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Miles de kilómetros de concesiones bajo sospecha

Tres días antes de que el Comité Olímpico Internacional decidiera designar a Tokio como sede de los Juegos Olímpicos de 2020, el banco japonés Nomura colocaba a Ferrovial-FCC, Sacyr y OHL entre las principales beneficiadas de una hipotética elección de la candidatura de Madrid. Este banco de inversión auguraba crecimientos del 10% de su cotización en Bolsa, basados en los cálculos de que aún faltarían 1.500 millones para repartir en la adjudicación de estas obras. Pero las buenas noticias no llegaron a un sector “que ha sufrido la cara más dramática de la crisis”, según el informe del banco japonés. Las malas, en el caso concreto de esas constructoras, se concentran en el Juzgado Central de Instrucción número 5, donde se siguen quemando las etapas del Caso Bárcenas, causa separada del caso Gürtel en la que aparecen imputados los responsables de OHL –Juan Miguel Villar Mir–, el expresidente de Sacyr, Luis del Rivero, José Mayor Oreja –FCC– y un elenco de secundarios de distintas constructoras, acusados de delitos de asociación ilícita, cohecho, alteración de precios en concursos y subastas públicas o prevaricación. Hasta diez delitos tipificados aparecen en la querella criminal ciudadana planteada por Izquierda Unida, la asociacion Justicia y Sociedad, Aso­ciación Libre de Abogados (ALA), Coda-Ecologistas en Acción y Federación Los Verdes.

Enrique Santiago, uno de los abogados que defienden esta querella ante el juez Ruz, entiende que el caso de los sobresueldos percibidos por distintas figuras de la dirección del PP es un asunto menor en relación con el efecto que esta práctica ha tenido sobre decisiones estratégicas tomadas por el Gobierno: “Más allá de que hayan estado percibiendo dinero negro dirigentes del PP, lo que pone de manifiesto el caso Bárcenas es la elaboración de un plan sistemático para la comisión de delitos de prevaricación y cohecho, entre otros muchos”.

En la querella, unas cuantas referencias al Boletín Oficial del Estado señalan el movimiento de causa-efecto entre las supuestas donaciones ilegales acreditadas por los papeles de Bárcenas, cuya veracidad ha sido corroborada por pruebas periciales caligráficas, y la adjudicación de obras. Pero, más allá de los numerosos contratos públicos, Santiago recalca que los papeles muestran una constante: “Las grandes empresas de construcción e infraestructuras, mediante este sistema y pagando relativamente poco para el beneficio que han obtenido, han conseguido comprar las decisiones de un Consejo de Ministros detrás de otro”. Paco Segura, coordinador de Ecologistas en Acción, añade que las empresas más importantes contra las que se han querellado “han facturado más de 5.000 millones estos años”.

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En 1990, a raíz de los casos Naseiro y Filesa, el escritor barcelonés Manuel Vázquez Montalbán exhortaba, en un manifiesto anticorrupción, a analizar la relación entre democracia y política, para que la exigencia ética “se haga regla y no excepción”. Montalbán se preguntaba entonces sobre las contratas públicas: “¿Cuántas concesiones no quedan ahora bajo la sospecha de este interés particular no necesariamente concertado con el general?”. Dos décadas después, miles de kilómetros de autovías y carreteras desdobladas, de líneas de alta velocidad, hospitales, túneles, puertos y aeropuertos adjudicados a FCC, OHL, Sacyr o Sando siguen bajo sospecha.

Junto con esa sospecha, están las consecuencias de una política de infraestructuras “demencial”, en palabras de Paco Segura. Políticas que siguen teniendo consecuencias como el paso del AVE por Huerna, adjudicado a Constructora Hispánica durante el periodo de Álvarez Cascos al frente del Ministerio de Fomento. Los túneles de este valle asturiano no se han abierto porque están inundados con aguas subterráneas. Otras llagas de la política de infraestructuras del ciclo del boom inmobiliario siguen abiertas, aunque estén a medio gas por la crisis. Imanol Madariaga, opositor al Tren de Alta Velocidad en Euskadi y Navarra, ha explicado a DIAGONAL los relativos progresos de la llamada Y vasca, el empeño del Gobierno central y del anterior Eje­cutivo vasco por concluir una obra que continúa acumulando retrasos pero para la que, sólo en 2013, se ha destinado una partida de 350 millones, a cargo del Estado, del Gobierno vasco y del Banco Europeo de Inversiones, adonde ha ido a parar la exministra socialista Magdalena Álvarez, imputada en el caso de los ERE falsos andaluces.

