación anunciado el 9 de abril por el Gobierno de Rajoy, esta medida podría extenderse al resto del  Estado español, en opinión de Ramón Serna, de la Candidatura  Autònoma de Treballadores i  Treballadors de l’Administració de Catalunya. A juicio de este sindicalista, en los tres próximos meses “se  va a modificar un sistema implantado  desde hace más de 30 años”.

Conciertos a la privada

Pero el copago no es la única experiencia  que ha introducido la Generalitat.  El modelo concertado, una fórmula  que se aplicó a mediados de los ‘80 y que dio entrada en 1995 al ánimo  de lucro de las empresas públicas  por medio de la Ley de Ordenación  Sanitaria de Cataluña, refrendado  posteriormente por la Ley estatal 15/97, ha generado un negocio de provisión de servicios en que el control  político brilla por su ausencia. Ya en 1998, el diputado del Parlament  Joan Ridao alertaba de que “la creación de  empresas públicas y entes instrumentales escapa del necesario  control político y democrático. Aunque se nutren en buena parte de los recursos públicos y no están sujetas  al control y la fiscalización democrática  de este Parlamento”. La crisis económica ha acelerado  esta tendencia, que va en paralelo al fomento de la sanidad privada por  parte de los poderes públicos. Catalunya es, junto a Madrid y  Baleares, la autonomía que cuenta con un menor presupuesto sanitario público y, en paralelo, la que mayor  número de seguros privados tiene.

No obstante, el traspaso nunca se produce completamente, en primer lugar porque hay pacientes demasiado “caros” para el sector privado,  que, aunque ofrece ventajas en  cuanto a confort y tiempo de espera  a sus usuarios, no puede competir  en cuanto a cualificación del personal  con los grandes hospitales públicos.

En segundo lugar, el sector privado  tiene en el modelo de consorcios  un filón que pretende seguir explotando: por este motivo, en diciembre de 2011, el ICS modificó la  ley 8/2007 para, entre otras cosas, permitir que este organismo sea “troceado” en empresas, que podrán funcionar con capital privado.