Un vertedero de residuos industriales amenaza el río Deza con la complicidad de la Xunta

Vecindario, sindicatos y asociaciones ecologistas se movilizan contra el proyecto de ampliación del vertedero de Campomarzo. La nueva instalación prevé depositar más de cien tipos de residuos industriales a escasos metros de los ríos Toxa y Deza.
Fervenza Toxa
Fervenza do Toxa

En 2011, las llamas devoraron durante más de trece horas el vertedero de residuos inertes de Campomarzo, en Silleda (Pontevedra). “El incendio tardó más de una semana en apagarse por completo”, recuerda Tania, vecina de la parroquia de Pazos, cuya vivienda se encuentra a menos de un kilómetro de las instalaciones.

El fuego se originó por la combustión espontánea de los residuos acumulados, lo que evidenció algo que los vecinos llevaban años denunciando. “Ahí no iban solamente inertes, ahí iba de todo; botes de pinturas, plásticos, uralitas...”, denuncia Tania. El episodio más grotesco ocurrió cuando un temporal dispersó bolsas de plástico por toda la zona: “Había bolsas de plástico en todos los árboles”.

En el año 2019, vecinas y asociaciones ecologistas denunciaron públicamente graves filtraciones de lixiviados al río Toxa. Las lluvias desbordaban el sistema de contención, vertiendo aguas contaminadas directamente al lecho de los ríos sin tratamiento ninguno. “Los restos calcinados acababan en el Toxa y en el Deza sin ningún control”, confirma Tania. Las protestas vecinales cayeron en saco roto, ya que la empresa entró en concurso de acreedores y no había un propietario responsable.

Hace dos años, la empresa Bander Residuos, nueva propietaria desde 2020, presentó un proyecto que hizo saltar todas las alarmas: ampliar el vertedero y convertirlo en una instalación para 107 tipos de residuos industriales, con capacidad para 792.563 metros cúbicos y una vida útil de veintidós años.

Fue entonces cuando los vecinos y vecinas crearon la Plataforma No al Vertedero de Campomarzo. “Hicimos una recogida de firmas para solicitar a Augas de Galicia que no le diera esa autorización. A día de hoy no recibimos respuesta, ni de la Consejería de Medio Ambiente ni de Augas de Galicia”, explican.

De vertedero de escombros a instalación de residuos industriales

El proyecto, al que este medio tuvo acceso, contempla una capacidad de depósito de hasta veinticinco mil toneladas anuales de residuos industriales: lodos, productos químicos, residuos de procesos metalúrgicos, residuos de tratamiento de aguas y depuración, pinturas, barnices, residuos de incineración, residuos sanitarios, y un largo etcétera.

La ubicación se encuentra a ciento cincuenta metros del río Toxa, a ciento noventa metros del río Deza —Red Natura 2000—; y a menos de cuatrocientos metros de núcleos habitados. Las alegaciones presentadas por la Asociación Petón do Lobo junto a la Plataforma vecinal advierten de que el vertedero se ubica sobre terrenos muy permeables y con un alto riesgo de inundación.

La instalación original carece de impermeabilización, por lo que ya lleva años filtrando lixiviados a los acuíferos. El informe técnico que Uniones Agrarias-UPA presentará ante la Dirección General de Calidad Ambiental alerta de que los nuevos residuos contaminarán el río Toxa en su totalidad, incluido el punto de captación de aguas de la parroquia de Merza que abastece a Vila de Cruces.

Uniones Agrarias (UUAA) acaba de solicitar análisis a Augas de Galicia para cerciorarse de que Bander está haciendo un control adecuado. “Nos preocupa el hecho de que la empresa, al no tener una utilidad económica, pueda relajar las medidas ambientales y sanitarias a las que está obligada”, explica Roberto García, secretario de UUAA. “El vertedero lleva más de cinco años sin ningún tipo de utilidad”.

El sindicato cuantifica el impacto del nuevo proyecto: más de novecientas explotaciones ganaderas y mil cien agrícolas en Silleda y Vila de Cruces. Seiscientas cuarenta y siete explotaciones de bovino, ciento cincuenta y dos de ovino-caprino y ciento tres de porcino. “La contaminación de los residuos industriales afectaría a zonas destinadas a la producción de alimentos de consumo humano”, advierte García.

Bander proyecta depositar 792.563 metros cúbicos de residuos industriales sobre los 366.835 metros cúbicos ya existentes. “Pretenden instalar un vertedero nuevo cuando seguimos sufriendo las consecuencias del anterior”, explican desde la Plataforma. “Quieren tapar un problema que la Xunta en ningún momento solucionó”.

El informe presentado por Uniones Agrarias sostiene que, dada la alta permeabilidad del terreno, la única opción segura es retirar por completo los residuos y trasladarlos a un vertedero impermeabilizado. La solución presentada por la empresa, sellar el vertedero actual y construir encima uno nuevo, provocaría hundimientos de la masa de residuos, roturas en las capas impermeables y filtraciones continuas de lixiviados.

Desde el sindicato también señalan las carencias del proyecto: falta el estudio geológico-geotécnico exigido, el plan de seguridad, la evaluación de afección a Red Natura 2000 y la autorización de Augas de Galicia.

Por otro lado, las alegaciones presentadas por Petón do Lobo alertan de un impacto severo sobre especies de fauna y flora catalogadas como vulnerables y sobre hábitats prioritarios como bosques aluviales y robledales, considerados de interés comunitario.

Las vecinas acaban de reunirse con la alcaldesa de Silleda, que ya se posicionó en contra de la ampliación y respaldó sus reivindicaciones. Desde la Plataforma defienden que aprobar este proyecto supondría “autorizar un desastre ambiental con consecuencias irreversibles para la salud pública, el sector primario y los espacios naturales de la comarca del Deza”.

Por otro lado, son conscientes de que iniciar un contencioso-administrativo “conllevaría un importante coste económico para los vecinos”. Por eso, Uniones Agrarias cuenta con la delegación de representación jurídica de los vecinos para actuar por esa vía en caso de que la resolución sea favorable. “Con la normativa europea en la mano, sería imposible conceder una ampliación”, afirma García.

Este medio solicitó información a la Consejería de Medio Ambiente sobre la situación administrativa actual del vertedero y del proyecto de ampliación presentado por la empresa Bander, así como sobre los controles para evaluar posibles filtraciones de lixiviados a los ríos, pero no recibió respuesta hasta la publicación de este artículo.

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