Sí, Ikea también viola los derechos laborales en Bangladesh

El 1 de junio entró en vigor el último Acuerdo de Transición para que la seguridad en las fábricas textiles de Bangladesh mejorara tras el derrumbe del Rana Plaza en 2013, que causó miles de muertos. Es otro documento que sustituye y mejora al anterior, para que las inspecciones y las reformas se cumplan. Esta ampliación incluye también a las empresas que fabrican textiles para el hogar como Ikea. Pero al ampliar la casa, se han descubierto las grietas: la multinacional sueca no quiere comprometerse con las auditorías externas que exigen las ONG.

Ikea no es la única que incumple. De las 220 empresas que firmaron el primer acuerdo en 2013, al calor de la masacre, el actual sólo lo han secundado 175, entre ellas C&A, H&M, Mango o Primark. Trasladado a fábricas y personas, la campaña Ropa Limpia calcula que más de 1.300 talleres con 2 millones de trabajadores están ahora bajo el paraguas de este acuerdo que garantiza unas condiciones laborales más dignas. Pero todavía hay muchas que no quieren que la seguridad de sus empleados sea su responsabilidad. Su plusvalía sí, claro.

Entre las empresas que firmaron el primer acuerdo pero no el segundo, están Abercrombie&Fitch o Sean John Apparel. La diferencia principal entre uno y otro es que el nuevo impone a los firmantes auditorías externas para comprobar que efectivamente las trabajadoras tienen unas condiciones laborales dignas. Pero más grave aún es la lista de los que no firmaron ni siquiera el primer acuerdo. Las marcas que hay en ella ponen los pelos de punta: The North Face, GAP, Walmart, Decathlon, Ivanka Trump, Kiabi, Levis, New Yorker, Nike o Patagonia. Con sorna, la campaña les recuerda que pueden sumarse al Acuerdo de Transición 2018 “en cualquier momento”.

La justificación de Ikea para no sumarse a acuerdos como este fue que tenían su propio código ético, “suficiente para garantizar la seguridad de sus proveedores”. El problema es que la ONG Future In Our Hands se ha puesto a analizar las diferencias entre la Campaña Ropa Limpia y el Ikea Way (que es como se llama su código de conducta) y ha concluido que “solo existe un modo fiable de trabajar por la seguridad en las fábricas de Bangladesh, y no es precisamente a la manera de Ikea”.

El Acuerdo de Transición se basa sobre todo en que las auditorías sociales sean obligatorias, porque las voluntarias no han impedido catástrofes como la del Rana Plaza. Quien firma el acuerdo se vincula legalmente con su cumplimiento y tiene que proceder con unos mecanismos concretos. Pero el código de Ikea es como los anteriores: auditorías voluntarias y el supuesto compromiso es sólo ante la propia empresa, nada de sindicatos o consultorías independientes. ¿Quién vigila así que se cumple a rajatabla?

El gran problema a la hora de que las empresas cumplieran con los derechos humanos era que el seguimiento se perdía en un rastro infinito de subcontratas. Así, las multinacionales del textil se lavaban las manos ante cualquier noticia de explotación laboral diciendo que era un servicio externo que la matriz no podía controlar. Pero con el Acuerdo de Transición se inspeccionan todas las fábricas que suministran a las empresas firmantes. ¿Qué sucede con Ikea en este caso? Pues que audita sólo a los proveedores principales y deja que estos sean los que controlen a su vez a los que subcontratan. Según la Campaña Ropa Limpia, “esto significa delegar la responsabilidad” lo que “hace que sea mucho más difícil conocer las condiciones de trabajo en las fábricas”. ¿Qué tiene que esconder Ikea? Aún queda mucho, mucho por hacer.