Generalitat de Catalunya
La Plataforma de Interinos de Catalunya se querella contra la Generalitat

Ruth Gras tiene hoy la oposición para sacarse su plaza de trabajadora social de la Generalitat de Catalunya. También tiene cóvid persistente desde enero. La última oposición de trabajadoras sociales fue convocada a finales del siglo pasado, en 1999. Gras lleva 14 años siendo interina en una residencia pública de personas mayores, donde antes de estar de baja por enfermedad ha llegado a trabajar doce horas diarias. Los confinamientos son duros para todos. A pesar de la pandemia, a pesar de la sentencia del Tribunal Europeo contra la interinidad española y a pesar de los recursos contra la oposición de hoy, la Generalitat ha continuado adelante con este proceso de estabilización y consolidación de personal (Pesco, en la jerga burocrática). 

Ruth Gras también es la portavoz de las trabajadoras sociales de la Plataforma d’Interins de Catalunya (PIC), el colectivo que ha contratado al abogado penalista Andrés Maluenda para denunciar judicialmente a quienes consideran las responsables actuales de esta situación: el Juzgado de Instrucción número 9 de Barcelona ha admitido a trámite una querella por un presunto delito de prevaricación administrativa contra la secretaria de Administración y Función Pública, Annabel Marcos, y contra la directora general de Función Pública, Pilar Sorribas, ambas altos cargos del Departament de Polítiques Digitals i Funció Pública de la Generalitat de Catalunya, presidido por Jordi Puigneró (JxCat).

Desde la plataforma son conscientes del precedente que supone esta querella para el resto de las administraciones del Estado. “Hay caso y no sería raro que el resto de administraciones obren de igual manera; mirarán el proceso con lupa”, intuye Cristina Gruas, portavoz de la PIC. 

“Los hechos objeto de la denuncia se refieren a la conducta de las querelladas”, explica la plataforma, “quienes actuando en contra del ordenamiento interno y europeo continuaron con la tramitación de ciertas convocatorias de concursos selectivos, omitiendo revocarlos cuando venían obligadas a ello, ya que sabían que las convocatorias eran ilícitas”. “Sabían que estaban vulnerando los derechos de todos los trabajadores interinos, quienes les advertimos de la gravedad de su conducta en distintos foros”, resume Gruas. 

“Hay caso y no sería raro que el resto de administraciones obren de igual manera; mirarán el proceso con lupa”, intuye Cristina Gruas, portavoz de la PIC

800.000 funcionarios interinos de España siguen luchando por sus derechos laborales

Guillermo Martínez

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Laboral

800.000 funcionarios interinos de España siguen luchando por sus derechos laborales

Guillermo Martínez

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Copan los puestos en todas las administraciones públicas desde hace años mientras se enfrentan al despido libre y gratuito. Una disposición de la Unión Europea les avala, pero el Ejecutivo se niega a trasponerla a España. Su principal reivindicación: asegurar la fijeza en los puestos para los que tienen decenas de años de experiencia.

La ley de la CUP, la solución europea

En Catalunya, antes de que terminara abruptamente la anterior legislatura, la CUP llevó al Parlament una ley que ninguna formación impugnó que se situaba en la línea de la solución propuesta por Europa: regularizar a todas las interinas que llevan más de tres años a través de la figura de empleada pública definitiva a extinguir, lo que les permitiría mantener la plaza hasta la jubilación, sin ser funcionaria de carrera.

Al disolverse el Parlament, la ley decayó. Sin embargo, en el preacuerdo de gobierno entre la CUP y ERC figura un punto para volver a presentar esa ley conjuntamente. El departamento de Funció Pública lo gestiona Junt per Catalunya. “En el Congreso de los Diputados, Laura Borràs defendió soluciones extraordinarias para situaciones extraordinarias”, recrimina Gras, tras la actuación de JxCat en este conflicto laboral.

ERC y la CUP han pactado presentar una ley para regularizar la interinidad en consonancia con la sentencia europea, pero Funció Pública (JxCat) ha acelerado la convocatoria

Dos semanas después de las elecciones catalanas, en las que ERC adelantó a Junts, las trabajadoras sociales recibieron un acuse de recibo a finales de febrero a la petición de la reunión pendiente que tenían con el Departament sobre la convocatoria de esta oposición. El 25 de marzo salieron publicadas las listas definitivas y la fecha de examen: el 17 de abril. “La gente entró en shock, no han podido hacer un repaso, si es que han podido estudiar algo, cosa que ha sido más bien imposible desde el comienzo de la pandemia”, agrega Gras. Además, alerta de que entre la convocatoria y el examen deben pasar tres meses, “y no han pasado ni veinte días”. “La fecha del examen es precipitada: les molestamos, quieren quitarnos de encima”, percibe.

Europa plantea en su sentencia la regularización o bien la doble indemnización y una multa para el responsable (la administración), pero España sigue sin regularizar ni ha establecido la sanción, por lo que esta trabajadora social cree que la Generalitat ha acelerado la convocatoria para no tener que indemnizar a las personas que no saquen plaza, ni autoancionarse por ello. “Si no superan el proceso de selección y lo recurren en los tribunales,, lo más probable es que ganen el caso, pero les condenas a un largo procedimiento judicial”, advierte la portavoz de la PIC, Cristina Gruas.

En trabajo social, la tasa de interinidad en Catalunya se eleva al 90%, de los cuales el 40% tienen más de 50 años. “A lo largo de estos años he estudiado muchas veces, porque en varias ocasiones han anunciado oposiciones que no se han llevado a cabo. He comprado temarios, he ido a academias y ahora mi situación —cóvid persistente— no me permite estudiar”, explicaba Gras antes de ayer por teléfono. Envió un escrito para saber si debía presentarse en el examen, que no le fue respondido. Silencio administrativo. 

En el tribunal contencioso están recurridas las oposiciones de trabajadoras sociales, técnicas superiores y para las personas empleadas como técnicas especialistas en educación infantil. Las oposiciones de hoy son para 173 plazas de trabajadora social, equivalente al número de interinas de largo recorrido. No han sacado plazas para los interinos legales —menos de tres años— ni plazas de nueva creación.