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¿Cómo se puede despolitizar la justicia?

Podemos e Izquierda Unida apuestan por la entrada de la ciudadanía en la elección de los miembros del gobierno de los jueces.

Rafael Catalá
El ministro de Justicia, Rafael Catalá, afirma que el sistema actual garantiza la independencia judicial. Álvaro Minguito

publicado
2015-11-24 13:37

Antes de ocupar el cargo de presidente del gobierno de los jueces –el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ)– a instancia de Alberto Ruiz Gallardón mediante un acuerdo con el PSOE, Carlos Lesmes trabajaba como director general de Relaciones con la Administración de Justicia con el Gobierno de José María Aznar. Pilar Teso Gamella, que optaba también a presidir este órgano, pero finalmente se mantuvo en su puesto en el Tribunal Supremo, fue antes asesora del Ministerio de Justicia con José Luis Rodríguez Zapatero. Álvaro Cuesta, actual vocal también del CGPJ, ingresó en el PSOE en 1974 y desde entonces ocupó varios cargos, desde diputado por Asturias hasta vicecoordinador de la campaña de lo socialistas para las elecciones europeas de 2004. Son sólo algunos casos de un escenario denunciado desde la magistratura, partidos políticos, organizaciones civiles y hasta desde la Comisión Europea y el Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO), que identifican el sistema judicial como uno de los puntos rojos en cuanto a calidad democrática en España.

Hasta 1985, eran los propios jueces quienes elegían, a través de sus asociaciones, a doce de los miembros del CGPJ, quedando los ocho restantes en manos de Congreso y Senado. Los elegidos, a su vez, decidían el presidente del Consejo —hasta la actualidad han sido todos hombres—. Ese año se cambió el sistema. Argumentando que los doce jueces elegidos llevaban a la corporativización, la recién estrenada Ley del Poder Judicial ordenaba que fueran las Cámaras las que eligieran a los veinte magistrados que formarían el órgano —diez por cámara—.

Un estudio de la Plataforma Cívica por la Independencia Judicial señala que los presidentes de tribunales elegidos por el CGPJ eran precisamente los candidatos que no reunían todos los requisitos

En 2001, un nuevo cambio en la norma dejaba la puerta medio abierta a la participación de los jueces en la elección del Consejo, dejando en manos de las asociaciones y agrupaciones de jueces una primera selección de 36 nombres sobre los que decidirían el Congreso y Senado. Cuando, en 2011, el Partido Popular volvió al gobierno, su programa electoral prometía reforzar la independencia judicial. Un año después, Alberto Ruiz Gallardón, entonces ministro de Justicia, prometió la vuelta al sistema de elección anterior a 1985. Pero once meses más tarde, la siguiente reforma del Poder Ju­dicial, acordada con el PSOE, daba un giro de 180 grados a lo prometido, quitando de en medio a los jueces en la preselección de los miembros del CGPJ, que volvían a ser elegidos directamente por Congreso y Senado. En la práctica, negociados por el PSOE y PP.

“El mayor problema que tiene la justicia en España no es la falta de medios, ni el caos organizativo, que también, sino la politización de la justicia”, señala Jesús Villegas, magistrado del Juzgado de Instrucción nº 3 de Guadalajara y secretario general de la Plataforma Cívica por la Inde­pendencia Judicial (PCIJ). “Aho­ra nuestro órgano de gobierno lo elige el Parlamento, y los jueces estamos atemorizados con que nuestro trabajo se pueda ver influido por consideraciones políticas”, continúa.

