Galicia
Los exalcaldes de Miño del PP Juan Antonio Maceiras y Jesús Veiga aceptan sendas penas por prevaricación

Dos antiguos regidores del Partido Popular del municipio coruñés de Miño han llegado a un acuerdo con la Fiscalía para evitar el juicio previsto. Juan Antonio Maceiras y Jesús Veiga, quienes dirigieron el consistorio durante el periodo 2003-2015, no podrán presentarse a cargos públicos electos tras admitir su responsabilidad. Veiga recibe además una sentencia de prisión de dieciséis meses, que no cumplirá efectivamente si mantiene un comportamiento sin incidentes delictivos durante los próximos dos años.

El acuerdo se formalizó durante la sesión judicial programada en la Audiencia Provincial coruñesa, donde también comparecieron una exedil que formó parte de sus equipos de gobierno y la responsable de la compañía encargada de tareas urbanísticas. Ambas aceptaron igualmente condenas de cárcel y prohibiciones de cuatro años y medio para ocupar puestos electos, penas reducidas respecto a las inicialmente planteadas por la acusación pública.

Declaraciones previas al juicio

Antes del comienzo de la vista judicial, Maceiras declaró a la prensa que los señalan por prolongar contratos administrativos, práctica que calificó como habitual en la comunidad gallega, incluso con casos más graves. Anunció su intención de alertar al Ministerio Público sobre otros ayuntamientos en circunstancias similares, que según sus cálculos representan cuatro de cada cinco consistorios.

El exalcalde expresó su frustración porque no se procesó a quien considera verdadera responsable de los problemas contractuales. “El fiscal conoce la identidad de quien debió elaborar los pliegos”, afirmó, describiendo las acusaciones como injustas.

Modificación de las acusaciones

La Fiscalía había tipificado inicialmente los hechos como apropiación indebida de fondos públicos y abuso de autoridad, relacionados con la extensión de diversos contratos a pesar de los dictámenes contrarios del interventor municipal.

El pacto alcanzado contempla penas menores al reconocerse circunstancias atenuantes: retrasos procesales excesivos y compensación económica, ya que tres procesados depositaron las cantidades que el municipio tuvo que desembolsar.

Cronología de las irregularidades

Según la acusación pública, Maceiras suscribió en 2006 un acuerdo con una compañía para la higiene de instalaciones escolares en Piñeiro-Miño, válido inicialmente por dos años con posibilidad de extensión hasta un máximo de cuatro. Tras prorrogarse en 2008, el plazo vencía en 2010.

No obstante, durante ambos periodos de gobierno, la empresa continuó realizando estas labores sin convocar nuevos procesos de selección competitiva. El interventor emitió múltiples informes negativos sobre el pago de facturas relacionadas, que la exconcejala y Veiga desatendieron.

Una situación paralela ocurrió con el contrato de limpieza y conserjería del Centro Sociocultural da Rúa, firmado por Veiga como regidor en funciones en 2006 y prorrogado por Maceiras dos años después. A pesar de las objeciones del interventor, este servicio se mantuvo sin licitación hasta 2015.

Además, en 2006 se aprobó provisionalmente la contratación para el cuidado del campo de fútbol, esperando una adjudicación pública definitiva que nunca se materializó. La empresa inicial siguió encargándose del servicio durante casi una década, ignorando las recomendaciones del interventor para regularizar la situación.

Esta misma dinámica se replicó en otros contratos municipales: el mantenimiento de espacios verdes públicos y los servicios del Pabellón Polideportivo, según detalla el escrito fiscal.