Thelma Aldana: “La política tradicional ha diseñado todo el sistema de corrupción y debilitado el sistema de justicia”

La fiscal general de Guatemala en los últimos cuatro años habla sobre su la lucha contra la corrupción endémica en las altas esferas de poder.

@glamarlo

publicado
2018-05-24 06:13:00

Thelma Aldana (Gualán, Guatemala, 1955) acababa el pasado 16 de mayo su mandato como fiscal general de Guatemala, cuatro años en los que ha llevado una encarnizada batalla contra la corrupción que ha provocado la imputación de tres expresidentes y varios gabinetes presidenciales casi al completo, la dimisión y arresto del expresidente Otto Pérez Molina, el encarcelamiento del expresidente Álvaro Colom y la investigación del actual presidente, Jimmy Morales.

Su trabajo le ha valido continuas presiones y amenazas de muerte, que no han logrado que tire la toalla. Desde su nombramiento en 2009 como presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Aldana impulsó también medidas de equidad de género, fiscalías y tribunales específicos de violencia de género y feminicidio, políticas de igualdad en la judicatura y formación con enfoque de género. Por su labor contra la corrupción y por la igualdad de género, Aldana ha recibido 125 reconocimientos a nivel internacional, y está considerada una de las mujeres más influyentes del mundo por la revista Time. 

Nos encontramos con esta fiscal en el marco del ciclo Mujeres contra la Impunidad, organizado por La Casa Encendida y la Asociación de Mujeres de Guatemala. 

En sus cuatro años como fiscal general, ha impulsado casos que han llevado a la renuncia y encarcelamiento del presidente Otto Pérez Molina y a vincular a tres expresidentes y al actual presidente en casos graves de corrupción. ¿Está la corrupción generalizada en las altas esferas del país? 

Efectivamente, desafortunadamente en Guatemala la corrupción es la regla y no la excepción. Así es que hay mucho esfuerzo anticorrupción que hacer.

Enfrentando a personas tan poderosas, ¿ha recibido muchas presiones en el desarrollo de su trabajo?
Lo que he recibido son amenazas de muerte, y tengo medidas de seguridad decretadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Pero a pesar de esas amenazas el trabajo tenía que seguir y yo tenía que cumplir con mi obligación.

¿Qué balance hace de estos cuatro años de trabajo?
En lo personal, con mucha tranquilidad, di mi mejor esfuerzo, 14 horas diarias de trabajo, sábados, domingos, sin escatimar absolutamente nada. Respeté la ley, la Constitución política, serví a los intereses de la población, nunca a intereses personales, y creo que dejo un Ministerio Público autónomo; fui una fiscal general independiente porque entiendo que esa independencia y autonomía es un derecho de la población.

Después de estos cuatro años, ayer mismo se publicaba que quiere entrar en política para combatir la corrupción en Guatemala. ¿Cree que es más fácil hacerlo desde la institución política que desde la judicatura?
Me ha costado entenderlo, porque siempre he sido una mujer de Derecho que ha trabajado únicamente en el sistema de justicia durante muchísimos años, pero con esta experiencia en el Ministerio Público he logrado comprender que el verdadero cambio de Guatemala está en modificar el sistema de partidos políticos. La vieja política debe ceder espacio, es la política tradicional la que ha diseñado todo el sistema de corrupción y ha debilitado al sistema de justicia, y sólo a través de la política podemos incursionar las personas que realmente queremos un cambio para el país.

Una política donde sus finanzas sean transparentes, donde un partido político rinda cuentas a la población y rinda cuentas al tribunal supremo electoral, que diga cero tolerancia al financiamiento electoral ilícito y que sea una plataforma donde pueda haber pensamientos de izquierdas, de derechas, mujeres, pueblos indígenas, migrantes, empresarios, jóvenes, todos los sectores que de verdad quieran transformar el país.

¿Se trataría de cambiar todo el sistema político y partidista actual?
Fundamentalmente de cambiar el modo de operar de los partidos políticos, porque se ha dado financiamiento electoral ilícito, y yo lo puedo asegurar por las investigaciones que realizamos, donde vemos cómo mezclan cuentas de campaña y cuentas de gastos ordinarios de la organización política. Ese patrón que han utilizado es el que hay que cambiar.

Usted habla de estructuras criminales incrustadas en el Estado. ¿Me puede concretar un poco más? ¿Están formadas por políticos y gobernantes?
Lo que sucede es que en el año 2006 el Gobierno de Guatemala fue ante Naciones Unidas a pedir apoyo. Es una manera expresa de reconocer que el Gobierno no podía contra cuerpos ilegales de seguridad y aparatos clandestinos de seguridad incrustados en el Estado guatemalteco. De ahí surge el mecanismo de Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) de Naciones Unidas.

