Ley de seguridad privada: una ley para impulsar un sector concentrado en 12 empresas

El próximo 5 de febrero termina el plazo para presentar enmiendas en el Senado al proyecto de Ley de Seguridad Privada, un texto que se aprobó el pasado 10 de diciembre en el Congreso y que amplía las competencias de los vigilantes privados. No ha sido el único cambio en la legislación enfocado a este sector.

La reforma del Código Penal presentada por la cartera de Gallardón ya atribuía al personal de seguridad privada el carácter de autoridad, una “demanda conjunta de todos los agentes del sector”, según señala a Diagonal Eduardo Cobas, secretario general de Aproser, asociación que agrupa a las 12 mayores empresas de seguridad privada en el Estado español. Son nuevos cambios en la legislación con los que se “quiere ayudar a consolidar el sector de la seguridad privada”, en palabras del secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez. El sector de la seguridad privada agrupa a cerca de 1.500 empresas, de las que las 12 primeras acumulan el 70% de facturación del sector, que, según datos de Aproser, ha bajado un 6,87% en el último año.

"Aquí hay un gran pastel latente que se está cocinando y hay mucha gente dispuesta a ganar dinero"

“Hay una tendencia a la privatización de toda la función pública de la seguridad, que en algunos países ya lleva muchos años de andadura, y aquí hay aún un gran pastel latente que se está cocinando y hay mucha gente dispuesta a ganar dinero”, afirma Pedro Oliver, doctor en Historia por la Universidad del País Vasco especializado en instituciones punitivas y autor del libro Burorrepresión. Sanción administrativa y control social. “Aquí hay que seguir la pista del dinero, y ver qué lobby de facto está ahí actuando para impulsar esta legislación, que se va a unir a otras políticas de privatización, como el negocio penitenciario”, continúa Oliver.

Entre las empresas más importantes del sector, algunas destacan por su relación con nombres de la política, como Prosegur, que tuvo en 2012 una facturación de 3.670 millones de euros. Con 150.000 empleados repartidos en 400 sedes de cuatro continentes, se ha posicionado como el gigante de la seguridad privada. Sólo en 2013, en el BOE aparecen contratos a Prosegur por más de 8 millones de euros, entre los que destacan el de la vigilancia de los edificios de la AEAT en Andalucía por 2,6 millones de euros, o la de los aparcamientos de camiones y de la zona de cruceros del Puerto de Barcelona. A su cabeza está Helena Revoredo, a través de la sociedad Gubel, en la que también figura como apoderado Pedro Juan de Borbón. Banca March o Bankinter son otras de las entidades relacionadas, al igual que José Mayor Oreja, hermano del ex ministro de Interior Jaime Mayor Oreja, como da por probado una sentencia del Juzgado de Pri­mera Instancia nº 5 de Vitoria.

La misma sentencia señalaba también la relación laboral de Jaime Mayor Oreja con otra de las grandes del sector, Eulen, en la que aparece como apoderada Micaela Núñez Feijoo, hermana del presidente gallego, y que contó entre sus directivos con Rodolfo Martín Villa. Entre las contratas conseguidas por Eulen en 2013 está la de la seguridad y vigilancia del Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Melilla, por 2,9 millones de euros. El 10 de enero la empresa era adjudicataria de un nuevo contrato público para el servicio de seguridad y vigilancia de los centros del Instituto Nacional de la Seguridad Social de Valencia, Ali­cante, Castellón y Murcia por 1,12 millones de euros.

