Galicia
El personal médico de Galicia va a la huelga contra la estrategia de precarización de la atención primaria de la Xunta

La atención primaria gallega vive uno de sus momentos más críticos. Médicas y médicos de familia de las áreas sanitarias de A Coruña, Santiago, Pontevedra y O Salnés acaban de celebrar asambleas extraordinarias la semana pasada para plantarle cara a lo que consideran un ataque frontal contra su especialidad y la calidad asistencial. El detonante: las propuestas que el Servicio Galego de Saúde (Sergas) trasladó el pasado 17 de octubre a la Mesa Sectorial.

La nueva categoría profesional que pretende imponer el Sergas, denominada Facultativo Especialista de Atención Primaria (FEAP), obligaría a realizar guardias en diferentes centros, no necesariamente el propio. “Esto haría imposible llevar las listas de pacientes en atención primaria ordinaria e implicaría una mayor saturación de las mismas”, advierte un facultativo presente en las asambleas consultado por O Salto.

Guardias obligatorias y saturación asistencial

Hasta ahora, las guardias se cubrían voluntariamente o a través de los Puntos de Atención Continuada (PAC), donde los profesionales realizan turnos de 17 horas entre semana y de 24 horas los domingos y festivos. Un modelo implantado hace varias décadas que el Sergas pretende modificar radicalmente.

La nueva categoría FEAP combinaría la jornada ordinaria con guardias obligatorias. El problema no es solo laboral, sino también asistencial. “Cuando un médico hace una guardia, al día siguiente libra, pero su lista de pacientes tiene que verla otro compañero, lo que satura las listas”, explican los representantes de la asamblea de A Coruña. En la práctica, esto significaría más listas de espera y peor atención para la ciudadanía.

Para muchos profesionales, especialmente aquellos con responsabilidades de conciliación familiar, la imposición de guardias supone una regresión de derechos laborales conquistados. “Hay muchos compañeros que por motivos de conciliación no quieren hacer guardias. Estamos hablando de una regresión en los derechos laborales”, insisten.

Las tres asambleas son contundentes: exigen que “bajo ningún concepto deben crearse nuevas plazas FEAP” y que esta categoría sea considerada “a extinguir”. Desde Santiago y Barbanza especifican que los profesionales con plaza FEAP en vigor deben poder trabajar en las condiciones acordadas, pero “posteriormente deben someterse a los mismos criterios que el resto de los profesionales sanitarios”. Pontevedra y O Salnés manifiestan su “oposición unánime a la creación de plazas FEAP”.

La opacidad en la contratación

Uno de los aspectos que más indigna a los profesionales es la falta de transparencia. Según explican, cuando finaliza una plaza de Medicina Familiar y Comunitaria, el Sergas la convierte automáticamente en FEAP, obligando así a realizar guardias en centros que no son los propios.

La asamblea coruñesa exige “garantizar la máxima transparencia en la publicación de las plazas disponibles, tanto en los centros de salud como en los Puntos de Atención Continuada”, y considera “imprescindible poner fin a la opacidad actual en los procesos de contratación”. Desde Santiago añaden que todas las plazas de medicina de familia deben salir en la convocatoria de la Oferta Pública de Empleo (OPE).

Otro de los puntos rojos para los profesionales es la intención del Sergas de homologar la especialidad mediante un curso formativo. “Llevan años contratando a gente sin la especialidad para cubrir en Atención Primaria”, denuncian. La medicina familiar y comunitaria requiere cuatro años de residencia MIR, un sistema regulado y acreditado que garantiza estándares formativos y seguridad clínica.

Los y las profesionales de la asamblea de A Coruña recuerdan que “la homologación de títulos es una competencia exclusiva del Ministerio de Sanidad, y no de la Xunta de Galicia” y consideran que “causa especial sorpresa que el Gobierno gallego promueva públicamente propuestas en este sentido, sin tener competencias para hacerlo”. Desde Santiago exigen que “debe cesar inmediatamente la contratación de profesionales sin la especialidad de Medicina Familiar y Comunitaria” y que los contratos de este tipo ya firmados no sean prorrogados.

Los facultativos también exigen que los profesionales del PAC que se encuentren de baja no queden debiendo esas horas de trabajo en el cómputo anual de su jornada; y reclaman límites claros de pacientes: un máximo de 28 pacientes diarios para los médicos de familia en jornada ordinaria, como establecen las asociaciones científicas, y no más de 30 pacientes por guardia en los PAC, cifra que el propio Sergas planteó inicialmente.

“Medidas excepcionales y transitorias”

El pasado 12 de noviembre, el consejero de Sanidad, Antonio Gómez Caamaño, avanzó que la Xunta “negociará todas las medidas de atención primaria” y que las propuestas están “abiertas al diálogo”. El discurso de la administración se basa en la previsión de un déficit de 244 médicos de familia en 2029.

Gómez Caamaño justificó las medidas como “excepcionales y transitorias” para garantizar la cobertura en los centros de atención primaria. El responsable de Sanidad puso en valor el incremento de un 4,75% en los recursos destinados a la atención primaria en los presupuestos para 2026, que alcanzarán los 1.747 millones de euros, así como la oferta de 178 plazas fijas para médicos de familia.

Sin embargo, en las asambleas consideran que el discurso institucional ignora el núcleo del problema. Mientras la Xunta habla de “diálogo abierto”, los profesionales denuncian que las propuestas concretas del 17 de octubre suponen una amenaza directa a la atención primaria; y alertan de que “la fragmentación de la atención, el empeoramiento del acto médico, la saturación de las consultas y la contratación de personal sin la formación adecuada ponen en riesgo la salud de la población gallega”.

Ante la gravedad de la situación, las asambleas acaban de anunciar una huelga de tres días convocada para el 26, 27 y 28 de noviembre. Según informan, de no cumplirse sus reivindicaciones, procederán a la convocatoria de una huelga indefinida a partir del 1 de diciembre.