Los bomberos supramunicipales de Galicia, al límite en vísperas de la temporada de incendios

Parques cerrados, trajes caducados y comunicaciones que no funcionan. Los Grupos de Emergencia Supramunicipales llegan al verano en una situación que los propios trabajadores describen como insostenible.
Incendio Cima de Vila, Concello de Pantón, Lugo - 13
Un vecino de Cima de Vila, en Pantón (Lugo), trata de apagar las llamas durante el agosto de 2025. Felipe Carnotto

El 5 de mayo, el parque del Grupo de Emergencias Supramunicipal (GES) del ayuntamiento coruñés de Brión, estaba cerrado por falta de personal. Ese mismo día, el GES de Cervo, en la provincia de Lugo, tampoco prestaba servicio. En otros puntos la situación tampoco es mejor: en O Barco de Valdeorras, en Pereiro de Aguiar y Castro Caldelas solo había un efectivo de guardia en cada servicio, una realidad que, según denuncian los profesionales, se repite semana tras semana en distintos parques de Galicia a pesar de la devastación que produjeron los incendios forestales del año pasado.

Desde Agesga, la Asociación de los Grupos de Emergencia Supramunicipales de Galicia, advierten que la situación es generalizada. Los parques acumulan vacantes y bajas sin cubrir, mientras el sistema de gestión compartida entre Xunta, diputaciones y ayuntamientos evidencia “problemas de coordinación, desigualdad territorial y falta de integración real con el sistema gallego de emergencias”. La temporada de alto riesgo de incendios forestales está a punto de comenzar.

Los GES nacieron en 2013 para complementar la atención a emergencias en las áreas rurales, mediante un convenio entre la Xunta, las diputaciones y la Fegamp. La Xunta asume el 52,5% de la financiación, las diputaciones el 40% y los ayuntamientos sede el 7,5% restante. Sobre el papel, cobertura para los municipios sin bomberos. En la práctica, un servicio delegado en ayuntamientos que, en la mayoría de los casos, carecen de capacidad técnica para gestionarlo.

Julio Rivero, presidente de Agesga, describe la evolución del convenio como un proceso de “desmantelamiento progresivo de los derechos laborales”. Explica que el convenio original obligaba a los ayuntamientos a prestar servicio 24 horas los 365 días, pero que esa exigencia ya ha desaparecido. “Hay ayuntamientos que reciben financiación pero el servicio no se presta”, dice. El mínimo de 12 efectivos por grupo tampoco se garantiza: las vacantes y bajas no se cubren, y eso se traduce en cierres nocturnos y días enteros sin cobertura.

Desde la CIG ponen de ejemplo el GES de Lobios, que cierra una media de cinco días al mes. “El 99% de las veces realizan intervenciones sin las condiciones mínimas de seguridad por falta de personal”, afirman. “Llevan con los mismos trajes de intervención desde que comenzó el servicio en 2013”.

Bomberos low cost

Los trabajadores de los GES realizan las mismas intervenciones que los bomberos de los consorcios provinciales —incendios forestales, urbanos e industriales, rescates, accidentes de tráfico— con EPIs y vehículos de bomberos, pero sin su reconocimiento ni sus derechos. La equiparación de la categoría implicaría cotizar con el coeficiente reductor de las profesiones de riesgo y la jubilación anticipada.

Rivero resume la posición de las administraciones con una frase: “Quieren un servicio de bomberos low cost”. La última muestra de ello, según relatan desde Agesga, fue la circular que el Director General de Emergencias de la Xunta envió a todos los ayuntamientos “prohibiendo que el personal de los GES emplee la denominación bombero”.

Los profesionales señalan que para ciertos incendios industriales son necesarios ocho efectivos, pero esa dotación no está fijada en ningún reglamento. “Deben de estar esperando a que nos pase algo”, dice Rivero. El reconocimiento del coeficiente reductor, añade, es también una cuestión de seguridad: “si la gente pudiera jubilarse a los 60 años, no existiría el volumen de bajas que está provocando los cierres”.

El pasado 30 de abril, trabajadores de los GES se concentraron ante la sede de la Diputación de Ourense para exigir mejoras en sus condiciones y la integración del servicio en la estructura provincial. Posteriormente, el pleno dio luz verde a la futura integración de los GES en el Consorcio Provincial de Bomberos.

No obstante, el Partido Popular rechazó el punto central que comprometía a la Diputación a elaborar un Plan Integral con mando único para coordinar a todos los agentes que participan en la extinción de incendios forestales.

La ausencia de mando único conecta con una de las carencias más graves que denuncian desde Agesga: la fragmentación de las comunicaciones. Describen la red de emergencias de Galicia como “una farsa”. El 061, los bomberos y los GES funcionan en frecuencias distintas y “cada uno va a lo suyo, en la misma red pero separados”. Según explican, en la oleada de incendios del año pasado en Ourense tenían que coordinarse a golpe de teléfono mientras intervenían. “Llevamos tiempo pidiendo a gritos que tenemos que estar todos en el mismo barco”.

La Diputación de Lugo ya ha aprobado la integración de los GES de la provincia en el Consorcio Provincial de Bomberos, pero según explican desde la CIG, las negociaciones con la Xunta y con las diputaciones de A Coruña y Pontevedra “son nulas”.

Este medio ha contactado con las diputaciones de A Coruña y Pontevedra sobre su posición respecto a las demandas de Agesga y la posible integración de los GES en la estructura provincial, pero ninguna de las dos ha respondido.

La Xunta recuerda que la atención a las emergencias “es competencia que corresponde a los ayuntamientos de más de 20.000 habitantes y a las diputaciones provinciales en los municipios con menos población”, y que no se trata de personal de la Administración autonómica.

Desde Agesga rechazan ese encuadre. Rivero denuncia la falta de procedimientos de trabajo, de protocolos comunes y de comunicaciones integradas con el resto del sistema. “No es normal que un consorcio provincial de bomberos no tenga constancia de dónde están actuando los compañeros de los GES”, dice. “Nos quitan información a todos para que no se destape el mal funcionamiento del servicio”.

La huelga, sobre la mesa

Los profesionales reclaman que todas las diputaciones integren a los GES en una única red pública de emergencias y advierten de que podrían convocar una huelga en las próximas semanas. “Manejamos un margen de unos 60 días, para ver cómo evolucionan las cosas”, señalan desde la CIG. Desde Agesga aseguran que esta opción sigue sobre la mesa e insisten en que no la descartan si no hay avances. La temporada de alto riesgo comienza el día 1 de julio.

El diagnóstico es compartido por todos los trabajadores: un servicio esencial para la Galicia rural, fragmentado en muchos gestores locales distintos, sin procedimientos comunes, sin reconocimiento profesional y sin garantías de cobertura. “Se están valorando las emergencias como una lotería, cuando son situaciones aleatorias que no eligen los días en los que ocurren”, concluyen.

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