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Falta de reacción ante el acoso sexual en las aulas

El caso de una estudiante de la Universidad de Granada pone sobre la mesa la falta de activación del protocolo de actuación ante el acoso sexual.

Pintadas en la Facultad de Políticas de la Universidad Complutense.
Pintadas en la Facultad de Políticas de la Universidad Complutense. David F. Sabadell

publicado
2016-03-17 12:54

Una alumna de la Universidad de Granada denunció, el pasado mes de diciembre ante el Defensor del Estudiante, que había sufrido de manera reiterada abusos sexuales por parte de uno de sus profesores. Según el relato de la afectada, el acosador la forzó varias veces, le tocó los genitales y le dejó marcas y moratones en las ingles. Según las declaraciones de un testigo ante el Inspector de Servicios, el acusado violó también el principio de confidencialidad al hacer público el caso en clase ante sus compañeros y compañeras. Ante la denuncia, la Universidad recomendó a la estudiante que acudiera a la vía penal para interponer la demanda y le ofreció asistencia psicológica y el cambio de clase. Sin embargo, la Universidad no ha intervenido contra el docente, quien, por el momento, seguirá ejerciendo sus funciones al menos hasta la celebración el juicio, es decir, pasado un año o incluso un año y medio.

Frente a esta situación, la Asamblea Feminista Unitaria de la Universidad de Granada elaboró un comunicado para exigir la creación de una comisión interna que investigue el caso de forma paralela al proceso judicial, así como un protocolo que establezca el procedimiento a seguir para prevenir y actuar con diligencia contra al acoso sexual y por razón de sexo en el ámbito universitario, un marco de actuación que sigue sin aprobarse en esta universidad a pesar de que la Unidad de Igualdad del centro lleva anunciando su creación desde 2011.

Desde que en 2007, la Ley Orgánica de Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres (LOIEMH) estableció como obligatorio que todas las administraciones públicas se dotaran de protocolos de actuación ante el acoso sexual, son muchas las universidades que han aprobado estos marcos de actuación. Mayca, miembro de la asamblea, asegura que los protocolos de otras universidades sí contemplan que, independientemente de que la víctima denuncie por vía penal o no, se inicie un procedimiento interno a resolver en el menor tiempo posible, precisamente para no alargar la docencia de personas que hayan podido acosar o abusar sexualmente. “La Universidad de Granada no lo ha hecho –continúa–, y por eso manifestamos la necesidad de que se apruebe un protocolo y se abra la comisión investigadora”.

Mayca pone como ejemplo los protocolos que existen en otras universidades españolas. Con ellos se hubiese tomado algún tipo de medida en un tiempo mucho más corto. En la Universidad de Valencia o en la Autónoma de Madrid, por ejemplo, el protocolo contempla la apertura automática de una comisión investigadora y se hubiera llegado a algún tipo de solución en un plazo de un mes. En Valladolid, el periodo máximo habría sido sólo de 25 días, y en la Universidad del País Vasco se habría tenido en cuenta la violación del principio de confidencialidad para imponer las medidas disciplinarias pertinentes.

Sin embargo, la Universidad de Granada asegura que ha dado el trato y la protección adecuados y sigue ignorando la petición de aprobar el protocolo. “En estos casos, la Universidad sólo recomienda la vía penal. Ellos prefieren lavarse las manos y desentenderse del problema mientras los profesores siguen dando clase. Lo que queremos es que se posicione”, explica Mayca. La Asamblea se reunió también con la Unidad de Igualdad de la Universidad para conocer en qué punto se encontraba la elaboración del protocolo y negociar la apertura inmediata de la comisión investigadora. “Uno de los miembros de la Unidad nos preguntó qué pasaría si la denuncia resultase ser falsa. Nos parece increíble que incluso dentro de la Unidad de Igualdad se interiorice ese discurso y no se posicionen en apoyo total a la víctima”.

Otros casos en el tintero

La Ley Orgánica 3/2007 para la igualdad efectiva de hombres y mujeres establece en su artículo 64 la obligación de las administraciones públicas y de las instituciones que dependen de ellas de elaborar un protocolo de prevención y actuación frente al acoso sexual y por razón de sexo. Sin embargo, sólo hace referencia al funcionariado de las instituciones y no contempla expresamente la protección de otras personas no trabajadoras que se mueven en su entorno, como es el caso de las estudiantes.

La Universidad Complutense de Madrid se encontró precisamente con ese problema. Carmen Romero, miembro de la Asociación Contrapoder de esta universidad, así lo relata: “Siempre ha habido y sigue habiendo casos de acoso a estudiantes. Comentarios machistas en clase, llamadas o mensajes telefónicos, insinuaciones, etc. El problema es que no se denuncian. La Universidad no proporciona ningún tipo de protección frente a ello y sin protección no es tan sencillo identificarlo y hacerle frente”.

