Fronteras
Abolir las fronteras: justicia racial frente al neoliberalismo

¿Tienen los Estados el derecho a controlar a las personas que atraviesan sus fronteras? La pregunta es sencilla, y la respuesta parece no admitir ningún debate. De una respuesta afirmativa se modulan las políticas migratorias, pero también las posturas de los partidos, así como las narrativas que impregnan el debate social. El control de la movilidad de las personas ha devenido el centro de las agendas políticas de los países receptores en los últimos años.

En febrero de 2025, una encuesta realizada por YouGov para el diario británico The Guardian en siete países de Europa Occidental revelaba una opinión negativa en cuanto a los efectos de la inmigración en la última década. Las respuestas apuntaban a la percepción de que la llegada de personas migrantes era excesiva, mientras las políticas migratorias resultarían ineficaces. En septiembre de 2024, tras un verano en el que la atención de discursos partidistas y cabeceras se centró en las llegadas de personas migrantes a Canarias, el barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) señalaba a la inmigración como el primer problema para la ciudadanía española.

Harsha Walia: “Mientras en la crisis de refugiados se buscaba invocar alguna simpatía, la crisis migratoria supuso un giro hacia la deslegitimación de las personas migrantes como refugiados ‘falsos’ o ‘no reales’”

Más allá de las fronteras europeas, una encuesta del Pew Research Center mostraba en marzo —poco después de que Donald Trump tomara posesión con su agenda de deportaciones masivas— el apoyo mayoritario de la ciudadanía estadounidense a la expulsión de personas en situación irregular, aunque esto implique que la policía los detenga en protestas, lugares de trabajo o en sus propias casas. Ya en noviembre, en Japón, en línea con el discurso antiinmigración que marcó la campaña electoral, la ganadora y nueva primera ministra, Takaichi Sanae, corroboró que endurecerá las políticas migratorias en el marco de un Plan de población que presentará en 2026. 

La migración también ha estado en el centro de la carrera por la presidencia de Chile. La posibilidad de que la extrema derecha llegue al poder de la mano de José Antonio Kast provocaba también en noviembre una gran preocupación entre la población de las comunidades migrantes venezolanas y peruanas. Y es que la extrema derecha xenófoba ha ido ampliando en los últimos años su influencia en todo el mundo: en Australia, tras meses de manifestaciones en contra de las personas migrantes en las que participaron también políticos de la oposición, la presión para endurecer las políticas migratorias apunta a que las fronteras dominarán el debate público en el verano austral. 

Más movimiento, más deshumanización

Según la Organización Internacional de las Migraciones (OIM), en 2020 había alrededor de 281 millones de personas migrantes en el mundo, apenas un 3,6% de la población mundial. Un número que, sin embargo, supera en 128 millones las personas migrantes registradas en 1990, y que multiplica por tres las estadísticas de 1970. Este incremento de la migración internacional ha sido acompañado de un endurecimiento en las políticas migratorias desde los países del Norte Global. Sin embargo, no siempre son Europa, Norteamérica, o Japón los destinos preferentes para quienes migran. Al menos un 40% de estas personas residen en países del Sur global, explica un informe de la Universidad de Stanford en el que se establece que siete de cada diez personas migrantes africanas permanecen en el continente, mientras que en Colombia y Perú se habrían establecido la mitad de los cinco millones de personas emigrantes provenientes de Venezuela.

La última década no solo ha visto un incremento en los flujos migratorios en todo el mundo, sino también ha sido testigo de un cambio en las narrativas sobre el movimiento humano. Son múltiples las voces que sitúan la llamada crisis de las personas refugiadas de 2015, que siguieron al tortuoso fin de las primaveras árabes y las guerras de Siria o Libia, como punto de inflexión entre un enfoque humanitario de las migraciones a una aceleración del discurso y las políticas securitarias. “La fluctuación entre crisis de refugiados y crisis migratoria fue reveladora: mientras en la crisis de refugiados se buscaba invocar alguna simpatía, la crisis migratoria supuso un giro hacia la deslegitimación de las personas migrantes como refugiados ‘falsos’ o ‘no reales’”, explica Harsha Walia, activista y académica india con base en Canadá, en una entrevista sobre su mirada respecto a la justicia fronteriza. Para la autora, este desplazamiento que cuestiona quién se merece la movilidad justifica la hegemonía de políticas volcadas en detener las migraciones. 