La principal función del CGPJ, según la web del Poder Judicial, es la “salvaguardia o la garantía de la independencia de los jueces y tribunales, cuando ejercen su función judicial, respecto al resto de poderes del Estado y frente a todos, incluso respecto a los demás órganos judiciales y los del propio gobierno del Poder Judicial”. Más mundanamente, es el órgano que decide sobre permisos, incompatibilidades, traslados o sanciones a jueces. También sobre el nombramiento de todos los miembros del Tribunal Supremo —salvo el presidente, que es el mismo que el del propio CGPJ—, de los presidentes de la Audiencia Nacional y de los Tribunales Superiores de Justicia de las comunidades autónomas, y de dos de los miembros del Tribunal Constitucional —el resto los eligen Congreso, Senado y Gobierno—. En resumen, de todos los tribunales que crean jurisprudencia —interpretación de la legalidad sobre un caso que se hace extensible a casos similares— o donde se investigan y juzgan los casos judiciales, como los de corrupción, en los que hay acusados que tienen la consideración de aforados —reciben un tratamiento especial—, o casos relacionados con terrorismo, y también sobre casos como el del Aturem el Parlament, etc.

Victoria Rosell propone que sean los ciudadanos quienes decidan los miembros del gobierno de los jueces
Y aquí continúan las sombras sobre la independencia judicial. Un estudio realizado por la PCIJ sobre los últimos nombramientos decididos por el Consejo señalaba que, en los nueve casos analizados, la persona elegida era precisamente la única de las que se presentaba a la convocatoria que no reunía todos los requisitos necesarios. Es el caso del nuevo presidente de la Au­dien­cia Provincial de Valencia, Fer­nan­do de Rosa, que incluso se computaba como antigüedad los años que trabajó como secretario autonómico y consejero de Justicia de Fran­cisco Camps. Sólo contaba con un año de experiencia en órgano colegiado –tribunales con varios magistrados y presidente–, frente a los 15 y 28 de sus competidores.

En la VI Encuesta a la Carrera Judicial, realizada por SigmaDos para el CGPJ, el 67% de los jueces respondieron que no creían que en los nombramientos realizados por el Consejo prevalecieran los criterios de mérito y capacidad, aunque esta parte de la encuesta no fue difundida entre los medios de comunicación. “Venimos denunciando que esos nombramientos se hacen sin garantías de que respondan a principios de méritos y capacidad. El procedimiento que hay no tiene garantías y los requisitos son muy vagos. Se puede elegir a alguien por motivos políticos y después vestir el muñeco”, señala Villegas.

¿Qué hacemos con el CGPJ?

“¿Qué se podría hacer para cambiar esta situación? Volver al sistema que había antes del 85: que una parte la elija el Parlamento y otra la elijan los propios jueces, y así se compensan”, propone Villegas, que después puntualiza que los jueces elegidos por los parlamentarios, podrían también ser elegidos por la ciudadanía. “Ahora se elige en su totalidad por el Parla­mento y en la práctica el Consejo se convierte en un apéndice de los partidos políticos”.

Desde los partidos políticos, lanzan propuestas para todos los gustos. Ciudadanos propone directamente eliminar el Consejo, convirtiéndolo en un órgano formado por una sola persona que, eso sí, seguiría siendo elegida por el Congreso, manteniendo o incluso reforzando su relación con el partido en el Gobierno. Desde el PSOE se limitan a defender que se mantenga la “unidad del Poder Judicial”, sin dar más detalle.

Desde IU, Enrique Santiago propone que los miembros del CGPJ sean elegidos por tercios por parte de instituciones, jueces y ciudadanía
Victoria Rosell, número dos por Tenerife y la candidata del partido de Pablo Iglesias para ocupar la cartera de Justicia, señala a Diagonal que el cambio pasaría por “dar entrada a la ciudadanía para proponer o para votar a los juristas que formen el CGPJ”, órgano que también podría estar abierto a una mayor presencia de abogados y fiscales. Desde el partido también han propuesto, ya como parte de su programa, que los miembros del gobierno de los jueces pasen de los 20 actuales —más el presidente— a quince.

