Frontera sur
De Arguineguín a Las Raíces: pedagogía de la deshumanización

Klalifa responde al teléfono desde Huesca. Al fin ha llegado a la ciudad. Explica que consiguió viajar el sábado 30 de enero. Tomó un vuelo en Tenerife hasta Madrid, luego un autobús a Zaragoza. Allí fue a buscarle su tío, con el que va a vivir mientras se busca la vida. Hace pocas semanas este estudiante de derecho senegalés hablaba con El Salto desde el hotel Tenerife Ving donde él y otros compatriotas acababan de iniciar una huelga de hambre. Estaban hartos, bloqueados. Llevaban tres meses atrapados en la isla, tenía el billete listo, el pasaporte en regla y en la península les esperaban sus familias, pero no podían salir. Mientras, la administración levantaba los campamentos de amplias carpas donde probablemente serían trasladados en semanas, si antes no les deportaban en un vuelo a Dakar. Khalifa se la jugó y fue al aeropuerto. Sabía que era legal viajar. También que muy probablemente no le dejarían tomar el avión. Tuvo suerte.

“Ahora yo quiero continuar la lucha a distancia porque tengo los números de los abogados, de los activistas, estoy en comunicación con todos”. Khalifa no se olvida de quienes quedaron atrás, y él tiene wifi, el teléfono a mano, habla español. Y sabe mucho más sobre la situación de quienes arriban a las Canarias de lo que sabía antes. Sabe por ejemplo que ya está programado el primer vuelo de deportación a Senegal, el 24 de febrero, después de que ambos Estados llegaran a un acuerdo. Y cree que es importante que los chicos se vayan cuando puedan de allí. “Por eso yo les he dicho que es un riesgo ir a la policía solo, lo mejor es ir acompañado de un abogado o miembro de la Cruz roja. Quieren deportar y si vas a la policía pueden retenerte para completar el vuelo”.

El joven senegalés cuenta que una abogada se ha comprometido a acompañarles a pedir asilo, están nerviosos, no quieren acabar en el campamento recién abierto, en Las Raíces: “La mayor parte de la gente ha visto imágenes de cómo está el centro, ahí hace mucho frío, las condiciones son muy malas”. Es verdad que de condiciones malas saben mucho más, pues atravesaron el mar arriesgando su vida. Pero no lo hicieron para acabar varados bajo una carpa plástica.

Housan es saharaui. Como Khalifa, ha pasado semanas en un hotel. El sábado 7 está contento, acaba de irse y se quedará en casa de una amiga. Se queja repetidas veces de que al llegar a Tenerife nadie se preocupara por su historia. La quiere contar porque su historia es importante, es la de un hombre que en los noventa vino a España donde se quedó casi una década. Un cantante que viajó por medio Estado buscándose la vida, para acabar en Cádiz donde se casó con una mujer española y tuvo una hija que canta y baila flamenco. Tenía papeles, pero su madre se enfermó y viajó al Sur a cuidarla. Cuando muchos años después quiso regresar ya no tenía la residencia.

Housan manda vídeos por whastapp. En ellos se ven fragmentos de su viaje. Un patera pequeña llena de gente en un mar inmenso. A pesar de todo ríen y están festivos. Navegan precariamente hacia una posibilidad de futuro

Housan manda vídeos por whastapp. En ellos se ven fragmentos de su viaje. Un patera pequeña llena de gente en un mar inmenso. A pesar de todo, abrigados y apelotonados, la gente ríe y está festiva. Están navegando precariamente hacia una posibilidad de futuro. Housan tiene confianza en recuperar fácilmente los papeles. Al fin y al cabo los tuvo, y su hija es española. Mientras su abogada le ayuda con los trámites, espera que a partir de ahora todo vaya mejor, que pueda instalarse y buscarse la vida. Ojalá, repite varias veces, ojalá. Sabe que su destino no es del todo suyo.