Políticas que atraviesan el arco ideológico, independientemente del partido en el gobierno. Reino Unido es una buena prueba de ello: en 2012 la conservadora Theresa May, en su época como ministra de Interior, acuñaba la idea del “entorno hostil” como marco para afrontar la migración irregular. Más de una década después, el pasado noviembre, el laborista Keir Starmer celebraba la caída en el número de llegadas a suelo británico como “un paso en la buena dirección”. También Alemania sirve como ejemplo: mientras que en 2015 la conservadora Angela Merkel se puso al frente del discurso humanitario aceptando un millón de personas refugiadas provenientes de Siria y otros países, en 2024, el entonces canciller socialdemócrata, Olaf Scholz, apostaba por el cierre fronterizo defendiendo el derecho de su país a decidir quién entra en su territorio. 

“Partidos socialdemócratas por toda Europa rechazan cada vez más la idea de unas fronteras abiertas, mostrándose a favor del mismo chovinismo del bienestar que hasta hace poco rechazaban, pues lo consideraban de extrema derecha y fascista”, resume la investigadora Ida Danewid en la obra colectiva Mediterráneo Negro. Cuerpos, Fronteras y Ciudadanía (Katakrak, 2021). Por chovinismo del bienestar se entiende la idea política proveniente de cierto populismo danés y noruego de que solo a las personas nativas corresponde disfrutar del Estado de bienestar. “En algunos países —prosigue Danewid— la inmigración incluso ha dejado de ser algo de izquierdas o de derechas: en Dinamarca, la seguridad fronteriza es efectivamente una cuestión prepolítica, pues todos los partidos —izquierda y derecha— apoyan políticas de inmigración radicalmente restrictivas”. 

La lógica del chovinismo del bienestar ha colonizado la racionalidad europea y con ella su política migratoria. Entre 2020 y 2024 se negoció el Pacto Europeo de Migraciones y Asilo, ante la preocupación de las organizaciones de derechos humanos y antirracistas de todo el continente. En palabras de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado: “La reforma plantea graves riesgos para el derecho de asilo y los derechos humanos poniendo un especial foco en las medidas de externalización de fronteras y retorno a terceros países. El objetivo prioritario es impedir que las personas lleguen y si llegan, expulsarlas lo más rápido posible”.

El Pacto, que deberá implementarse en junio 2026, se les quedó pequeño rápidamente a los Estados miembros. La influencia de Giorgia Meloni, quien ha liderado diversas reuniones para imponer su agenda migratoria, se traducía el pasado octubre en una nueva carta de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, en la que instaba a agilizar la firma de acuerdos bilaterales con terceros países que faciliten la externalización y deportación de las personas que llegan a territorio europeo. Los Estados miembros complacían semanas después a Von der Leyen y por extensión a Meloni: el 8 de diciembre sus ministros de Interior aprobaban por mayoría un acuerdo para el Reglamento de Retorno. La nueva normativa permite la expulsión de personas migrantes a terceros países, favorece la creación de centros de deportación en estados extracomunitarios y considera como países seguros y por tanto, destinos legítimos para las devoluciones de personas, países como Egipto o Bangladesh. “El cambio que Italia ha solicitado en materia de migración se ha producido”, celebraba en X el ministro de Interior italiano Matteo Piantedosi.

Fronteras y desigualdad

Al mismo tiempo que se multiplican los ejemplos de políticas y discursos que documentan este cierre ideológico en torno a las políticas migratorias, no resulta fácil encontrar narrativas y prácticas que cuestionen el régimen de las fronteras desde la raíz. Activista antirracista y defensora de los derechos humanos, Siham Jessica Korriche cuenta con una larga trayectoria en organizaciones de la sociedad civil que defienden a las personas migrantes y en los últimos meses ha podido también asesorar a formaciones políticas de izquierda tanto en la Asamblea de la Comunidad de Madrid como en el Congreso de los Diputados. Reflexionando desde ambos espacios, comparte cierta frustración ante el pequeño margen existente para propuestas que se salgan de la habitual demanda de una migración legal, segura y ordenada. “El movimiento de las personas no entiende de marcos jurídicos. La gente se mueve porque se las expulsa de sus territorios o porque así lo deciden. Y esto no es una lógica que únicamente impere en el sur global, también pasa en el norte. La diferencia es que las reglas del juego son distintas”. Por ello, Korriche considera que, más que de defender los derechos de las personas migrantes, se trata de cambiar las reglas del juego: “Es muy difícil imaginar propuestas sin una apuesta decolonial y antirracista para entender el movimiento de las personas”.

