Cien organizaciones mapean durante nueve días los abusos que se cometen en la frontera Sur

Rechazo a las actuales políticas de la UE y del Estado español y medidas concretas contra los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE), las devoluciones en caliente, la explotación de las porteadoras o la vulneración de derechos de personas refugiadas. Con esta agenda, casi medio millar de personas de cien organizaciones han hecho durante nueve días un recorrido por la frontera Sur, que terminó el pasado 22 de julio.

La ruta discurrió entre varios CIE, el polígono de tiro de las Bardenas, el Congreso de los Diputados, el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) de Melilla, los puestos fronterizos y los invernaderos de Almería. Aunque muchas personas y colectivos habían trabajado durante meses para planificar las etapas de esta campaña sobre ruedas, la Caravana contó también con una comisión de organización para la toma de decisiones operativas, mientras que una asamblea soberana ha tomado las decisiones estratégicas.

Este binomio fue crucial, por ejemplo, en el planteamiento de la acción de protesta del 16 de julio ante las oficinas de Vueling e Iberia en el aeropuerto de Sevilla, en apoyo a los pasajeros que el día anterior habían tratado de impedir la salida de un vuelo Barcelona-Dakar en el que se deportaba a un senegalés (once de estos pasajeros fueron identificados por la policía y denunciados por la compañía aérea). A raíz de la división de opiniones sobre la acción y sus consecuencias para la Caravana, en el seno de la asamblea se perfiló una protesta en forma de una acción individual a la que se sumaron cientos de individuos.

En todo caso, la última palabra sobre cualquier acción, tanto las decididas en asamblea como las programadas de antemano, la han tenido las organizaciones locales, que trabajan a diario sobre el terreno con base en los objetivos representados en la campaña. Y es que la Caravana ha funcionado como una suerte de red de apoyo sobre ruedas, a cuyo paso se han planteado actividades que buscasen fortalecer el tejido social en las localidades que la iban acogiendo: aunque los medios se han hecho eco sobre todo de acciones dirigidas a las instituciones y a la opinión pública, algunas de las actividades más cuidadas de la Caravana tenían como objetivo la población local.

Un ejemplo de ellas fue el concierto ofrecido en Sevilla el día 15, en el que se mezclaron los mensajes de la Caravana con temas musicales de fusión funk-jazz-senegalesa que bailábamos ‘caravaneros’ y vecinos de la Alameda de Hércules, igualmente mezclados.

Visibilización para tomar conciencia

La visibilización forma parte de un estado previo a la toma de conciencia sobre el alcance y la gravedad de un problema social por parte de la opinión pública. Por ello, recobra sentido dedicar esfuerzos a tareas de difusión que tanto ocuparon a los movimientos sociales antes de la crisis. En ese sentido, la Caravana ha puesto el foco sobre dos ejemplos que muestran claramente esta situación: el fenómeno de las “porteadoras” en Melilla y las condiciones de trabajo en los invernaderos almerienses.

El 19 de julio llegamos junto al paso fronterizo de Beni Enzar en el momento de cerrarse al llamado “comercio atípico”: un vacío legal en las legislaciones comerciales marroquí y española permite a cualquiera cruzar la frontera a Nador sin pagar aranceles por las mercancías que pueda llevar encima; esta circunstancia ha propiciado el florecimiento de un negocio coordinado entre los almacenes que acabamos de cruzar y otros en Nador, basado en encargar portes a pie de fardos de hasta 60 kg.

Las “porteadoras” de estas cargas son en su mayoría mujeres, con una presencia importante de madres solteras y abuelas. En el Bulevar Europa, una hilera de mujeres vuelven cargadas de la frontera recién cerrada con sus fardos a cuestas. Al haber encontrado la frontera cerrada, no cobrarán el porte. 

Pero cruzar el estrecho no garantiza librarse de los abusos contra los derechos civiles y laborales, como pudo comprobarse en la visita a los campos de invernaderos en Níjar (Almería) del 22 de julio. La inspección de un poblado con capacidad para alojar a 200 personas, entre los jornaleros y sus familias, concuerda con el testimonio de varios trabajadores del campo que afirman que está construido por los dueños de los invernaderos. Todas sus “viviendas” están construidas con la misma técnica y materiales (que no se encuentran en el entorno cercano): troncos hundidos en hoyos de cemento, que sostienen estructuras de listones y plásticos atados con cuerdas y bridas.

Los jornaleros cobran 32 de los 46,72 euros diarios que estipula el Convenio colectivo como mínimo, y es muy frecuente el fraude a la Seguridad Social por parte de los empresarios. Relatan que tienen muy difícil acceso a los mecanismos habituales de acción sindical (huelgas o demandas judiciales), y la inspección de trabajo no centra su acción en perseguir a los empresarios, sino a los empleados sin papeles.

Un movimiento cohesionado

Situaciones como las que acaban de describirse llevan años enquistadas dentro de nuestras fronteras y, aunque están bien documentadas, no han alcanzado un grado de visibilidad que las haga definitivamente intolerables a ojos de la opinión pública. La iniciativa de la Caravana a la frontera sur ha tratado de descorrer este velo. De Esta manera, ha funcionado como un movimiento social temporal fuertemente cohesionado.

Aún es pronto para una valoración definitiva, pero no puede ignorarse que cientos de personas movilizadas hacia la frontera sur han sido capaces de turbar la “normalidad” en torno a la valla de Melilla y todo lo que representa, abriendo una posibilidad de presión de cara a las instituciones.

Y otro ámbito en el que se pondrán a prueba los efectos de largo plazo de la campaña son las organizaciones locales, especialmente, de Melilla y Almería, en la medida que puedan verse reforzadas por la movilización. Previsiblemente, dentro de pocos meses se convertirá en un debate formal la pregunta que se lanzaba al aire la última noche de la Caravana: y en 2018, ¿qué?