Green European Journal
Las personas o el planeta: un falso dilema

En la política internacional (climática) reina una discordancia virulenta que está plenamente normalizada. Año tras año, la ONU advierte con dureza que las inversiones en combustibles fósiles están abocando a la humanidad al “caos climático”. Sin embargo, gobiernos de todo el mundo, desde Grecia hasta Guyana, pasando por Estados Unidos y los Emiratos Árabes Unidos, esgrimen los manidos argumentos de la “seguridad energética” y la “dinámica del mercado”, encabezando al mismo tiempo la mayor ampliación de infraestructuras de combustibles fósiles que se haya producido en la historia de la humanidad.

Mientras la derecha se enroca cada vez más en argumentos hiperlibertarios, anticientíficos y conspiranoicos para apoyar su retracción de las políticas climáticas, los progresistas (incluidos los grupos socialdemócratas y ecologistas) no consiguen encontrar un contraargumento convincente. La paciencia del electorado se agota a medida que las desigualdades socioeconómicas, cada vez mayores, atormentan incluso a democracias consolidadas como las de Alemania y Suecia. Quizá así se explica el auge del partido Alternative für Deutschland (AfD), que surgió en parte como respuesta a una ley sobre el uso de la calefacción, una política insignia del movimiento ecologista que fue muy cuestionada incluso en el seno de la coalición gobernante.

Lo que esta retórica de ultraderecha no alcanza a comprender es la desigualdad extrema de las emisiones de carbono que hay detrás de este colapso climático. No se trata de una casualidad: a pesar de su postura antisistema, la ideología fascista es el producto del capitalismo (tardío), algo que ya hemos visto en los gobiernos de Trump y Bolsonaro.

A medida que el mundo se acerca cada vez más al punto de inflexión en materia social y climática, ya no basta con recurrir a la vieja política centrista y reformista de 1980. Estampar un impuesto moderado sobre el carbono a los aviones privados (que hay que prohibir) o establecer el pago de una tasa única a compañías petrolíferas billonarias (que hay que nacionalizar y desmantelar) ya no es una medida convincente para la ciudadanía, a la que se le ha pedido que cambie la manera en la que calienta sus hogares, se desplaza hasta sus lugares de trabajo o se alimenta.

Es hora de que los gobiernos afronten la verdad y la magnitud de la catástrofe climática sin más dilación. Deben admitir con honestidad que nuestros modelos climáticos no están preparados para hacer frente a los puntos críticos a los que nos aproximamos, pues la ciencia climática más puntera ha subrayado que la cuota de carbono “segura” es muy inferior a lo que se pensaba en un principio. Los países desarrollados deben redoblar sus esfuerzos para reducir las emisiones de carbono (y así alcanzar la neutralidad de carbono para mediados del 2030 y la negatividad en carbono para el 2040).

El calentamiento global se está acelerando a un ritmo tan vertiginoso que está superando las previsiones climáticas de los científicos “más agoreros”. Lo que se consideraba radical hace dos años (como el informe histórico de la IEA en 2021 que instaba a poner fin a la expansión de los combustibles fósiles) ya se ha quedado obsoleto. Es más, la mayoría (el 60%) de las reservas de combustible fósil deben permanecer en el suelo para limitar las posibilidades de calentamiento a 1,5 grados centígrados a la mitad. De hecho, el informe de la IEA de septiembre de 2023 apuntaba que los campos y las minas de petróleo ya existentes tendrán que cerrar mucho antes de alcanzar el fin de su vida operativa.

Un acto heroico

Hay que admitir y abordar esta crisis con una actitud firme y decidida. Los gobiernos deben ser igualmente sinceros respecto a quiénes son los responsables de todo esto, lo cual constituye una tarea política aterradora. Hay demasiadas partes implicadas: el complejo militar-industrial, las compañías petrolíferas y el lobby de la industria agraria o el nihilismo de la clase política moderada que ha atenuado y postergado esta urgencia durante los últimos 30 años.

Aplicar prohibiciones y regulaciones en base a objetivos a largo plazo como la lucha contra el cambio climático es el pasto favorito del populismo de ultraderecha

Que quede claro: no sólo estamos atrapados entre una política nihilista y moderada y una ultraderecha envalentonada y resurgente. La teoría del “poscrecimiento” proporciona un extenso abanico de ideas para dejar atrás el crecimiento económico en busca del bienestar humano y la sostenibilidad medioambiental.

El poder del poscrecimiento reside en identificar los sectores y prácticas que debemos dejar atrás (industria cárnica, obsolescencia programada, la industria armamentística, los combustibles fósiles) y abrir un debate acorde con el contexto sobre hacia dónde deberíamos encaminarnos (comunidades ciudadanas de energía, agricultura sostenida por la comunidad, educación y sanidad públicas). El poscrecimiento ofrece, por tanto, un trampolín para las coaliciones progresivas verdes de izquierda, al ser una política que es firme en su confrontación sobre lo que está mal, pero a la vez plural, acogedora y visionaria.