Sin aprobar el protocolo

Gran parte de la comunidad universitaria de la Complutense lleva desde 2014 exigiendo la elaboración del protocolo que establezca la línea de actuación y proporcione seguridad a las víctimas a la hora de denunciar. La Asamblea Feminista Complutense llevó a cabo varias acciones para visibilizar el problema y trabajó en un borrador del protocolo que, a día de hoy, todavía está pendiente de aprobación. “Es vergonzoso que, siete años después, en una institución pública como es la Universidad Complutense de Madrid, que hace alarde de la vanguardia de sus estudios en materia feminista y de igualdad, las miles de alumnas que pasan cada día por sus facultades sigan desprotegidas e indefensas ante las situaciones de acoso”, denunciaban.

Similar es el caso al que tuvieron que enfrentarse 14 estudiantes de la Universidad de Barcelona, que declararon haber sido víctimas de acoso sexual por parte del catedrático de Sociología Jesús de Miguel, figura, además, con importante poder e influencia en el centro por sus apariciones en medios de comunicación y su relación con el actual rey. La Fiscalía dio la razón a las víctimas y, sin embargo, al haber transcurrido cinco años desde los hechos denunciados, al haber prescrito el delito, no se tomaron medidas contra el docente, que continúa en el ejercicio de su cargo.

Uno de los casos de acoso en las aulas más recientes es el ocurrido el pasado mes de febrero en la Universidad de Santiago de Compostela. El profesor de Matemáticas Luciano Méndez se dirigió a una de sus alumnas reprochándole que su escote le desconcentraba, y le dijo que si se iba a vestir así se sentara en la última fila. La afectada, apoyada por otros seis estudiantes, lo denunció ante la Secretaría General de la universidad. Por el momento, la alumna ha podido cambiar de clase y está a la espera de comprobar si los mecanismos internos de la universidad contra este tipo de situaciones funcionan adecuadamente y se toman medidas contra el docente, que además, se reafirmó en sus declaraciones.

También en Barcelona, un grupo de estudiantes de la academia de preparación al examen del MIR ha denunciado que uno de los profesores, residente de Dermatología del Hospital Clinic, mientras daba clase el pasado 10 de marzo proyectó imágenes de mujeres a las que etiquetó como “guarra de discoteca” y “rancia de discoteca”, con el supuesto objetivo de servir de ayuda para la comprensión del tema.

No es un problema aislado

La universidad es un espacio de interacción donde se canalizan valores y pautas patriarcales. Como afirma Begoña Marugan, profesora de Filosofía del Derecho en la Universidad Carlos III de Madrid y redactora del ‘Protocolo de prevención y actuación ante el acoso sexual y acoso por razón de sexo’ de esta institución, “en la universidad, entre los profesores y las alumnas no sólo existe una relación fuerte de género, como en cualquier otro espacio, sino que también se establece también una relación de poder. Esto pone a las estudiantes en una posición especialmente vulnerable ante el acoso, y es crucial tener en cuenta esa jerarquía a la hora de establecer un protocolo para combatirlo”, indica Marugan.

Según un estudio realizado en 2013 por Noelia Igareda y Enarna Boderón, del Grupo Antígona de la Universidad Autónoma de Barcelona, el 24,8% de las universitarias españolas manifiesta haber sufrido acoso sexual y por razón de sexo de manera frecuente. A este tipo de violencia de género le siguen el hostigamiento y la violencia sexual, de las que el 15% y el 8,2% de las encuestadas han sido víctimas en alguna ocasión.

Miguel Ángel López, investigador del Departamento de Psicología de la Educación de la Universidad Complutense y uno de los impulsores del proyecto Universidad sin Violencia, una herramienta de denuncia online de violencias machistas en estos centros, destaca además la relevancia de que estos comportamientos estén normalizados en un espacio educativo. “Una de las consecuencias más graves de la falta de sensibilización es que de la universidad salen muchos profesionales sin competencias ni conocimiento en materia de género y diversidad, que incluso manifestarán pensamientos machistas y homófobos es su práctica laboral”.

Tanto Mayca como otras compañeras de diferentes asambleas y colectivos muchas de ellas han sufrido acoso en las aulas repetidas veces. Sin embargo, muy pocos casos trascienden, ya que, a menudo, no se dispone de ningún recurso al que acudir y se temen las represalias que pueda acarrear la denuncia.

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