Carlota Momobela ve con claridad cuál es el problema: “Las fronteras vulneran el principal derecho a la vida y otros como la libre circulación”, explica. Esta pedagoga antirracista convive cotidianamente con las consecuencias del régimen de fronteras en su trabajo con mujeres migrantes africanas. Unas mujeres que están sometidas, recuerda, a una visión utilitarista que les concede derechos o no en función de lo que puedan aportar, o a una visión humanitaria, que las limita a su condición de víctimas. “Las fronteras no son algo natural —prosigue Momobela—, se establecen en los territorios para dividir poblaciones y regular el acceso en base a la necesidad o no de mano de obra abaratada, sin derechos”. La activista aboga por revertir esa naturalización con una “pedagogía que cuestione las epistemologías hegemónicas, que deshaga lógicas y creencias coloniales y que fomente un pensamiento crítico que vea la importancia de las fronteras como arma de control social”. 

En la entrevista citada a Harsha Walia, esta aborda algunas limitaciones que afectan a los movimientos por los derechos de las personas migrantes cuando abordan las migraciones como una cuestión de racismo “doméstico” al que se puede responder desde la política estatal. “Sin embargo, las migraciones son un régimen que construye la raza, y que es tanto nacional como global”, afirma. Esta pensadora defiende políticas y discursos que pongan en el centro la justicia migratoria frente al consenso populista sobre las fronteras: “Sean los ecofascistas culpando a la inmigración y al crecimiento de las poblaciones, o los nacionalistas del bienestar convirtiendo a los migrantes en chivos expiatorios que ‘roban’ trabajos y recursos, o los etnonacionalistas como el supremacismo blanco, el hindú o las fuerzas sionistas con sus ideas fascistas sobre quién pertenece y quién no, las personas inmigrantes son retratadas como ‘invasores’, causando ‘decadencia social’, por los partidos de extrema derecha”. 

Para Korriche, desafortunadamente, poner la justicia migratoria en el centro, o cuestionar las fronteras como dispositivos raciales no parecen discursos fáciles de situar en el debate político, ante la abrumadora omnipresencia de los planteamientos de la derecha, una comunicación política que no deja tiempo para plantear políticas que necesitan un mayor debate, y unas redes sociales funcionales a la extrema derecha: “Nos presentamos ante la batalla con todas las de perder, sinceramente”. También señala que muchas formaciones de izquierda no están dispuestas a “asumir el coste”. Korriche relata cómo hace poco escuchaba a un político de izquierdas afirmar que para escapar de los marcos de la extrema derecha, cuando le preguntaban por migración, él contestaba con otras cuestiones que consideraba importantes como la vivienda. “¿Pero esto qué significa? ¿Que se habla de la vivienda o se habla de la migración?”, se pregunta la activista. Así, lamenta, la migración se sale de las prioridades de los partidos de izquierda, de lo que consideran importante. “Lo que llaman las cosas del comer”, ironiza. 

Teniendo en cuenta los precedentes coloniales, Walia considera que tanto la aspiración del cierre de fronteras como el chovinismo del bienestar no son una anormalidad, sino “parte de la larga historia del capitalismo racial que siempre ha intentado controlar el movimiento de las personas pobres”. Y es que al capital no le interesa la homogeneidad entre la fuerza de trabajo, sino que maximiza sus beneficios creando desigualdad, y para ello las fronteras son indispensables: “Las fronteras permiten un sistema en el que se incentiva mucho a las corporaciones multinacionales para que externalicen la producción al lugar más barato posible, que es la razón por la que el 83% de la mano de obra de la industria de la fabricación mundial vive y trabaja en el sur global”. Mientras, la mano de obra migrante barata se convierte en mayoritaria en sectores como la agricultura o los cuidados en el norte global.

Para Walia, este análisis permite abrir la imaginación a “nuevas formas de política emancipatoria —centradas en la abolición, en lugar de en la hospitalidad— que conecten las luchas contra la maquila global ‘en el extranjero’ y la explotación del trabajo migrante y las clases trabajadoras (multirraciales) ‘en casa’”. A lo que apunta esta referente es a una “política que persiga abolir todas las instituciones cómplices con el capitalismo racial” entre ellas, las fronteras.

