Galicia
Los recortes de la UE amenazan el sector primario gallego con un 67% menos de fondos pesqueros y un 20% de PAC

El nuevo presupuesto europeo para el período 2028-2034 redefine las prioridades de Bruselas, entre las que no se encuentran ni la agricultura ni la ganadería ni la pesca. El Marco Financiero Plurianual (MFP), presentado por Ursula von der Leyen en julio de este año, apuesta por incrementar masivamente el gasto militar mientras recorta de forma drástica las partidas destinadas al sector primario.

Los fondos destinados a la pesca se reducirían de 6.100 millones a apenas 2.000 millones de euros, mientras que la Política Agraria Común (PAC) sufriría un recorte superior al 20%. Simultáneamente, el gasto militar —“en Defensa” en el texto— se multiplicaría por cinco, alcanzando los 131.000 millones de euros.

La nueva arquitectura presupuestaria puede tener consecuencias económicas, sociales y territoriales que condicionen el futuro de miles de familias gallegas. El impacto no se limita a las cuentas públicas: también afecta a la continuidad del tejido que sostiene buena parte de la Galicia rural.

La desaparición de partidas específicas supone un riesgo claro para los ingresos de las pequeñas explotaciones agroganaderas y el sector pesquero, que dependen en gran medida de los pagos directos para mantenerse en funcionamiento.

“Estamos muy preocupadas por la situación de las rías y la bajada de la productividad. Todo el sector de las artes menores está en riesgo”, afirma María Vales, presidenta de Mulleres Salgadas

Hacia un modelo industrial que expulsa a las pequeñas explotaciones

La drástica reducción de los recursos destinados a la pesca y la acuicultura supondría una caída del 67%. La Asociación Galega de Mulleres do Mar, Mulleres Salgadas, teme una amenaza directa a los planes de regeneración de las rías y al mantenimiento de los bancos marisqueros. “Estamos muy preocupadas por la situación de las rías y la bajada de la productividad. Todo el sector de las artes menores está en riesgo”, afirma María Vales, su presidenta.

Desde la Federación de Confrarías de Galicia también advierten de las consecuencias de la desaparición del Fondo Europeo Marítimo de Pesca y Acuicultura (Fempa). “Las riadas de los últimos años y los efectos del cambio climático nos obligan a interrumpir nuestra actividad constantemente”, señala su presidente, Jose Antonio Pérez Sieira. “La mayoría de la flota gallega sobrevive gracias a estos fondos”.

El sector teme que los recortes afecten a la viabilidad económica de la flota y de la pesca artesanal. Sin una herramienta de estabilización como los fondos Fempa, muchas embarcaciones y explotaciones costeras no tienen capacidad para asumir la bajada de producción y los cierres temporales de los bancos pesqueros y marisqueros.

“Las cooperativas que hasta ahora accedían a ayudas para inversiones en transformación de productos agroalimentarios se encuentran en la incertidumbre total”, indican desde Agaca

La propuesta europea integra en un único fondo la PAC, los fondos de cohesión y los recursos pesqueros. La desaparición del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader) como entidad independiente es especialmente grave para Galicia, que podría perder unos 80 millones de euros anuales destinados a movilidad de tierras, infraestructuras rurales y otras actuaciones clave.

“Las cooperativas que hasta ahora accedían a ayudas para inversiones en transformación de productos agroalimentarios se encuentran en la incertidumbre total”, indica Higinio Mougán, director de la Asociación Galega de Cooperativas Agrarias (Agaca). Desde la Asociación insisten en que el modelo supone “una amenaza a la soberanía alimentaria” y alertan del incremento del coste de los alimentos “si la Unión Europea retira fondos masivamente”.