Idealmente, una alianza “militante” verdirroja también debería apelar a una audiencia más amplia y más capacitada para forjar las grandes coaliciones necesarias para un cambio radical (político). El primer paso es adoptar la actitud de “la gente y el planeta antes que el beneficio”. Traducir estos conceptos en acciones concretas es el punto en el que se debate la gravedad política. Las políticas verdes han de lucir sus credenciales redistributivas, demostrando cómo pueden conducirnos a un alivio económico inmediato y a unas mejoras tangibles en nuestras vidas cotidianas, reparando alianzas deterioradas con la clase trabajadora y los sindicatos. En un momento en que las pérdidas y daños extremos están costando miles de millones a la economía de la UE (y aún más a la economía global), los economistas ecológicos deben abogar por la política medioambiental como la única manera fiscalmente disciplinada de salir adelante, mostrando el camino a liberales y centristas.

Volviendo al ejemplo del AfD y la ley de calefacción, la experiencia demuestra que el simple hecho de aplicar prohibiciones y regulaciones en base a objetivos a largo plazo como la lucha contra el cambio climático es el pasto favorito del populismo de ultraderecha. Es necesaria una contrapropuesta sólida de justicia social. ¿Cuáles son las buenas noticias? Abordar las desigualdades sociales de forma paralela a la crisis climática es una propuesta que goza de enorme popularidad, con un 68% de la ciudadanía europea a favor de este enfoque dual.

Ante una retórica antimedioambiental cada vez más populista y a menudo derrotista, la sociedad civil debe desmantelar con decisión el falso dilema que enfrenta al “clima” contra el “pueblo”, así como urgir a la clase legisladora a adoptar políticas climáticas interseccionales y transversales. En vista de las próximas elecciones europeas de 2024, la sociedad civil debe demostrar medidas concretas que los países pueden poner en práctica de manera simultánea para abordar la justicia social y climática.

Algunas soluciones como las comunidades energéticas pueden promover una adopción más rápida de energía limpia, a la vez que reducen las facturas de los hogares (especialmente los más vulnerables), y fortalecen la seguridad energética. A pesar de la mofa política hacia las políticas climáticas “conscientes”, un nuevo análisis de REScoop.eu y CEE Bankwatch evidencia que los países están tomándose en serio las inversiones y reformas para acelerar la energía limpia. El análisis de los Planes de Recuperación y Resiliencia mejorados, incluyendo los sectores de REPowerEU de 15 Estados miembro, muestran un gran apoyo a la agilización de los permisos, a la eficiencia energética y a la energía renovable. Las numerosas reformas e inversiones que rodean a las comunidades energéticas indican que los países están sopesando seriamente la necesidad de promover unas políticas climáticas que sean socialmente justas.

Energía democrática

Aunque las comunidades energéticas se guardan de no vender ninguna solución como milagrosa, lo cierto es que merecen una atención particular. Dado que funcionan explícitamente como entidades sin ánimo de lucro que siguen las directivas europeas, articulan de forma práctica la visión de poscrecimiento al priorizar objetivos sociales y medioambientales por encima de los beneficios. Las comunidades energéticas no son sólo una inspiración en el ámbito político, sino que también abordan realidades cotidianas al codesarrollar soluciones prácticas. Son formas legales a través de las cuales la ciudadanía, las PYMES, las municipalidades y otros grupos pueden ostentar la copropiedad y beneficiarse conjuntamente de proyectos locales de energía renovable. Al producir energía de forma local, permiten a las comunidades un acceso a la energía más barato y seguro, protegiéndolas del volátil y codicioso mercado energético de los combustibles fósiles.

Estamos sentados sobre un barril de pólvora repleto de descontento social generalizado

La Energy Communities Tipperary Cooperative de Irlanda ofrece un servicio integral para renovaciones promovidas por la ciudadanía, ayudando así a la población local a lograr grandes mejoras de ahorro energético y comodidad en cuanto a la calefacción. En Grecia, la Comunidad Energética Minoica ofrece electricidad gratis a decenas de hogares mediante proyectos locales de energía solar a media escala. Enercoop, una gran cooperativa de suministro de Francia, aplica una pequeña tasa a las facturas de electricidad de sus clientes para luego reinvertir ese dinero en renovaciones y otras medidas de ahorro energético para viviendas sin recursos. En España, la cooperativa Som Energia financia y colabora con los municipios en actuaciones contra la pobreza energética. Gracias a la democratización de la producción, las comunidades energéticas atajan la brecha en sociedades modernas “democráticas”: no puede haber verdadera democracia sin democracia energética, incluyendo el control directo sobre los alimentos, la energía y la producción material.

