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Giuseppe Micciarelli: “Esto es un laboratorio de autogobierno”

Nápoles, con una treintena de centros sociales, es una de las ciudades paradigma del movimiento okupa. En noviembre de 2015, su Ayuntamiento reconoció a uno de estos espacios, l’Asilo Filangiere, como bien común de la ciudad. En junio de 2016, una ordenanza municipal reconocía a otros siete espacios como bienes comunes. Hablamos con Giuseppe Micciarelli, abogado e investigador sobre sobre filosofía política y del derecho, sobre qué supone este reconocimiento.

L’Asilo ha sido el impulsor de esta ordenanza. ¿Cómo fue el proceso para conseguirlo?
Fue un proceso que nació de la experimentación de uso cívico y colectivo urbano de l’Asilo. Surgió de la lucha del Lavoratori dell’ arte, della cultura e dello spettacolo después del acto de conflicto de la ocupación de este inmueble monumental, que es patrimonio de la Unesco, tiene tres plantas y está en el centro de la ciudad. Este espacio fue destinado a convertirse en la sede del Foro Universal de la Cultura, una fundación privada que, con ingentes fondos públicos, organizó un gran evento cultural que pronto se vio que fue un fracaso.

La ocupación fue en respuesta a los mecanismos verticales de toma de decisión en el ámbito cultural, que venían ligados al clientelismo político. Inmediatamente nos imaginamos el nacimiento de una nueva institución, en donde la decisión sobre los fondos y la organización de los espacios fuera a cargo de los trabajadores de los distintos sectores, junto con una comunidad más amplia de ciudadanos y usuarios. Para hacer eso, desde un punto de vista legal, hemos reinterpretado un concepto jurídico antiguo que existe en Italia, el de ‘usos cívicos’, adaptándolo al discurso de los bienes comunes y dando vida, después de una práctica y un estudio de tres años, al ‘Uso cívico y colectivo urbano’, una revolución en el ámbito del derecho público. El objetivo era pensar l’Asilo como un bien común en el que el elemento de participación directa es muy importante. Es un cambio en la teoría sobre los bienes comunes que ahora se reconoce en al menos cuatro ordenanzas del Ayuntamiento.

¿Cómo se gestiona l’Asilo?
Se gestiona a través de una democracia asamblearia compleja. Hay una asamblea denominada de gestión y otra llamada de dirección, y grupos de trabajo que son los órganos que llamamos de autogobierno de l’Asilo. El objetivo que presentamos a la Administración de Luigi de Magistris [alcalde de Napoles] fue que se reconociera esta forma de autogobierno como órgano, no de funcionamiento de un colectivo o de una asociación, sino que se plasmara en el reglamento de uso de un espacio. Tras el momento de superar la lógica de la concesión o de asignación de un objeto jurídico, el mecanismo clásico lleva al problema sobre si adoptar o no forma de asociación, cuando hay tantas experiencias sociales que quieren continuar haciendo conflicto social. Ninguna forma de regularización debe impedir u obstaculizar esta forma de continua generación de conflicto. El objetivo era definir al sujeto jurídico que tendría los derechos sobre este bien. Y entonces es cuando viene el tema de la gestión directa. Después, el objetivo fue pasar del quién al cómo se decide. En este espacio se creó una forma de reglamento común en el que se explicaba, no cómo un habitante de Asilo, sino cualquiera que entre en este espacio convirtiéndose en parte de la comunidad del espacio.

Entonces, la ordenanza no obliga a crear una asociación u otra figura legal...
No, no se forma ninguna asociación. En la asamblea de estos espacios liberados puede haber asociaciones, 10, 20, 30 o ninguna, que harán propuestas de actividades. Con el mecanismo comunitario horizontal que hemos organizado se respeta la toma de decisiones de un movimiento político que está abierto. El colectivo ya existía en el momento de la ocupación, que fue el momento genérico o de conflicto y está en constante mutación. Nosotros creamos una reglamentación de 23 artículos a través de un proceso colectivo en el que participaron artistas y ciudadanos que usan el espacio. Estas normas se asumen como reglamento de uso del espacio. Es una estrategia para diferenciar las funciones de la gestión colectiva y las funciones del común, porque hay una serie de responsabilidades muy complicadas en la práctica, como por ejemplo la seguridad, las medidas antiincendios, las llaves... El público tiene la responsabilidad, por ejemplo, de controlar la seguridad del espacio o los gastos ordinarios —como agua y luz— y no ordinarios —como eventuales intervenciones estructurales—. Los habitantes de l’Asilo hacemos los espacios funcionales, por ejemplo, construyendo un teatro y dotando de medios de producción artística.