Esos cuerpos ilegales de seguridad y aparatos clandestinos de seguridad mutaron, se convirtieron en redes político-económicas ilícitas e incrustadas en el Estado guatemalteco. El caso La Línea [caso de corrupción que llevó a la renuncia del presidente Otto Pérez Molina en 2015 y a su procesamiento], por ejemplo, es una muestra de cómo esas redes político-económicas ilícitas están en el Estado guatemalteco, forman parte del Gobierno. Y hemos iniciado, sí, su desarticulación, pero no han desaparecido.

Los funcionarios públicos tenemos que dar la cara a la población y rendirle cuentas porque son los recursos del pueblo los que pagan nuestros salarios
¿Cómo cambiar el sistema de corrupción generalizada?
Es de doble vía. Aparte de incidir en la política para transparentar la actuación y el funcionamiento de los partidos políticos, y mejorar y fortalecer el sistema de justicia para las investigaciones y la sanción, la prevención es fundamental.

De hecho, la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, de la cual nuestros Estados forman parte, con claridad nos indica qué acciones de prevención debemos decidir: transparencia, rendición de cuentas; rendición de cuentas de los funcionarios públicos, no tenemos que ocultar nada, tenemos que dar la cara a la población y rendirle cuentas porque son los recursos del pueblo los que pagan nuestros salarios.

El acceso a la información pública también es sumamente importante. Y crear mecanismos anticorrupción a nivel de Presidencia de la República para que haya un debido control de lo que hacen los funcionarios públicos. Esa parte de la prevención hace falta.

¿Cuáles son las consecuencias que la corrupción está teniendo sobre la población?
Agudiza la pobreza. Hay un nexo muy grande entre corrupción y pobreza. Hay un nexo muy grande entre corrupción y falta de oportunidades. Afecta a las personas más pobres, y hace más pobres a las personas porque desvía recursos que tendrían que utilizarse para servicios básicos, como salud, hospitales, medicinas, acceso a la educación, y se van a fortunas de personas, funcionarios públicos o particulares, que han saqueado al Estado de Guatemala. Lo vemos en las investigaciones: millones de dólares en un caso, y si esto sucede desde hace mucho y multiplicamos, estoy segura de que la pobreza no sería tan profunda en Guatemala.

¿Qué puede destacar de estos cuatro años de trabajo con la CICIG y con el comisionado Iván Velásquez?
La CICIG tiene diez años en el país, diez años que han servido para mejorar el sistema de justicia, para apoyar al Ministerio Público en las investigaciones, que haya un equipo de trabajo de fiscales de Guatemala con investigadores internacionales, que obviamente van trasladando buenas prácticas a los fiscales del Ministerio Público. Ha habido ataques contra la CICIG. Provienen particularmente de personas que se sienten afectadas con el trabajo que hemos realizado Ministerio Público-CICIG, pero el comisionado Iván Velásquez ya dejó una huella imborrable en la historia del país. Y podrán expulsarlo, podrán atacarlo, podrán dirigirle campañas de desprestigio, como hacen en contra de él y en contra mía, pero hay un trabajo que hemos realizado ya y que ha ayudado a despertar la conciencia ciudadana en Guatemala.

La corrupción hace más pobres a las personas porque desvía recursos que tendrían que utilizarse para servicios básicos y se van a fortunas de personas, funcionarios públicos o particulares, que han saqueado al Estado
Precisamente, al actual presidente, Jimmy Morales, parece que no le ha gustado demasiado el trabajo de la CICIG y ha ordenado revisar su mandato. ¿Forma parte de estos ataques contra este organismo?
Me parece que sí. No hay necesidad de modificar el acuerdo entre Guatemala y Naciones Unidas. Funciona muy bien y es exitoso. Lo que esperaríamos es que el presidente diera todo el apoyo y todo el respaldo a esa lucha anticorrupción que hemos guiado Ministerio Público y CICIG.

¿Cree que se puede producir una retirada de la inmunidad de Morales en breve?
Lo veo difícil. Me parece que el Congreso de la República, que es el ente que debe resolver, no lo va a hacer.

Sin embargo usted considera que hay elementos abundantes para que se le retire esa inmunidad.
Efectivamente, así lo considero. Hay, por ejemplo, dos colaboraciones eficaces: el derecho penal premial regula la colaboración eficaz como un mecanismo de investigación de dos empresarios; otros dos empresarios que incurrieron en financiamiento electoral ilícito llegaron a su primera declaración ante el juez y lo reconocieron, y en ese caso está involucrado el presidente de la República. El 1 de junio habrá otra audiencia donde cinco empresarios más van a prestar su declaración, y yo casi puedo predecir o pensar que estos cinco empresarios van a dar un paso al frente también y van a reconocer el financiamiento electoral ilícito que está involucrando también al presidente de la República.