Las comunidades energéticas prefiguran soluciones climáticas socialmente justas y redistributivas por principio. Hagamos un pequeño experimento teórico: ¿Y si los ambiciosos objetivos de la Directiva relativa a la Eficiencia Energética de los Edificios (EPBD, por sus siglas en inglés) estuvieran respaldados por préstamos (o subvenciones) por adelantado (en su totalidad), con cero intereses, y financiados por unas fuentes innovadoras como un impuesto sobre vuelos frecuentes? Tomemos el ejemplo anterior de Irlanda y apliquémoslo aquí: imaginemos la imposición de una tasa a la entidad más contaminante del país (9,3 millones de toneladas métricas de CO2 en 2022) y reinvirtamos ese dinero en renovaciones profundas para hogares vulnerables, todo ello facilitado por organizaciones que cuenten con la confianza de la comunidad, tales como las comunidades energéticas irlandesas locales. El elemento clave de las políticas climáticas reside en cómo la gente las percibe en materia de justicia social. ¿Quién de la ciudadanía irlandesa aceptaría una renovación doméstica forzada para cumplir con el EPBD o un impuesto sobre la carne (ya que la agricultura industrial es el segundo gran problema en Irlanda), mientras Ryanair sigue escaqueándose con exenciones al impuesto sobre las emisiones de carbono y falsas campañas de compensación de CO2?

Estamos sentados sobre un barril de pólvora repleto de descontento social generalizado. Los expertos y la sociedad civil han advertido repetidamente que la inminente extensión del régimen de comercio de derechos de emisión de la Unión Europea, que afectará al transporte y a los edificios, podría tener un impacto altamente regresivo, cuyo precio pagarán los consumidores más vulnerables. En lugar de aplicar una medida “parche” temporal para reducir los costes de la energía (algo que equivale a subvencionar los combustibles fósiles de forma indirecta), se anima a los gobiernos a concentrar todas las inversiones iniciales en fines estructurales tales como renovaciones exhaustivas, calefacción y refrigeración no contaminantes y movilidad eléctrica (pública). Estas acciones, enmarcadas en las recientes recomendaciones de la Comisión sobre la pobreza energética, son el tipo de previsiones necesarias para proteger a los consumidores europeos de la persistente crisis de energía.

Ansiedad climática bajo control

La ansiedad climática permea todos los aspectos de mi vida diaria, arrebatándome la alegría, la ilusión y el propósito de futuro. ¿De qué sirve nada, si todo va a acabar ardiendo de todas formas?

A falta de soluciones de mercado para la acuciante ansiedad climática, especialmente entre la gente joven, necesitamos construir nuestras propias alternativas, y rápido. Las soluciones están ahí y la mayoría son rentables. La Oficina Europea del Medio Ambiente sugiere que si la mitad de las subvenciones para calefacción basadas en combustible fósil se redirigieran hacia bombas de calor, Europa podría alcanzar un sistema de calefacción descarbonizado para 2040. Incluso en el caso de que los costes iniciales sean muy altos, tal y como ocurre en el caso de los proyectos de calefacción (comunitaria) urbana, los fondos públicos nacionales y de la UE podrían eliminar ese riesgo en las primeras etapas de desarrollo del proyecto. Los Países Bajos son el ejemplo perfecto: se está estableciendo un fondo de inversión pública multimillonario que será administrado por la organización de comunidad energética Energie Samen para establecer proyectos locales de calefacción renovable en el ámbito urbano.

Nunca hemos estado tan cerca de la catástrofe y de la utopía al mismo tiempo

Malgastamos el tiempo hablando mientras nos acercamos cada vez más al precipicio abismal del desastre medioambiental, reforzando los bucles de retroalimentación del sistema terrestre y la agitación social general. Necesitamos coaliciones políticas amplias que puedan traducir este sentimiento de urgencia en una narrativa convincente y populista que emocione, enfade, entusiasme y, sobre todo, conecte a la gente. El progreso glacial de la política internacional a la hora de abordar las crisis medioambientales y socioeconómicas lo envuelve todo. Aun así, un sinfín de intangibles asientan sus raíces en todo el mundo: ideas ecosocialistas, concepciones y teorías más allá del crecimiento y vías horizontales de organización como las cooperativas energéticas.

Desconozco si eso es lo que mantiene mi ansiedad climática bajo control, permitiéndome albergar una esperanza y una razón, tan necesarias para seguir adelante. Quizás es sólo pura rabia contra un sistema caníbal que carcome el tejido que sostiene la vida. Lo importante es que nunca hemos estado tan cerca de la catástrofe y de la utopía al mismo tiempo, y en estos tiempos tan difíciles nuestra visión y convicción deberían permanecer más firmes que nunca: los progresistas europeos han de unirse desde una sólida perspectiva internacionalista para presionar por un Pacto Verde (global) que incluya soluciones prácticas y arraigadas en la comunidad que verdaderamente no dejen a nadie atrás.