El asociacionismo gallego lleva tiempo advirtiendo de que la nueva orientación de la PAC podría dejar más desprotegidas a las granjas familiares, especialmente a las de minifundio que caracterizan el rural gallego. Las explotaciones pequeñas corren el riesgo de ser desplazadas por estructuras agroindustriales más grandes, que pueden asumir sin dificultades los requisitos financieros y administrativos de las nuevas convocatorias.

Por otra parte, desde el Sindicato Labrego Galego (SLG) alertan de que la promoción de la automatización y digitalización no responde a las necesidades reales del rural. En un contexto europeo en el que el relevo generacional es escaso y la producción solo se mantiene mediante una intensificación creciente, el nuevo modelo de ayudas empuja a las explotaciones hacia una dependencia tecnológica que muchas no pueden asumir.

El riesgo, según señalan desde el sindicato, es que el trabajo campesino deje de ser una actividad soberana y pase a integrarse como una pieza más de un engranaje industrial en el que las pequeñas explotaciones pierden protagonismo y capacidad de decisión. Otra cuestión que destacan es la laxitud que va a tener la nueva normativa. La condicionalidad de las ayudas, basadas en el bienestar animal y aspectos ambientales, desaparece casi por completo.

Menos apoyo a prácticas sostenibles

El estudio del Instituto para el Desarrollo Sostenible y las Relaciones Internacionales (Iddri) sobre el Marco Financiero Plurianual 2028-2034 analiza con detalle las implicaciones de la nueva arquitectura propuesta por la Comisión. El informe advierte que la integración de la PAC en un fondo único “abre el espacio de negociación a actores no agrícolas y, por lo tanto, a una mayor variedad de intereses”.

El documento cuestiona la efectividad del nuevo modelo de rendimiento propuesto, que mantiene los mismos fallos que la PAC actual: indicadores que miden más los medios desplegados que los resultados reales, ausencia de umbrales mínimos de prácticas sostenibles y una carga burocrática excesiva. Además, las acciones agroambientales y climáticas no cuentan con un presupuesto preasignado.

La principal crítica del Iddri se centra en la arquitectura verde. Sin la garantía de que el 25% del presupuesto de pagos directos se destine obligatoriamente a regímenes ecológicos —ayudas directas para agricultores y ganaderos que implementan prácticas agrícolas y ganaderas sostenibles— y con una cofinanciación nacional más elevada, todo apunta a que los Estados miembros reducirán drásticamente el apoyo a este tipo de prácticas.

Desde el SLG reclaman una mejora de la “posición que tienen las campesinas dentro de la cadena alimentaria” así como el fomento de sistemas de alimentación locales, frente al modelo actual de una agroindustria orientada a la exportación. “El financiamiento público nunca puede competir contra mercados injustos”, advierten.

La reforma de la Organización Común de Mercados (OCM), el sistema que regula las ayudas al sector agrario, también genera preocupación. Desde Agaca denuncian que la propuesta evita abordar problemas clave para las cooperativas como la planificación de la producción y la reducción de costes. Por otra parte, las ayudas a las Organizaciones de Productores dejarán de estar garantizadas, ya que dependerán de lo que cada país decida destinar en sus presupuestos.

El Marco Financiero Plurianual tiene aún un largo proceso de negociación por delante antes de su aprobación definitiva. La Comisión Europea deberá alcanzar acuerdos tanto con el Parlamento Europeo como con los Estados miembros de la Unión, en un proceso que se prevé que se prolongue durante más de dos años. De momento, veinte países —entre ellos España— ya rechazaron los recortes de la PAC propuestos en el proyecto de presupuestos para el período 2028-2034.

Mientras Bruselas redefine sus prioridades hacia la defensa y la competitividad industrial, el sector primario —base de cualquier estado de bienestar— se encuentra en una encrucijada. Para Galicia, los próximos meses serán decisivos para determinar si el rural seguirá siendo un espacio habitado y productivo, o si por el contrario asistiremos a la consolidación de un modelo que expulsa a las pequeñas explotaciones en favor de las grandes estructuras agroindustriales.