“Estamos decepcionados porque hicimos un gran esfuerzo y arriesgamos nuestras vidas en el mar, pasamos cinco días de sufrimiento, miedo, hambre y sed en el océano, y cuando llegamos aquí, fuimos encerrados y empezaron a deportarnos sin piedad ni compasión”. El Hoceini llegó de Dakhla a Las Palmas el 26 de diciembre. Escribe desde el CIE de Hoya fría, cuenta que hay medio centenar de personas allí. Había muchos más antes, pero los han deportado a Marruecos, muchos de los deportados, viajaron con él. En Hoya Fría están de cuarentena por un brote de covid, encerrados en las habitaciones. El Hoceini cuenta que comen tres veces al día pero que se queda con hambre, que para que les den sus teléfonos deben romper las cámaras.

Los primeros mensajes de El Hoceini, el viernes, son de cansancio ante una perspectiva incierta. Los del domingo son esperanzadores: cuenta que les han dicho que van a intentar liberar a los de su grupo, llevan cuarenta días ya, y no quieren exponerles a un contagio. Si se va, lo hará aliviado pero no feliz, tres grupos quedan en el centro y a saber qué les depara la suerte. Bueno, la suerte no, a ver qué les depara una política migratoria obsesionada con retenerles para expulsarles. “Llegamos 34 y deportaron unos 28, seis nos quedamos porque solicitamos asilo. Si este no es aceptado nos deportarán también”, se inquieta.

El pasado 29 de enero, la organización Irídia presentaba su informe Vulneraciones de derechos en la frontera Sur: Melilla y Canarias. En el mismo constatan lo que definen como “una intensificación de las políticas de contención y bloqueo de personas migrantes por parte de los países de la Unión Europea en aquellos espacios y lugares de tránsito”, una dinámica que no es nueva pero que se está radicalizando particularmente en las islas Canarias, según explica a El Salto el integrante de Irídia y coautor del informe Andrés García Berrio. “La novedad de esta intensificación de las políticas tiene que ver con la construcción de las Islas Canarias como islas cárcel o islas jaula”, sentencia.

Antes de conversar por teléfono, el abogado Daniel Arencibia envía un amplio documento sobre la situación migratoria en las Canarias. En el mismo se contienen, ordenadamente y respaldadas con links a noticias, gráficos y sentencias, las vulneraciones de derechos fundamentales que ha ido recopilando en los últimos tiempos. Cuenta que el documento lo ha hecho para que los periodistas que no cesan de llamar dimensionen el problema. Aunque también, estas mismas páginas, que hablan de las condiciones de los dispositivos de acogida, de la falta de asistencia jurídica, o de la vulneración del derecho a la información, fueron trasladadas al Defensor del pueblo.

“Estamos acostumbrados a que cuando se encuentran migrantes con fuerzas de seguridad del Estado hay una laxitud importante en el control de los derechos”, denuncia Arencibia. Los ejemplos no faltan: “es algo que vemos que se repite en campamentos y en islas, lo vimos en Tarajal, lo vimos en Moria, lo estamos viendo en sitios de confinamiento de migrantes. Es muy complicado sostener la convivencia de estas personas dentro de las condiciones materiales en las que están y garantizar la prevalencia de sus derechos”.

Un horizonte de carpas

El viernes 5 las primeras personas eran llevadas al nuevo campamento de Las Raíces, que dispondrá de unas 1.500 plazas en grandes tiendas de campaña. Ese mismo día circulaba un comunicado: “El Gobierno traslada a los migrantes a Las Raíces, con cuatro alertas por temporal, y en condiciones infrahumanas”, afirmaba. Canarias Libre de Cies y Asamblea Canaria por el Reparto de La Riqueza, colectivos que firmaban el comunicado, denunciaban así: “a los gobiernos canarios y español por esta nueva aberración contra los Derechos Humanos”. Ese mismo día el campo Canarias 50, se inundaba.