Y hay más elementos de investigación. Él goza de antejuicio, goza de inmunidad, así es que para profundizar en esa investigación se requiere que el Congreso libere la inmunidad del presidente, pero veremos qué sucede.

El Ministerio Público está ya capacitado para hacer una investigación con enfoque de género 
Su faceta más conocida es la lucha contra la corrupción, pero también lleva a cabo una lucha clara por impulsar un enfoque de género y políticas de igualdad en la judicatura. ¿En qué se ha plasmado este trabajo? ¿Qué ha conseguido en estos años?
Desde el año 2009 integré la Corte Suprema de Justicia, y en el año 2010 presenté un proyecto ante el pleno de la Corte —yo era la única mujer integrando esa corte de 13 personas— para crear juzgados y tribunales especializados en feminicido y violencia contra la mujer, un proyecto que tuvo el apoyo de cooperación española y que llega a más de la mitad del país. Es una judicatura especializada para conocer casos sólo de violencia contra la mujer.

Desde el Ministerio Público, cuando yo tomé posesión como fiscal general en el año 2014, había alrededor de ocho fiscalías de mujer. Yo entregué hace tres días y dejo todo el país con fiscalías de mujer para, de manera especializada, conocer casos de violencia contra la mujer. También pude crear una fiscalía contra el delito de feminicidio para que desde el escenario criminal los fiscales y los investigadores tengan enfoque de género. Hay aproximadamente 700 mujeres al año que mueren en Guatemala en el contexto de relaciones desiguales de poder, y el Ministerio Público está ya capacitado para hacer una investigación con enfoque de género.

¿Sigue siendo la judicatura una institución dominada por los hombres?
Sigue dominada por los hombres, pero en el sistema de justicia es donde las mujeres hemos tenido más posibilidades de acceder a puestos más importantes.

¿Qué otras medidas hacen falta, aparte de las impulsadas desde la judicatura, para que haya una mayor igualdad de género, equidad, acabar con la violencia contra las mujeres?
Sin duda la educación. Los procesos formativos, pero la educación desde la guardería, primaria, secundaria, la universidad, porque es la educación la que nos permite ver las desigualdades y tener un cambio de actitud. Son culturas patriarcales, machistas, y debemos llegar a la igualdad de los sexos real.

¿Por qué no se volvió a postular como fiscal general, habiendo sido su trabajo tan aplaudido?
Porque el periodo constitucional es de cuatro años, y yo sabía que mi lucha tenía que ser terminar el periodo porque en Guatemala es inestable el periodo de fiscal general. Yo soy la fiscal número 11 y tendría que ser la número 5. Quiere decir que casi cada dos años cambian al fiscal, entonces mi meta era terminar los cuatro años constitucionales para, ojalá, empezar períodos en los que los fiscales generales no sean apartados por el presidente de turno. Lo logré. Estuve los cuatro años, no fue fácil, pero me sostuve y entregué con la tranquilidad de que ojalá empecemos con este proceso de que haya estabilidad en el cargo de fiscal general.

¿Ha dado algún consejo a la nueva fiscal general?
Consejo no. Lo que le he entregado es un instrumento de transición. Yo trabajé bajo un plan estratégico de cinco años y que vence en 2019. Elaboramos desde el mes de diciembre un documento de transición donde hacemos relación a ese plan estratégico, los avances y las tareas pendientes como una guía para la fiscal general para continuar con el plan estratégico y que tenga un año para diseñar su propio plan con su política, su misión, su visión del Ministerio Público.

¿Cuál va a ser su nueva etapa después de acabar su mandato?
Tomaré unos días de vacaciones. Tengo muchos deseos de ver el Mundial por televisión, siempre lo he visto en diferido a las once de la noche viendo los partidos del día. Ahora sí voy a encender el televisor a la hora que sea. Y después de ver el Mundial miraré qué hago con mi vida profesional. Yo he sido docente, y de repente vuelvo a la docencia o incursiono en la política del país.

1 Comentario
José Martínez Carmona 8:35 24/5/2018

Sin quitar méritos a la protagonista de este artículo, sus respuestas aclaran los por qué ha recibido "125 reconocimientos a nivel internacional y es considerada una de las mujeres más influyentes del mundo por la revista Time: la premian derechas e izquierdas, como premiaron a la Madre Teresa de Calcuta o el Abbé Pierre, aquélla por su lucha contra EL HAMBRE, aquél por el DERECHO A LA VIVIENDA y nuestra fiscala por luchar contra LA CORRUPCIÓN. Perseguir a los políticos corruptos sin implicar al sistema político y social, es , sin duda, valiente y tiene sus peligros, pero deja limpio e incólume el sistema responsable de la injusticia. Sistema en cuyo juego ya piensa en participar.

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