Guatemala
La suspensión temporal de resultados apunta a un posible “golpe electoral” en Guatemala

La primera vuelta de las elecciones presidenciales, que tuvo lugar el pasado 25 de junio, estuvo marcada por el voto de rechazo al sistema político. El voto nulo, que superó el 17% de los sufragios, fue el gran triunfador de la noche electoral. Esta fue la opción mayoritaria escogida por los electores, por encima de cualquier candidatura política. La sorpresa la dio el candidato del Movimiento Semilla Bernardo Arévalo, que contra todo pronóstico supo movilizar al electorado descontento con el status quo y el sistema tradicional de partidos. Con el 11,8% de los sufragios, el partido de centro-izquierda deberá enfrentarse en segunda vuelta a Sandra Torres, representante de las élites políticas y económicas del país, que logró el 15,8% de los votos.

La contienda electoral se dio en un contexto de ofensiva autoritaria y deterioro del Estado de derecho. En los últimos años, decenas de fiscales, jueces, periodistas y defensores de derechos humanos han sido detenidos o han tenido que exiliarse señalando una persecución política en su contra. Según el analista político y fundador de la ONG Acción Ciudadana, Manfredo Marroquín, “los resultados de estas elecciones pueden cambiar esta deriva autoritaria que hace años vive al país”.

Sin embargo, un nuevo golpe sacude a la ya debilitada democracia guatemalteca. Una semana después de las elecciones, la Sala Constitucional suspendió la oficialización de los resultados hasta que se esclarezcan supuestas irregularidades que plantean nueve partidos políticos.

“La contienda electoral se dio en un contexto de ofensiva autoritaria y deterioro del Estado de derecho. En los últimos años, decenas de fiscales, jueces, periodistas y defensores de derechos humanos han sido detenidos o han tenido que exiliarse”

“En las urnas, no en las cortes”

Durante estos días, el Parque de la Industria de la capital de Guatemala presenta un aspecto insólito al que los guatemaltecos no están acostumbrados. El recinto se encuentra rodeado por agentes de la Policía Nacional Civil y el Ejército. Las autoridades hacen guardia día y noche para proteger las cajas donde se encuentran las papeletas y las actas de todo el país. Tras el fallo de la Corte Constitucional, acatado al día siguiente por el Tribunal Supremo Electoral, todas las juntas electorales deben repetir las audiencias de escrutinio y, de ser necesario, efectuarse un recuento de votos para “depurar” los resultados.

La oposición no tardó en reaccionar y movilizarse frente a la decisión de no dar por oficiales los resultados de la primera vuelta. “En las urnas no en las cortes” se leía en el cartel de una de las manifestantes que se congregaron ante la Corte de Constitucionalidad horas después de hacerse público el anuncio. Ante decenas de ciudadanos que mostraban su rechazo, Arévalo, megáfono en mano, proclamó: “Hemos venido a defender la libre expresión del pueblo de Guatemala en las urnas; una libre expresión que hoy, los mismos de siempre, que le tienen miedo a la democracia, a la decencia, están empeñados en arruinar”.

Tan solo una semana antes, y sin que analistas ni encuestas pudieran predecirlo, el progresista Movimiento Semilla logro capitalizar el voto de descontento con la promesa de frenar la deriva autoritaria del país y facilitar el regreso de decenas de exiliados políticos. Como ha ocurrido anteriormente en otros países de la región, la estrategia utilizada por los sectores políticos más conservadores fue las acusaciones de fraude.

En un país en el que la justicia lleva varios años cooptada y donde no existe independencia del Poder Judicial, una amplia gama de observadores electorales, de sociedad civil y de organismos internacionales consideran que se trata de una maniobra para frenar o incluso sacar de la contienda a una candidatura que desafía a la élite gobernante. “El verdadero plan es alargar el proceso e impedir que se declare el resultado electoral para ganar tiempo e inventarse denuncias en contra de Semilla o de Bernardo Arévalo. Su objetivo es hacer desaparecer el partido o intentar impedir la candidatura de Bernardo”, asegura a El Salto Diario el diputado del Movimiento Semilla, Samuel Pérez Álvarez.

Esta estrategia no es nueva para los partidos críticos en el país centroamericano. La presente campaña electoral arranco con denuncias de analistas locales y organismos Internacionales por irregularidades en la exclusión de manera arbitraria de tres candidatos críticos con el sistema: la líder indígena Thelma Cabrera, el candidato de Podemos Roberto Arzú García-Granados, y el empresario Carlos Pineda, que era líder de las encuestas. En una entrevista con Carolina Villatoro, la vicedecana de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Rafael Landívar, sostiene que “el TSE junto a otros actores ha jugado un rol arbitrario, parcial y subjetivo permitiendo que lleguen a la papeleta únicamente ciertas opciones políticas y en cambio bloqueando la inscripción de otros candidatos”.