Rosell señala también el cambio de acceso a la carrera judicial, potenciar los tribunales de instancia, frente a los juzgados —en los que las investigaciones de los casos judiciales recaen en un solo juez—, limitar el número de cargos aforados —aquellos que reciben un trato especial cuando son llevados a juicio, actualmente más de 17.600 cargos políticos—, reforzar la justicia gratuita o —en el marco de la lucha contra la corrupción—, aumentar la independencia de la policía judicial, inspectores de Hacienda o peritos. “En Francia, la justicia tiene una policía propia, que no depende del Gobierno. Aquí todas las fuerzas policiales dependen de Interior, los inspectores de Ha­cienda, peritos… Estás pidiendo informes o información a personas que muchas veces dependen del poder investigado. Los policías te confiesan que sufren muchas presiones cuando investigan sobre corrupción, y ya hemos visto muchos tiras y aflojas con los peritos”, explica la juez.

Enrique Santiago, miembro de la Ejecutiva de Izquierda Unida y número uno de la lista por Madrid, explica que desde su partido también apuestan por la entrada de la ciudadanía en la elección de los miembros del CGPJ, pero no en su totalidad. “Tiene que haber un sistema mixto en el que participen las instituciones, los jueces y la ciudadanía, por tercios”, señala a Diagonal.

Otras de las propuestas que señala Santiago pasan por que la instrucción de los procesos judiciales recaiga en los fiscales. Es una propuesta que ya lanzó Alberto Ruiz-Gallardón, pero que no finalmente quedó en un cajón. Desde el PP han vuelto a recordar esta propuesta, ahora con el apoyo del PSOE y de IU, aunque Santiago señala que este cambio tendría que ir acompañado de una reforma del Ministerio Fiscal que garantice su independencia, ya que actualmente esta institución responde a una organización jerárquica en la que la máxima voz, el fiscal general del Estado, es elegido también por el Gobierno.

Otras medidas en Justicia
Tasas judiciales
PSOE pide que se mantengan sólo a empresas que facturen más de un millón de euros anuales. Podemos e IU también piden la derogación o reforma de las tasas.

Justicia gratuita
Victoria Rosell (Podemos) propone que se establezcan mínimos comunes para el turno de oficio “porque no todas las comunidades tienen el mismo interés ni los mismos recursos”.

Corrupción
Podemos apunta hacia una mayor independencia en los actores presentes en la instrucción de los casos. Enrique Santiago (IU) defiende crear unidades especiales de investigación.

Justicia universal
Su recuperación está entre las propuestas que estudia Podemos para su programa. El PSOE quiere derogar la ley que la eliminaba, pero para luchar contra el Estado Islámico.

Ley de Enjuiciamiento Criminal
Todos los partidos piden la derogación de la última Ley de Enjuiciamiento Criminal aprobada por el PP porque impide la investigación de sumarios complejos, al imponer plazos.

Instrucción
PP y PSOE apuestan por quitar a los jueces la investigación de causas y dársela a los fiscales. IU apoya el cambio, pero con modificaciones que garanticen la independencia de los fiscales.

Carrera judicial
IU propone un cambio en el sistema de acceso a la carrera judicial, que tacha de “memorístico”. Desde el PSOE proponen ayudas económicas a los opositores a juez sin recursos....

 

Los errores de los jueces, ahora los pagamos todos
El 18 de noviembre entró en vigor la última reforma de la Ley del Poder Judicial. Desde que se aprobara la Ley en 1985, con ésta son ya 42 reformas –todas posteriores al año 2000–, a las que se sumará otra más en diciembre. Entre los cambios aplicados en lo que va de año –seis reformas hasta ahora– destaca que los jueces y magistrados dejarán de hacer frente a la responsabilidad civil con su patrimonio por daños causados durante su actividad, como en los casos de hábeas corpus (detención ilegal o arbitraria) que se puedan dar por ordenar prisión preventiva para acusados que finalmente resulten absueltos. Antes, los jueces respondían con su patrimonio, contratando un seguro de responsabilidad civil. En 2010, el Consejo General del Poder Judicial comenzó a contratar un seguro colectivo con el que amparar las posibles denuncias contra los jueces, y fianzas para eludir la cárcel, por el que el órgano pagaba 450.000 euros anuales. En noviembre, el gobierno de los jueces decidió eliminar el seguro colectivo, pero ahora, un año después, serán las arcas del Estado las que afronten las indemnizaciones por errores judiciales.

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