El desdoblamiento de la AP Madrid-Toledo se aprobó el mismo día en que la constructora Azvi donaba 120.000 euros al PP

“Somos el segundo país del mundo con más kilómetros de alta velocidad, sólo por detrás de China”, recuerda Segura, quien recalca que esta política es compartida por el PSOE y su Plan de Infraestructuras, Trans­porte y Vivienda 2012-2024, por el que se dedicarán 52.733 millones euros a ferrocarriles, de los que la mayor parte irán al AVE. El panorama es parecido con las carreteras, con 15.975 km de autovías construidos en 2012 a base de desdoblamientos de vías que en muchos casos no llegaban a los 3.000 desplazamientos diarios a pesar de que, según señala Segura, todos los manuales sostienen que no es razonable el desdoblamiento por debajo de los 15.000. Entre ellas está la AP Madrid-Toledo, adjudicada a Sando, Comsa, Banco Espíritu Santo y Azvi por 373 millones el mismo día que, según aparece anotado en los papeles de Bárcenas, esta última hacía una donación al PP de 120.000 euros.

El latiguillo de Lapuerta

Probar la metástasis de este sistema clientelar se antoja complicado una vez que las primeras comparecencias ante el juez Ruz han tendido a pasar por alto el papel de los constructores en la red tejida en torno a los despachos de presidencia, secretaría general y tesorería de la calle Génova. “No lo conozco” o “lo conozco por los periódicos” ha sido la respuesta, por ejemplo, de Cristóbal Páez, exgerente, quien reconoció haber recibido sobresueldos, o Antonio Ortiz, cajero del partido. La secretaria general, María Dolores de Cospedal, ha declarado no conocer a los empresarios más que de algunos actos. Tampoco han ido mucho más allá Francisco Álvarez Cascos: “Si encuentro a alguien puedo saludarle y hablar con él perfectamente”, ha dicho sobre los empresarios imputados, o Javier Arenas, quien ha negado que conozca a Del Rivero o Villar Mir, aunque admitió sus vínculos con constructores como Manuel Contreras (Azvi) o José Luis Sánchez Domínguez (Sando).

El propio Bárcenas “se ha cuidado muy mucho de dejar fuera a la inmensa mayoría de empresarios”, explica Santiago. La estrategia del extesorero, no obstante, ha salpicado a Villar Mir, quien, según Bárcenas, intentó donar 300.000 euros a Rajoy, dinero que finalmente habría sido aceptado por el tesorero de entonces, José Manuel Romay Beccaría, y a Luis del Rivero, único donante “finalista”, es decir, el único que obtuvo una contrapartida a partir de un donativo, según las declaraciones de Bárcenas ante Ruz recogidas por la web Los Genoveses. Los 200.000 euros que el expresidente de Sacyr habría aportado a la campaña electoral de María Dolores de Cos­pedal en Castilla-La Mancha supusieron, a juicio de Bárcenas, una “cochinada” en el sistema de contraprestaciones ejecutado por Álvaro Lapuerta, extesorero entre 1990 y 2003. Bár­cenas aseguró que era Lapuerta quien se encargaba de hacer una llamada en la que avisaba a determinado político que tenía que recibir a determinado donante para decirle algo que  Bárcenas resumió como un latiguillo habitual y que, dicho ante el juez, sonaba así: “Oye, tengo interés en que recibas a esta persona, que es una persona que nos ayuda. No tengo el menor interés en el tema que te va a plantear, lo único que quiero es quedar bien, que le invites a tomar un café, que seas amable con él, y nada, absolutamente nada más”.