“Hoy es uno de los días más fríos”, constataba el viernes Koldoví Velasco. “Los migrantes se negaban a bajar de los autobuses, y ahí estaba la policía esperándoles”. Esta activista social enmarca la situación en las islas como una muestra más de su creciente securitización. “Está claro que la respuesta sigue siendo entender el fenómeno de la migración desde el paradigma de la seguridad militar, que sigue colocando a las personas migrantes como amenaza, como aparece en la doctrina de seguridad nacional”. Un enfoque que se traduce, según señala Velasco, en un aumento de la presencia de efectivos —policías, guardia civil, empresas de seguridad—. “Lo que están haciendo es el trabajo de ordenar, vigilar y controlar, que son como los tres verbos que más conjugan y que siguen considerando la movilidad humana como un elemento de sospecha”.

“Lo que están haciendo es el trabajo de ordenar, vigilar y controlar que son como los tres verbos que más conjugan y que siguen considerando la movilidad humana como un elemento de sospecha”

Fuerzas de seguridad y enormes carpas en campos. La imagen es contundente. En su informe Irídia hace un inventario de los recursos del Plan Canarias, anunciado por el gobierno tras semanas de crisis por el hacinamiento de migrantes en el muelle de Arguineguín, el pasado 20 de noviembre. “Más del 50% de las nuevas instalaciones son carpas absolutamente precarias, luego una nave que ha cedido Bankia. No se sabe nada de las condiciones de estos espacios”, resume García Berrio.

Para el activista la gravedad de estas condiciones de acogida es que no planteen estos espacios como un recurso temporal para que la gente pueda pasar un periodo corto antes de ser trasladada a la península, si no que el plan tiene vocación de estabilidad, así: “hay gente que se puede tirar años en espacios que por sus propias características están preparados en todo caso para una temporalidad, o una situación de emergencia. Esto se puede convertir en lo que ya hemos visto en otras islas, que la gente puede quedarse absolutamente precaria durante mucho tiempo”.

El legado de Arguineguín

¿Cómo se ha llegado a esto? Para las personas entrevistadas una pieza fundamental de esta evolución la constituye Arguineguín, el muelle por donde pasaron miles de personas entre agosto y noviembre de 2020. Un episodio que no solo ha dejado impacto en la memoria de quienes lo sufrieron, hacinados, durmiendo al raso, sin asistencia jurídica o acceso a intérpretes y viendo pasar los días sin saber qué iba a ser de ellos. Arguineguín también habría dejado su impronta en los imaginarios colectivos.

Arencibia recuerda que, como denunció el Defensor del Pueblo, se estaban vulnerando a la vista de todos numerosos derechos fundamentales. “Es notorio que la sociedad ha aceptado de alguna manera que estas personas no tienen derechos, ni siquiera el de la salud, ni siquiera la garantía judicial cuando se exceden las 72 horas de detención, ni siquiera la asistencia letrada que son derechos que todos los tribunales de derechos humanos que aplican los convenios de los que somos firmantes han dicho que son derechos que no tienen lo ciudadanos de un país, que los tienen las personas por el hecho de ser personas”, afirma. Para el jurista esta aceptación de la vulneración de derechos de personas migrantes pone en relieve la deriva hacia donde va la democracia. Y previene sobre un relativismo que puede conducir a escenarios muy peligrosos, como demuestra la historia europea.

