Galicia
Las trabajadoras del sector de la alimentación en A Coruña van a la huelga por un convenio digno

Hay una imagen que se repite en cualquier supermercado gallego a cualquier hora del día: una mujer con uniforme corriendo entre secciones, cubriendo la caja, atendiendo la charcutería, reponiendo producto y, de paso, respondiendo a la clientela. Esa mujer, como norma general, cobra alrededor de 1.100 euros al mes.

La Confederación Intersindical Galega (CIG), la Unión General de Trabajadores (UGT), Comisiones Obreras (CCOO) y Unión Sindical Obrera (USO) acaban de convocar dos jornadas de huelga en el sector del comercio de alimentación de la provincia de A Coruña para el 22 de mayo y el 23 de junio. La decisión ha llegado después de que la mesa negociadora, constituida el 14 de enero, acumulase reunión tras reunión sin avances reales. Los tres grandes grupos de la patronal que negocian el convenio son Gadis, Froiz y Cuevas, empresas con millones de euros en beneficios anuales que, según las trabajadoras y los sindicatos, siguen ofreciendo condiciones que no compensan ni el incremento del coste de la vida.

En la última reunión la patronal puso sobre la mesa una subida del 3% para 2026, vinculada al IPC pero con un tope del 6%. Para los años siguientes —porque quieren un convenio de cuatro años— ofrecen un 2,5% en 2027, un 2% en 2028 y otro 2% en 2029, sin ninguna cláusula de revisión conforme al IPC en los tres últimos ejercicios. Los sindicatos rechazan este modelo, ya que consideran que atará durante cuatro años el poder adquisitivo de las trabajadoras en un contexto de incertidumbre económica, y que los porcentajes ofrecidos no recuperan lo que ya se ha perdido en los años anteriores.

“No es normal que una persona que lleve 20 años en una empresa cobre por debajo del salario mínimo y no pueda llegar a final de mes”, denuncia Mónica Velasco, delegada de la CIG en Gadis.

Nuria García, de UGT, comparte el diagnóstico: “Hoy, la media de ingresos de una empleada a jornada completa ronda los 18.000 euros brutos anuales”. Según explica, en un principio la patronal no ofrecía ningún tipo de subida salarial y “lo justificaban con el tema de la guerra y con la incertidumbre”. Si bien el objetivo de UGT es que en dos años las trabajadoras del sector puedan cobrar al menos 1.500 euros, hoy el salario neto es de alrededor de 1.080 o 1.100 euros, dependiendo de la retención fiscal.

Más trabajo, el mismo sueldo

Detrás del salario hay otra trampa: la responsabilidad real y la categoría formal son, muchas veces, dos cosas distintas. Según explican desde la CIG, hay quien gestiona una sección entera —pedidos, trazabilidad, control de producto— y cobra exactamente lo mismo que cualquier otra compañera sin esas cargas.

A esto se añade la figura de las llamadas trabajadoras polivalentes: empleadas contratadas como cajeras que, cuando la situación lo requiere, cubren charcutería, pescadería, frutería o cualquier otra sección. “Si tú eres cajera y tienes que ir a la charcutería porque la charcutera está de día libre, no cobras un plus ni nada más por hacer esa tarea que no estaría dentro de tu responsabilidad”, señala Velasco.

El año pasado el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) declaró en una sentencia que Froiz no podía obligar a su personal a realizar las tareas de limpieza de baños y zonas comunes, actividades que quedan fuera de las funciones propias de cada sección. La resolución judicial fue clara y contundente; sin embargo, según la CIG, Froiz incumplió esa sentencia y continuó asignando esas tareas a su personal, forzando al sindicato a denunciar de nuevo la situación públicamente.

A este episodio se suman denuncias por despidos de trabajadoras estando enfermas y protestas por exceso de carga laboral en distintas localidades.

Los horarios añaden otra capa de presión sobre unas trabajadoras que ya cargan con jornadas de hasta 1.792 horas anuales, de las más altas del sector de la alimentación según UGT, que pide rebajarlas a 1.712. Aunque los cuadrantes se entregan con semanas de antelación, la realidad del día a día rompe esa planificación con frecuencia.

“Si falta una persona, te llaman para cambiarte el horario de un día para otro”, describe García. Las horas de descanso entre jornadas tampoco siempre se respetan: “No es raro salir al cierre, pasadas las diez de la noche, y tener que volver a la apertura de la mañana siguiente”, explica.

La conciliación, en un sector donde más del 90% de la plantilla son mujeres, se convierte casi en una utopía. Mónica, que estuvo catorce años con reducción de jornada, recuerda modificaciones de horario sin previo aviso ni consulta. “Mucha gente, por miedo o por compañerismo, acepta”, señala. Además, según explica, las solicitudes de adaptación de jornada por cuidado de hijos o familiares son las que más resistencia encuentran por parte de las empresas.

Las bajas tampoco se cubren con agilidad. Según García, las de larga duración pueden dejar un puesto vacío durante un mes entero antes de que la empresa empiece a buscar sustituto. “Ese mes es carga de trabajo que asumimos las demás, muchas veces tirando de las trabajadoras a media jornada a las que se les amplían las horas de forma unilateral mediante las llamadas horas complementarias”, señala Nuria.

La propuesta patronal sobre los días de descanso termina de cerrar el cuadro. Hoy las trabajadoras tienen 31 días de vacaciones, tres de asuntos propios que se pueden solicitar a lo largo del año de forma flexible, y tres sábados de calidad —uno por cuatrimestre— en fechas conocidas con antelación. Las empresas quieren eliminar estos últimos y los asuntos propios y convertirlos en días de vacaciones, pasando de 31 a 38 días, y presentarlo como una mejora.

“Si aceptas eso, el resto del año no tienes ningún día de libre disposición”, resume Velasco. García coincide: “Nos lo venden como que nos están regalando días, pero después no podrás pedir días libres si te surge cualquier emergencia.” La patronal gana capacidad de planificación; las trabajadoras pierden autonomía para gestionar imprevistos, citas médicas o emergencias familiares.

Beneficios millonarios, convenio bloqueado

El contraste que los sindicatos ponen sobre la mesa es difícil de ignorar. Gadisa Retail, propietaria de la cadena Gadis, cerró 2024 con una facturación de 1.640 millones de euros. Son cifras récord, ejercicio tras ejercicio, mientras sus trabajadoras llevan meses sentadas en una mesa de negociación en la que la patronal tardó hasta la última reunión en presentar siquiera una propuesta salarial concreta que, según los sindicatos, es “claramente insuficiente”.

Según el diario Economía Digital, la gallega María Jesús García Vázquez, que ocupa un puesto en el consejo de administración de Gadisa, figura en la última lista de las 100 empresarias más ricas de España.

Este periódico ha contactado con Gadisa para conocer su versión sobre el estado de la negociación y las condiciones laborales descritas por sus trabajadoras. La empresa todavía no ha respondido.