La justicia tendrá que dictaminar si ese “absolutamente nada más” trata de dotar de un halo de respetabilidad a una política de Estado que, como indican los demandantes, estuvo destinada a favorecer a determinadas empresas a través de sucesivos planes de infraestructuras que, como se han afanado en defender los medios afines al Gobierno de Rajoy, no se interrumpió durante las legislaturas del PSOE. El testimonio de Lapuerta puede esclarecer la relación entre las donaciones y la política de infraestructuras. De momento, Cospedal ha negado que nunca haya existido una comisión de Infraes­tructuras, mientras que Cascos se ha limitado a decir que él nunca ha formado parte de una comisión que, según el extitular de Fomento, “existía antes de 1989”. Bárcenas, que ha negado participar en ella, declaró ante el juez que “lo que hacía [esta comisión] era analizar las deficiencias que tenía el país en cuanto a infraestructuras y hacer propuestas que se incorporan al programa electoral”.

“Cuando mandan a un enviado del Partido Popular a la cárcel a entrevistarse con Bárcenas para ofrecerle un posible acuerdo, sorprendentemente uno de los elementos que introduce en el acuerdo el partido es conseguir la nulidad de la causa y, además, con fecha, entre septiembre y octubre de este año”, explica Enrique Santiago. Como ya pasó con el caso Naseiro, conseguir la nulidad del proceso podría ser la estrategia elegida desde la cúpula del PP para dar carpetazo a la investigación sobre la financiación irregular del partido, una posibilidad que, según alertaron desde la acusación popular, se ha incrementado desde que la investigación quedó en manos del juzgado que lleva la causa Gürtel, que ya acumula 700.000 folios y más de un centenar de imputados.

Los libros contables, que se corresponden con ingresos primero troceados para pasar como donativos anónimos y después justificados en la contabilidad oficial del partido, comienzan en 1990. Ese año se anota el primer apunte de una entrega de ocho millones de pesetas a Álvaro Lapuerta de Rodolfo Naseiro, con el que se empieza el siguiente volumen de la saga. El caso Naseiro un proceso en el que se examinó la posible financiación ilegal de Alianza Popular que fue archivado definitivamente en 1992, forjó la reputación de Federico Trillo en los tribunales. Un Trillo que, salvo en su intervalo en los gobiernos de Aznar, ha dirigido “toda la estrategia judicial y cualquier informe legal del partido”, como publicó El País en 2009.

El exministro de Defensa ha sido señalado por Bárcenas en su declaración como presunto perceptor de fondos para costear la defensa del caso del avión siniestrado Yak-42. Pero no es el único viejo rockero del PP que se ha visto salpicado a medida que avanza el proceso: nombres como los del exministro Ángel Acebes (hoy en Iberdrola), el presidente de las Cortes Valencianas, Juan Cotino, o el expresidente de Cajamadrid, Miguel Blesa aparecen como sustantivos en unas declaraciones, que también han deparado la sorpresa de que Cospedal y Arenas confirmaran ante el juez Ruz su papel como extesoreros del partido en distintas épocas.

Álvaro Lapuerta, aquejado de distintas dolencias y que ha sufrido “extraños” accidentes según su familia, podría optar por negar cualquier relación de los altos cargos con los papeles. Pero el letrado Enrique Santiago cree que puede ayudar “si se decide a colaborar con la justicia”, ya que las pruebas periciales han confirmado la autenticidad de los papeles. Queda lejos aquella comida en el hoy cerrado restaurante Balzac en el que Cospedal, Arenas, Pío García Escudero –uno de los políticos que reconoció haber cobrado sobresueldos–, Soraya Sáenz de Santamaría, Ana Mato y el propio Bárcenas regalaron un reloj de lujo al señor Lapuerta. Lo que comenzó como un bis del caso Naseiro se ha convertido en el caso Bárcenas, porque, como dijo Vázquez Montalbán en aquel artículo de 1990, “la corrupción ni se crea ni se destruye, simplemente se transforma”.