“La sociedad ha aceptado de alguna manera que estas personas no tienen derechos, ni siquiera el de la salud, ni siquiera la garantía judicial cuando se exceden las 72 horas de detención, ni siquiera la asistencia letrada”

“Hoy los derechos que no importan son los de estos migrantes, pero mañana puede ser los de los homosexuales, y otro día puede ser otro colectivo, yo creo que es una cosa que debe preocupar a toda la sociedad”. Para Arencibia la autoridad, al dar un trato degradante a estas personas está generando un marco que legitima la xenofobia. Un trato degradante que se refuerza también con la impunidad. “La diferencia que tenemos con Tarajal es que en Tarajal faltaban pruebas, aquí ha sido todo a la vista de todos, ha sido todo testimoniado por un juez —Arcadio Díaz Tejera, juez de control el CIE de Gran Canaria, judicializó el caso tras visitar el muelle—, por una ponente de Human Right Watch que estuvo ahí en el lugar de los hechos y aún así la primera opción de la jueza a la que ha caído el asunto en manos ha sido archivar porque decía que obviamente no había ningún delito”.

Para García Berrio, este traspasar líneas rojas, no solo es un dispositivo que normaliza el trato degradante y allana el camino hacia el esquema de campamentos con carpas, sino que también constituye un claro mensaje hacia quienes se plantean viajar. Arguineguín supuso, afirma: “una política clara de discriminación, maltrato y racismo institucional para que la gente no viniera”.

Políticas migratorias que vulneran derechos y alimentan el racismo

Pero quién está detrás de estas políticas, alguien que no reconoce las denuncias. El ministro de Interior que niega que las personas pasaran más de 72 horas en el muelle, y argumenta que el trato no fue degradante. “Su discurso es un discurso de partido de izquierda que quiere decir públicamente que respeta los derechos, pero que ya sabe que no tiene coste incumplir los derechos de las personas migrantes”. Además, apunta el abogado, el contexto europeo, que otrora podría afearle a Grande-Marlaska sus políticas migratorias, hace tiempo que no se agita con facilidad. “En el caso del Tarajal una comisaria europea manifestó que le parecía mal que se disparara a personas en el mar. Ahora la propia presidenta de la Comisión Europea ha estado en Arguineguín. Salió sonriente en la foto sin hacer ningún comentario: Parece que Europa está poniendo por delante el interés de que estas personas no alcancen el continente, y que para ese objetivo es preciso que sus derechos no cuenten”.

“El resto del gobierno está asumiendo de manera acrítica una política migratoria que podría ser perfectamente del PP o de Vox, contener a la gente, bloquearla para intentar retornarla”

Pero el Gobierno es más que el ministerio de Interior, y sin embargo, critica García Berrio, “está asumiendo de manera acrítica una política migratoria que podría ser perfectamente del PP o de Vox, contener a la gente, bloquearla para intentar retornarla”. Una política que deja a las personas retenidas en las islas quién sabe por cuánto tiempo. Mientras, en el Estado español las resoluciones de peticiones de asilo se vienen agilizando, con un récord de denegaciones. Un récord que no era fácil, pues hasta ahora la media estaba en un 5% de solicitudes e asilo aprobadas. Ahora ni eso.

De la mano de la vulneración de sus derechos las personas migrantes han de afrontar el rechazo racista de una parte de la sociedad. Todo ello en una dualidad hostil: “Es una especie de experimento sociológico en el que estamos conviviendo personas libres que podemos entrar y salir de las islas con personas detenidas en los términos explicados por el Tribunal Supremo, que detenido estás si no puedes ejecutar una voluntad lícita. Viajar es lícito, y estas personas no están pudiendo. Es un experimento del que nos arrepentiremos”, apunta Arencibia.

Experimento o no, para García Berrio las decisiones que se toman cuentan con el agravante de no haber hecho un buen análisis comunitario que pudiese haber previsto tensiones. Para ilustrarlo, trae a colación el caso del Colegio León de El Lasso. Un colegio en un barrio precario, que estaba en malas condiciones. Lo cerraron un año y medio prometiendo que lo renovarían. No lo hicieron, y ahora el colegio se reabre para alojar personas migrantes. “El centro está en medio y a la vista del resto del barrio, que está en una colina”, subraya. Medidas así acaban potenciando discursos racistas.