¿Cómo se resuelve el tema de alimentos o bebidas en el espacio?
Eso es aún un problema. A veces son las personas que proponen las actividades las que se hacen cargo. Por ejemplo, grupos dedicados a la autoproducción ecológica. Otras veces es la propia comunidad, pero no vende, es a cambio de una donación. En este tema tenemos que llegar a reglas específicas y adecuadas a una forma de contribución que no tenga nada que ver con la de los locales comerciales, pero aún no se ha resuelto. Con el tema de las bebidas alcohólicas tampoco se ha resuelto. Pero la recaudación sólo puede ir destinada al propio espacio, y no para autofinanciación de colectivos. Todo el mundo puede entrar a todas las actividades con una contribución voluntaria.

¿Cuál ha sido el criterio para que un espacio fuera reconocido como bien común?
La ordenanza que reconoce el uso cívico de l’Asilo fue más compleja que la de los otros siete espacios que le han seguido. Es un mecanismo que contiene una parte en la que se explica que l’Asilo es un bien común emergente por su actividad y su participación. La parte dispositiva de la ordenanza, que explica cómo se gobierna, recoge el reglamento de uso que escribimos nosotros [los habitantes de l’Asilo]. En este reglamento, las típicas reglas disciplinarias de “no se puede entrar a partir de una hora”, “no ensucies”, etc. las sustituimos por una forma articulada de uso que respeta la organización de una comunidad. Fue un diálogo político muy importante con la administración de Magistris y la concejal Carmín Piscopo en el que han participado también técnicos y funcionarios. Creo que esto ha permitido mover el plano político en la ciudad, ya que se ha introducido el tema, hoy ya central, de un nuevo autogobierno. Los otros siete espacios formaron un movimiento llamado Masa Crítica/ Decide la città [Masa crítica/ Decida la ciudad], que trata de agrupar a todos los centros sociales y espacios liberados napolitanos, pero intentando ir más allá del cuerpo tradicional de los movimientos. La mayoría de ellos participan en esta plataforma. Hemos comenzado a trabajar para que más espacios sean reconocidos mostrando un dossier de actividades que demuestre su valor social. La ordenanza reconoce que la autogestión cívica, cuando genera un alto valor social, debe obtener una compensación de sus gastos. Lo que es importante es que no es sólo un servicio de la ciudad, sino un intento de construir un laboratorio de autogobierno, de colaboración, de medios de producción comunes, basada en la cooperación.

¿Puede este reconocimiento poner en peligro el espacio como lugar de politización?
Al revés. Un uso colectivo no identitario permite el nacimiento de propuestas altamente conflictivas, como ha pasado, por ejemplo, con el reconocimiento de la ciudadanía honorífica de [Abdullah] Ocalan [político kurdo líder del PKK], a partir de una propuesta de l’Asilo. El elemento de la conflictividad no es una cuestión de compatibilidad, son las personas del espacio las que decidirán sobre lo que se hace en él, respetando los valores de antifascismo, antirracismo y antisexismo, y una serie de principios políticos que forman parte del preámbulo. Hay un órgano de garantías y reglamentaciones en cada espacio que respetan su propio carácter para que haya diversidad. Y una garantía de que el espacio no se venda.

¿Ha habido más presión, policial o de otro tipo, sobre otros espacios de la ciudad que no estén incluidos en la ordenanza?
No. El movimiento de centros sociales en Nápoles es muy fuerte y lo es porque hacemos una defensa común. Los espacios que no están incluidos en el decreto también han apoyado para que se desarrollara esta ordenanza.

¿No hay centros que estén en contra de este proceso?
Hay algunos que no están en contra, pero tampoco están interesados. Ningún centro se ha declarado, al menos públicamente, en contra de este decreto. Hay una treintena de centros sociales en Nápoles, incluyendo ocupaciones de vivienda y espacios sociales.

¿Se contempla el uso del bien común como espacio de vivienda?
Uno de los espacios declarado bien común es de vivienda. Es muy experimental porque se ha reconocido sólo la planta baja. Se está experimentando en cuanto a cómo se decide quién entra a vivir, respetando la práctica de las campañas de lucha del sector. La experimentación es un elemento central porque esta ordenanza no es una herramienta de defensa, sino de conquista. No se intenta evitar problemas, que los hay y muchos. Apostamos por la continuación del conflicto. En este periodo, he escrito un trabajo sobre la gobernanza neoliberal y el TTIP. Igual que reconocemos que este tratado es una aberración que se ha hecho a base de distorsionar el derecho desde el liberalismo, nosotros también distorsionamos el derecho desde una óptica colectiva. No estamos buscando una salida, estamos afrontando del modo más explícito posible una batalla para que se reconozca una praxis que consideramos legítima.