El progresista Movimiento Semilla logro capitalizar el voto de descontento con la promesa de frenar la deriva autoritaria del país y facilitar el regreso de decenas de exiliados políticos

Entre los que sí que llegaron al balotaje se encuentran los nueve partidos que solicitaron el amparo ante la Corte de Constitucionalidad y alentaron la narrativa del fraude. Encabezados por Sandra Torres de la UNE, el oficialismo del presidente saliente Alejandro Giammattei y por Zury Rios, hija del dictador acusado de genocidio Efraín Ríos Montt. Los analistas consultados coinciden en afirmar que el golpe contra los resultados viene del “pacto de corruptos” termino con el que se refieren a la “coalición de redes económicas y políticas ilícitas que incluye a funcionarios, políticos, militares, empresarios y estructuras criminales que han colonizado el sistema de partidos en favor de su propio interés”, como lo define el politólogo y antropólogo Ricardo Sáenz de Tejada. Analistas políticos como Luis Fernando Mack miembro de la asociación de Analistas Independientes de Guatemala (AIG), sostienen que Guatemala es un estado capturado por parte del gobierno de Giammattei, que ha cooptado el sistema legislativo y judicial, persiguiendo opositores y protegiendo a los aliados del presidente.

Ante esta deriva, la candidatura del Movimiento Semilla, surgida de la “primavera de 2015”, un ciclo de protestas contra la corrupción del gobierno de Otto Pérez y Roxana Baldetti, fue vista por parte del electorado como un voto de rechazo al sistema y a la corrupción. Para Manfredo Marroquín, el triunfo del partido de Arévalo se debe a dos factores clave. En primer lugar, “la expulsión de la contienda de tres candidatos con un discurso antisistema, que prácticamente le dejó todo el espacio de la izquierda anti statu quo al Movimiento Semilla”. En segundo lugar, la candidatura socialdemócrata “era la única opción no contaminada por la corrupción que ha logrado captar el voto de la esperanza, el de la posibilidad de un cambio real”.

Incertidumbre ante un posible golpe electoral

Mientras todo esto sucede, la tensión y la polarización aumentan. El gobierno de Estados Unidos, la Unión Europea y la Organización de Estados Americanos han expresado su preocupación ante la decisión del tribunal guatemalteco y piden respeto a la voluntad expresada a través del voto. La Misión de Observación Electoral de la Unión Europea, presente durante todo el proceso electoral, reiteró esta semana “que las instituciones judiciales y los partidos deben respetar la voluntad de los ciudadanos expresada en las elecciones”. A nivel nacional, la Conferencia Episcopal, cámaras empresariales y otros sectores sociales se han pronunciado estos días en el mismo sentido.

Los sectores conservadores y las élites económicas, por su parte, no tardaron en reaccionar ante los resultados electorales. Junto con las Iglesias evangélicas, que gozan de mucho poder entre sus miles de seguidores, han lanzado una fuerte campaña contra Arévalo, a quien presentan como un extremista de izquierda y militante antifamilia. La amenaza del comunismo o el miedo a convertirse en la nueva Venezuela, han sido los mensajes más proclamados por estos grupos sociales.

Las Iglesias evangélicas, que gozan de mucho poder entre sus miles de seguidores, han lanzado una fuerte campaña contra Arévalo, a quien presentan como un extremista de izquierda y militante antifamilia

El Mirador Electoral, una coalición de organizaciones nacionales de monitoreo y transparencia electoral, sostiene que la decisión de las cortes responde a una “pretensión de un golpe electoral” por parte de “varios partidos políticos” para quienes los resultados electorales resultaron “desfavorables”. “Tal pretensión, sin que se hayan agotado los procedimientos legales en las instancias competentes para resolver impugnaciones, busca crear las condiciones para un golpe electoral, lo que equivale a un golpe de Estado”.

El diputado Samuel Pérez Álvarez, sostiene que, si el golpe electoral se produce y bloquean la candidatura de Arévalo, se abren tres posibles escenarios orquestados por el “pacto de corruptos”: declarar por decreto a Sandra Torres como presidenta, alargar el proceso de validación de votos indefinidamente para dejar en el poder al actual presidente Alejandro Giammattei; o imponer la candidatura de Manuel Conde —actual sucesor del presidente— para competir en segunda vuelta. Las tres opciones son, según el diputado, opciones reales que supondrían un fraude electoral y un golpe técnico a la democracia.

Por el momento, Guatemala aguarda expectante ante un proceso que puede sentar un precedente para futuras elecciones, en las que la incertidumbre sea la norma.