El pasado viernes, de hecho, desde la delegación del gobierno en Canarias se publicaron datos que demostraban que, frente a lo que afirma la derecha, la llegada de la migración no ha tenido ningún impacto en los índices de criminalidad. El discurso sobre la seguridad está ahí, retoma Velasco, pero “el concepto seguirá vinculado a lo armado y lo militar y no a la seguridad como la plantea Naciones Unidas, que es satisfacer las necesidades y los derechos de todas las personas”. Se puede decir que las políticas migratorias lo que generan son mucha inseguridad, desde varias perspectivas: la inseguridad al atravesar las fronteras convertidas en zonas de guerra, la inseguridad de quienes no tiene otro remedio que viajar por la ruta más peligrosa, explica.

Pero la inseguridad vital no es solo cosa de las personas migrantes, sino que es una condición de las islas, denuncia esta activista: “Nos gusta contextualizar que estamos hablando de Canarias como un territorio donde la normalidad ya es letal, por la situación de precariedad y la desigualdad, porque es un paraíso fiscal, un paraíso también de la dependencia, con el monocultivo del turismo”, alerta antes de concluir: “y es un paraíso también de la hipocresía porque se le llama invasión a unas 30.000 personas cuando estábamos acostumbradas a recibir un millón de personas al mes como turistas”. Para Velasco estos elementos generan un laboratorio que se presta para “cocinar este criminalización, esta construcción del enemigo”. En todo caso, la activista lamenta que a los brotes racistas se les ponga todo el foco, negando visibilidad a las iniciativas, propuestas y resistencias que también se agitan en las islas.

Redes de resistencia y solidaridad

Iniciativas, propuestas y resistencias que perseveran a pesar de la sensación de impunidad. “Estamos haciendo un esfuerzo por desvelar los intereses y los beneficios de las fronteras y visibilizar las víctimas de esta guerra, estamos generando espacios de encuentro y de confianza también con las personas migrantes para generar verdaderos procesos de participación, procesos comunitarios de acogida”, algo que, plantea la activista, la administración nunca tiene en cuenta. Por intentar, intentan hasta abolir el Frontex formando parte de una red europea que persigue este fin. 

Para Velasco, ya solo el proyecto migratorio es un acto de resistencia. Y los migrantes llevan adelante “procesos de articulación y de participación propia que el resto de la gente lo que tendríamos que hacer es poner la oreja, escuchar y apoyar, apoyarnos mutuamente en esas resistencias”. Es importante en este marco construir confianza mutua, algo que no siempre es fácil: “Vienen de toda una trayectoria donde todo el mundo si ha podido les ha culpabilizado, vulnerado, tratado, por toda esta política que restringe tanto la movilidad que lo que hace es generar un montón de desconfianza”.

En la opinión de García Berrio, la composición demográfica y la trayectoria histórica de las islas ha conformado una sociedad sensible a las migraciones. “Pero debemos asumir que la frontera sur no es responsabilidad solo de aquellos colectivos que se encuentra sobre el terreno. Estamos en un momento especialmente delicado donde sería importante aumentar los esfuerzos colectivos para generar una voz unánime y fuerte frente al aumento del racismo en todos los niveles”.

Viendo que en la política institucional los únicos cuestionamientos que le hacen  a las políticas migratorias del gobierno provienen de las derechas, aún cuando en el fondo, las mismas están muy lejos de ser progresistas, García Berrio ambiciona “la posibilidad de retomar las calles, quizás a meses vista, en un escenario de relajación post pandémico, con la mirada de generar una respuesta amplia, con una gran base social: Nos jugamos no solamente condicionar este gobierno sino cómo puedan ser los siguientes”.

Para Velasco la esperanza está en la solidaridad internacionalista y transfronteriza. Es desde el apoyo mutuo y las resistencias desde abajo, apunta, desde donde se pueden contestar a estas políticas migratorias. “Son grietas en estos muros, en los muros terrestres y físicos, en los invisibles y digitales, pero también son grietas en los muros mentales”.