Galicia
La huelga del transporte en autobús en A Coruña se encamina al paro indefinido

El conflicto laboral en el transporte en autobús de la provincia de A Coruña entra en una fase decisiva. Las personas trabajadoras encaran este viernes su séptima jornada de huelga en la lucha por un convenio colectivo digno, en un contexto marcado por el amplio seguimiento de los paros y por la ausencia de avances en la negociación con la patronal. La movilización se prolongará los días 19, 20 y 23 de enero, con la amenaza de convertirse en indefinida a partir del 2 de febrero si no se produce un acercamiento entre las partes.

“La última redacción de este convenio colectivo es del 2017. Lleva caducado cuatro años”, explica Ernesto López, representante de la Confederación Intersindical Galega (CIG). “La legislación, en muchos aspectos, está incluso superando el texto del convenio”. A la falta de actualización se une un problema más urgente: los salarios están congelados desde 2024; y el personal tiene que trabajar en condiciones de jornada que consideran “abusivas” e “incompatibles con una vida digna”.

Jornadas de hasta 15 horas

El convenio actual permite jornadas de disponibilidad de hasta 15 horas diarias. Dentro de ese tiempo, un conductor o conductora puede llegar a hacer hasta nueve horas de conducción. “Hay semanas que haces 54 horas. Descansas un día y vuelves a hacer otras 54 horas”, denuncia Iván Cancela, representante de UGT: “En el mejor de los casos vas a estar con 12 horas de disponibilidad”, recalca.

En el área metropolitana de A Coruña, la situación es aún más compleja, con turnos continuos de nueve horas que apenas incluyen descansos y que ni siquiera están regulados explícitamente en el texto del convenio. Los sindicatos denuncian que “la patronal ampara estos horarios” en una interpretación laxa de la normativa, a pesar de que el propio acuerdo habla de jornadas reguladas con pausas obligatorias. “Están aplicando unos turnos que no aparecen en ningún sitio del convenio y que dejan a los trabajadores sin una protección clara”, explica Cancela.

A esto se suma una elevada carga anual de trabajo, fijada en 1.876 horas, una de las más altas del sector, y largos períodos de disponibilidad que no siempre computan como tiempo efectivo. Esta situación dificulta seriamente la conciliación y va acompañada de carencias en permisos, festivos y derechos básicos. “Hay gente que pasa 14 o 15 horas al día a disposición de la empresa sin que eso se vea reflejado ni en el salario ni en el descanso”, afirma el representante de la CIG.

Esta realidad hace casi imposible la conciliación familiar y laboral; el convenio no reconoce ni siquiera un día de asuntos propios. Los trabajadores denuncian el bloqueo de la patronal para introducir mejoras en este ámbito y recuerdan que estas reivindicaciones forman parte central de la movilización, ya que afectan directamente a la calidad de vida de las personas trabajadoras.

Salarios e inflación

El salario es otro de los puntos clave del conflicto. Los sindicatos reclaman que las subidas salariales estén vinculadas a la inflación para evitar la pérdida de poder adquisitivo, mediante una cláusula de revisión automática según el IPC real. La patronal, por su parte, mantiene su negativa a aceptar cualquier mecanismo que actualice los salarios en función de la inflación.

El 18 de diciembre se produjo la ruptura definitiva de las negociaciones. Sindicatos y patronal estaban convocados a una reunión de mediación en el Consello Galego de Relación Laborais, pero la patronal abandonó el encuentro. “Nos dejaron plantados a nosotros y al mediador”, relatan desde la CIG.

La fijación de los servicios mínimos también ha abierto un nuevo conflicto. Los sindicatos denuncian que la Xunta ha establecido unos mínimos excesivos, con frecuencias propias de un día normal, especialmente en las horas punta. Según explica Iván, la administración se comprometió a revisar la propuesta, pero acabó aprobando “exactamente los mismos servicios que ya estaban sobre la mesa desde primera hora de la mañana.”

Para los trabajadores, esta decisión unilateral es “una dictadura”. Consideran que se trata de una imposición abusiva y, por eso, no están cumpliendo esos mínimos en el transporte regular de línea, aunque sí mantienen el transporte escolar.

El papel de la Xunta

La Consellería de Presidencia e Mobilidade asegura que solicitó a la Delegación del Gobierno la presencia de las fuerzas de seguridad para garantizar el cumplimiento de los servicios mínimos, y que la Dirección Xeral de Mobilidade está inspeccionando el cumplimiento de los mismos “con presencia de inspectores en todas las estaciones de autobuses afectadas”.

Según la Consellería, “en el caso de que se detecten incumplimientos por parte de las empresas, se iniciarán los procedimientos sancionadores que correspondan”. Además, recuerda que el Consello Galego de Relacións Laborais está a disposición de las partes “en cuanto lo soliciten”.

Los sindicatos consideran insuficiente la respuesta de la Xunta y recuerdan que tiene una responsabilidad directa, ya que las principales empresas del sector —Monbús, Alsa y Arriba— son concesionarias de un servicio público. Entienden que la administración debería implicarse más, garantizando que se gestiona en condiciones justas.

“Si es un servicio público, la Xunta tiene que asumir una responsabilidad real sobre cómo se presta”, denuncia Ernesto. La parte social acusa a la Xunta de mantenerse al margen de la negociación y de no ejercer ninguna presión sobre la patronal para desbloquear el conflicto, a pesar de afectar a más de 2.000 personas trabajadoras. “Después de seis días de huelga, la Xunta no fue capaz ni siquiera de sentar a las partes a negociar”, afirman desde UGT.

Desde los sindicatos interpretan esta pasividad como una toma de partido implícita a favor de las empresas. Los representantes del personal subrayan que la mesa negociadora está rota y que alguien debería asumir la responsabilidad de reactivarla, un papel que atribuyen a la administración autonómica. Sin esa mediación, advierten, el conflicto seguirá enquistado y sin canales reales de diálogo.

Mientras tanto, miles de personas usuarias del transporte público quedan atrapadas en medio del conflicto. Sin autobuses para desplazarse al trabajo, a la universidad o a cualquier actividad cotidiana, la huelga tiene un impacto directo en la movilidad de toda la provincia.

Los sindicatos reconocen ese impacto sobre la ciudadanía, pero señalan que el origen del problema está en el bloqueo de las negociaciones y en la falta de implicación de la administración autonómica, a la que atribuyen la responsabilidad de garantizar tanto la movilidad como el funcionamiento del servicio público. “Lo que no puede hacer la patronal es levantarse y marcharse, como hizo la última vez; y que esto no tenga ninguna reprimenda por parte de la Xunta”, declara López.

Los trabajadores sostienen que la única vía para desbloquear el conflicto pasa por que la Xunta obligue a la patronal a retomar las negociaciones y reactivar la mesa del convenio. Sin ese movimiento, advierten, no será posible ni recuperar la normalidad del servicio ni alcanzar un acuerdo.

Este medio ha solicitado información a la patronal del sector del transporte de viajeros de A Coruña para incluir su posición en este reportaje, pero no obtuvo respuesta en el momento de cerrar esta edición.