Cuando en un país de la Unión Europea no se respeta la libertad de expresión

Ese mismo día, el reconocido festival de arte Arco retiraba una exposición del artista madrileño Santiago Sierra (Madrid, 1966) en la cual aparecían fotografías, entre otros, del vicepresidente catalán, Oriol Junqueras, a quien calificaba de preso político. Junqueras está en prisión preventiva por el presunto delito de rebelión a raíz del proceso catalán que llevó al Parlament de esta comunidad autónoma de declarar la independencia.

Tan solo un día después, la jueza Collado de Villalba prohibió la venta del libro Fariña (Libros del KO, 2015) que es una investigación sobre el narcotráfico gallego del periodista español Nacho Carretero. La magistrada tomó esta decisión a petición de José Alfredo Bea Gonda, exalcalde de la localidad de O Grove (Pontevedra) por el Partido Popular (PP). En el libro se menciona que Bea Gonda fue procesado por la Audiencia Nacional en 2011 por narcotráfico y su presunta vinculación con el cartel de Cali. Ahora bien, no menciona que fue absuelto y, por eso, el exalcalde del PP pide que se retire el libro hasta que se corrija este punto.

Dos días después, seis agentes se personaron ante un rodaje del humorista Joaquín Reyes, que estaba disfrazado del presidente catalán, Carles Puigdemont, que estaba grabando un sketch en la vía pública. Puigdemont se encuentra huido en Bruselas y tiene una orden de detención por los mismos delitos que Junqueras. Un vecino de Torrejón de Ardoz (Madrid) alertó a la policía, que se disponía a detener al caricaturizado Puigdemont.

En España parece que hayan llegado años de involución contra la libertad de expresión. La Audiencia Nacional también juzga al rapero Pablo Rivadulla, alias Hásel, por enaltecimiento del terrorismo, calumnias e injurias contra la Corona.

Hasel, quien se enfrenta a dos años y nueve meses de prisión y una multa de 45.000 euros, dijo durante su juicio a principios de febrero que lo que está sucediendo en España es “otra inquisición en la que no se puede ni siquiera contar hechos verídicos”, ya que en sus canciones criticaba la vida del monarca emérito con ejemplos que fueron publicados en medios de comunicación. También recalcó que estos juicios el tribunal tiene una “función represiva para aterrorizar al pueblo”, por lo que salir absuelto “es casi imposible”. Aún así, manifestó que seguirá con su lucha.

Pero un soplo de esperanza ha venido desde fuera. Recientemente, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo resolvió en contra del Estado español por la condena de dos jóvenes gerundenses que quemaron una fotografía de los reyes eméritos, Juan Carlos I y su esposa Sofía, en 2007.

En concreto, Stern Taulats i Roura Capellera fueron condenados cada uno a una multa de 2.700 euros y a quince meses de prisión por un delito de injurias y de incitación al odio contra los monarcas, una resolución ratificada por todos los tribunales españoles.

Ahora bien, la Corte de Estrasburgo considera que quemar fotos de los monarcas es un acto de crítica política, por lo que los tribunales españoles han vulnerado los límites de la libertad de expresión. Además, recuerda que el delito de odio se creó para proteger a las personas discriminadas por su raza o condición sexual, es decir, las minorías y no a la Corona.

Ahora, el Estado Español deberá de devolver la multa que han pagado los dos jóvenes gerundenses a quienes, además, se les deberá indemnizar con 9.000 euros cada uno. 

Mientras España vive sumergida en un debate sobre si existe la libertad de expresión o no, la resolución de la Corte de Estrasburgo ha sido un jarrón de agua fría el Estado Español. Además, la sentencia ha ayudado a internacionalizar este debate. Esperemos que esta luz de esperanza que ha abierto el Tribunal Constitucional de Derechos Humanos de Estrasburgo se traduzca con que haya menos juicios y codenas contra raperos, caricaturistas, escritores, tuiteros… y un sinfín de personas. Parece mentira que esto esté sucediendo en el siglo XXI en un país de la Unión Europea.