Y también aquí, la Gürtel

En 2009, el El Mundo detalló cómo el extesorero del Partido Popular Luis Bárcenas hizo llamadas en 2007 al entonces consejero de Justicia de la Comunidad de Madrid, Alfredo Prada, para que adjudicara a Serygur la vigilancia de la Ciudad de la Justicia. Al frente de Serygur estaban el exconcejal de Madrid Ignacio del Río y Álvaro de la Cruz, expresidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), relacionado con la Gürtel por contratar a Special Events para las asambleas especiales del organismo. Serygur consiguió el contrato de la Ciudad de la Justicia por 400.000 euros, y también en 2007 recibió otros contratos públicos por al menos 2,1 millones. En 2008, tuvo contratos públicos por al menos 5,6 millones, según aparece en el BOE, entre los que está la vigilancia de las sedes de la Agencia para el Empleo en Madrid por 2,5 millones. En 2009, antes de pasar a llamarse Alium, recibió el contrato para la vigilancia de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones por 667.000 euros.

La adjudicación de contratos de seguridad en edificios públicos madrileños también ha puesto sobre la mesa la vinculación de otros nombres de la política con el sector a raíz de la trama de espionaje en la Comunidad de Madrid. Segurisa, una de las empresas que optaban al contrato de la seguridad del edificio de la Puerta del Sol, ya había recibido en 2005 y 2006 contratos para el servicio de vigilancia del Canal de Isabel II y de Metro de Madrid que sumaban 59 millones de euros. Su presidente, Enrique Sánchez, fue diputado y portavoz en la Diputación de Madrid entre los años 1978 y 1982. Pero la empresa que se llevó el contrato de la Puerta del Sol y la Plaza de Toros, por 2,6 millones de euros, fue Segur Ibérica, en cuyo consejo figuraba hasta 2009, como secretaria no consejera, Marta Gil de Biedma, familiar de la expresidenta de la Comunidad de Madrid. Segur Ibérica, que ha sido acusada de fraude por prestar los servicios de seguridad en la Universidad Complu­tense con personal sin licencia, tuvo en 2011 como presidente al actual ministro de Defensa, Pedro Morenés, y ha comenzado 2014 con un contrato por 452.000 euros para el servicio de vigilancia de las sedes de las Direc­ciones Provinciales de la Tesorería General de la Seguridad Social y del Instituto Nacional de la Seguridad Social de Bizkaia.

Cuatro contratos en 2014

Pero la empresa de seguridad que mejor ha comenzado el año en cuanto a contratas ha sido Seguridad Integral Canaria. La empresa de Miguel Ángel Ramírez recibió en los diez primeros días de 2014 cuatro contratos públicos que suman 3,3 millones de euros. Un mes antes, Ramírez, que donó 50.000 euros al Partido Popular a través de su empresa Gestiones y Asesoramientos 3000, según aparece en la contabilidad oficial del partido, recibía también un indulto que lo libraba de los tres años de prisión a los que estaba condenado por realizar obras ilegales en terreno protegido.

Otra de las empresas importantes del sector es Castellana de Seguridad (Casesa), cuyo nombre ha saltado recientemente a los medios de comunicación por el trato que dos de sus vigilantes dieron la semana pasada a una pareja francesa en un supermercado Carrefour en Torrevieja. Con sede en Las Rozas y participada por la sociedad de capital riesgo Baring, que a su vez está participada por CatalunyaCaixa, es una de las empresas de seguridad a las que parece que no ha afectado la crisis. En 2012, su facturación creció un 10%, llegando a los 155 millones de euros, a pesar de que el anuncio del fin de ETA le hizo perder el negocio de los escoltas, que llegó a suponer para la empresa una facturación de 30 millones.

La entrada de vigilancia privada en 21 cárceles costó 7,39 millones de euros que fueron a parar a ocho empresas

El final del negocio de los escoltas ha propiciado que las cárceles se conviertan en nuevo centro de trabajo de los vigilantes privados. El programa piloto, que empezó en verano en 21 cárceles y en el que participan ocho empresas durante nueve meses, ha costado 7,39 millones de euros, un monto que en gran parte va a ser beneficio directo para las empresas, según un informe de la Unión Federal de Policía, que afirma que la Administración está desembolsando por cada vigilante 3.200 euros al mes, aunque el convenio del sector fija como salario 1.088 euros. Un panorama que, según lamenta Pedro Oliver, dejará “cárceles llenas de pobres custodiadas por otros pobres”.