¿Abolir las fronteras? A Korriche le cuesta imaginar cómo podría situarse una demanda así en el horizonte político de organizaciones por los derechos humanos o partidos de izquierda: “No creo que ninguna persona que trabaja en estos temas pueda salir de los marcos de la emergencia, de la frustración y del miedo”, explica, tras tantos años en los que la violencia en discursos y prácticas no ha hecho más que aumentar. Sin embargo, sí reconoce la necesidad de ampliar la imaginación política, solo que “con un contexto que no acompaña”, teme que ese ejercicio acabe ubicado en un marco más “academicista”.

¿Podrán caer los muros?

De lleno en la academia, Juan Carlos Velasco Arroyo, al frente del Instituto de Filosofía del Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), también se plantea en un artículo sobre migración y justicia global la necesidad de desnaturalizar las fronteras. Pues, según lo que describe como “lotería del nacimiento”, lo que marca principalmente el devenir de nuestra existencia es el hecho de nacer a un lado u otro de las fronteras globales. “La división política del planeta en naciones soberanas se encuentra entre los principales mecanismos causales recurrentes que están detrás de la desigualdad más persistente. (...) Las fronteras serían, pues, dispositivos orientados por objetivos de explotación, desposesión y dominación”, concluye. Su propuesta impugna el supuesto derecho de las naciones a controlar unilateralmente sus fronteras. “No obstante, el pensamiento hegemónico —impregnado de realpolitik— sigue troquelado por una presunción ideológica que entiende como agresión todo aquello que desnaturalice lo que nunca debió naturalizarse”.

Aunque este parezca un lenguaje abstracto y propio del debate académico, se correlaciona íntimamente con las luchas antirracistas como la que supuso el estallido del movimiento Black Lives Matter en 2020. Así lo recuerda el antropólogo Bernd Kasparek en un artículo que enlaza los debates del otro lado del Atlántico con la lucha de las personas migrantes en Europa, estableciendo “paralelismos con la abolición de la esclavitud en los Estados Unidos como parte de una lucha global por la libertad de movimiento”.

Martina Tazzioli: “El abolicionismo nos permite conectar la crítica al gobierno de las migraciones con la crítica a las transformaciones del capitalismo global”

Kasparek considera que la mirada abolicionista trasciende un marco europeo donde realmente no hay un debate real sobre las migraciones, sino que todo se basa en políticas centradas en la inmovilización y el confinamiento de las personas que migran: “Las discusiones tecnocráticas y las maniobras legales sobre cómo eludir las obligaciones del derecho internacional dominan la actualidad”, concluye. En el centro de la mirada abolicionista del movimiento negro estadounidense están las instituciones de la policía y la cárcel. Aplicar esta mirada a Europa implicaría entender cómo las personas migrantes se consideran “un otro”, cuyo principal espacio es la frontera, “cuya policía es la policía de fronteras y cuyas prisiones son los muchos centros de detención y deportación en los confines de Europa”. 

Inspirada por la mirada abolicionista de Angela Davis, la politóloga italiana adscrita a la universidad de Bolonia Martina Tazzioli empezó a trabajar desde Grecia en el libro Border Abolitionism (Manchester University Press, 2023). Tazzioli sostiene que esta perspectiva, más que en las fronteras como barreras, permite centrarse en los distintos mecanismos de confinamiento, y cuestionar la idea de que los mismos “sirvan para garantizar nuestra seguridad, prosperidad económica y social”. Se trata de una propuesta antihegemónica en un momento en el que parece no cuestionarse la deseabilidad de erigir fronteras y espacios de confinamiento, es más, el número de confines se multiplica mientras gran parte de la ciudadanía europea reclama aún más.

“El abolicionismo nos ayuda a ver cómo hacer que los confines resulten obsoletos. Nos permite conectar la crítica al gobierno de las migraciones con la crítica a las transformaciones del capitalismo global”, explica Tazzioli a El Salto. De lo que se trata, apunta citando a Davis, es de “delinear contrapoderes, contrainstituciones y nuevas formas de convivencia”. En el ámbito migratorio, ante un marco discursivo en el que frente a la precariedad, las personas migrantes se convierten en “un chivo expiatorio”, para Tazzioli pensar en la abolición permite “repensar una política con una visión internacionalista que luche contra el desmantelamiento de las infraestructuras que sostienen la vida”. O, como dijo la propia Davis en una entrevista durante aquel combativo 2020: “La abolición en realidad significa repensar qué tipo de futuro queremos en lo social, lo económico y lo político. Se trata de una revolución”.