Francia
La mano dura de Macron, el príncipe progresista

Alain, Gwendal, Vanessa, Antoine, David... La lista de los chalecos amarillos víctimas de la violencia policial podría ocupar varios párrafos. El periodista David Dufresne recopiló hasta mediados de junio información de 843 casos de abusos policiales evidentes contra este heterogéneo movimiento de indignación. Si los destrozos y las violencias materiales de los manifestantes hicieron correr ríos de tinta en la prensa del establishment en diciembre, otra realidad ha emergido en los últimos siete meses en Francia: una represión policial inaudita desde mayo del 68 que ha dejado decenas de personas con heridas irreversibles. Un estigma con el que tendrá que lidiar Emmanuel Macron. El príncipe “progresista” ha mostrado una de las peores caras de la Europa iliberal.

“Nunca hubiera imaginado que podría producirse tal represión en Francia”, asegura a El Salto Alain Hoffmann, de 54 años, mientras recuerda cómo sufrió una grave herida en la carótida durante una de las manifestaciones. Era el 1 de diciembre. En una de las manifestaciones más tensas en París, en la que se vivieron escenas de guerrilla urbana, Hoffmann estaba haciendo fotografías “cuando me vi inmerso en una nube de gas lacrimógeno y de repente sentí un dolor en el cuello. Fue como una bola de fuego”. Tuvieron que ponerle siete puntos de sutura. “El cirujano me dijo que, si hubieran tardado pocos minutos más en intervenir, la carótida (arteria del cuello) se habría abierto”, añade.

Como Leroy, otros 23 manifestantes perdieron un ojo fruto de la violencia policial. El balance de la represión contra los chalecos amarillos habla por sí solo

Aún peor parado salió Gwendal Leroy, de 27 años. Este joven desempleado no se había perdido ninguna protesta de los chalecos amarillos hasta el 19 de enero. Al final de la manifestación de ese sábado en Rennes, en la Bretaña, sintió “la explosión de un proyectil a mi lado y caí herido al suelo. El día siguiente me dijeron en el hospital que había perdido la visión de un ojo”, explica Leroy. Según precisa, los médicos le aseguraron que sufrió el disparo de una bala de goma en el rostro, “mi ojo se hundió dos centímetros”. Su vida dio un trágico giro copernicano tras ser víctima de las balas de goma, también conocidas en Francia como lanceurs de balles de défense (LBD).

Como Leroy, otros 23 manifestantes perdieron un ojo fruto de la violencia policial. El balance de la represión contra los chalecos amarillos habla por sí solo. Según un exhaustivo recuento hecho por David Dufresne, realizado primero a través de Twitter y publicado después en el diario digital Mediapart, 308 manifestantes resultaron heridos en la cabeza, cinco perdieron una mano, cuatro sufrieron contusiones en las partes genitales… Una lista espeluznante de la que forma parte Zineb Redouane, una anciana de 80 años fallecida tras la explosión de una granada en el balcón de su casa el 1 de diciembre en Marsella.

sin precedentes

“Con la aparición de los chalecos amarillos se ha producido una multiplicación colosal de los casos de violencia policial”, lamenta Arié Alimi, abogado de la Liga de los Derechos Humanos y especialista en casos de abusos policiales. El colectivo Désarmons-les (Desarmadles) contabilizó 53 heridos graves a causa de la violencia policial entre 1998 y el 17 de noviembre de 2018, el día en que empezaron las protestas de los chalecos amarillos. Desde entonces, esta cifra aumentó en 75 casos más. En seis meses ha habido más heridos a causa de los abusos de las fuerzas de seguridad que en veinte años.

Las cifras son explícitas, pero todas ellas tienen un rostro y representan vidas quebrantadas. “Durante el día me da vergüenza salir a la calle y tengo que esperarme hasta al anochecer para salir de casa”, reconoce Leroy. Empleado hasta noviembre como operario de almacén, no ha podido empezar a buscar trabajo ya que sus problemas de vista le impiden conducir al menos hasta mediados de julio. “Desde el 1 de diciembre, no he podido retomar una vida normal. Aún sufro síntomas postraumáticos, como pesadillas en las que me persigue la policía. Esto también ha empeorado mis relaciones sentimentales”, lamenta Hoffmann.

Tras siete meses de protestas todos los fines de semana, el número de manifestantes ha decaído de forma significativa. Solo 7.000 personas participaron en el conjunto del país en las manifestaciones del 15 de junio. La revuelta amarilla parece llegar a un final de etapa. Las imágenes de los tuertos o mutilados representan, sin embargo, una huella imborrable de la respuesta policial más dura en Francia desde 1968. Lo que ha hecho emerger en el debate público la cuestión sobre la militarización de la policía francesa, una de las más equipadas en el viejo continente.

Ha generado una gran controversia el uso sistemático de gases lacrimógenos y de balas de goma y habitual de las granadas de dispersión GLI F4, compuestas básicamente por TNT (dinamita) y consideradas un “arma de guerra”, según el código de seguridad interior francés. “La mayoría de estas armas no son las más adecuadas para efectuar tareas de mantenimiento del orden”, critica Alimi.

Según el balance anual de la Inspección general de la policía nacional (IGPN), presentado el pasado 13 de junio, el uso de las balas de goma aumentó un 203% el año pasado. Y el de las granadas de dispersión, un 296%. “Un incremento que se debe claramente a los dispositivos policiales de noviembre y diciembre”, explica Dufresne. Desde entonces, esta mano dura contra los manifestantes ha sido constante. “Hasta el punto de que el pasado 1 de mayo hubo cargas contra la manifestación familiar de los sindicatos tradicionales”, añade este periodista. Ese mismo día, el ministro del Interior, Christophe Castaner, fabularía un falso ataque contra un hospital, solo para dañar la imagen de las protestas.

Cambio de doctrina

Según Dufresne, autor del libro Maintien de l’ordre, los abusos de las fuerzas de seguridad contra los chalecos amarillos reflejan la cristalización de un “cambio de doctrina” en el mantenimiento del orden en Francia: “Después de la Segunda Guerra Mundial, uno de los principios de las fuerzas de seguridad era no ir al contacto de las masas. Pero esto cambió a mediados de los 2000, cuando Nicolas Sarkozy, entonces ministro del Interior, pidió a los cuerpos de antidisturbios que se dedicaran a garantizar la seguridad en las banlieues”.

Los tratos vejatorios y la agresividad contra la población de origen extranjero en los barrios populares se reprodujeron después contra militantes ecologistas, por ejemplo, con la muerte de Rémi Fraisse en 2014 durante las protestas contra la construcción de una presa en Sievens, en el sur de Francia. Se convirtieron en habituales en las protestas contra la reforma laboral de François Hollande en 2016. Pero con los chalecos amarillos han sido la norma. Con el añadido de que esta represión ha cristalizado contra un movimiento transversal, formado por numerosas personas poco habituadas a los movimientos sociales y que tenían una imagen muy positiva de las fuerzas de seguridad.

“He crecido en medio de uniformes. Mi padre y mi tío fueron soldados y un familiar de mi madre, gendarme”, explica Leroy. Como otros manifestantes heridos, asegura que “no lancé nada contra la policía ni rompí nada”. “Perdí un ojo solo por haberme manifestado por una vida mejor”, lamenta este miembro de los chalecos amarillos en Bretaña, quien reconoce que su visión sobre las fuerzas de seguridad ha cambiado completamente: “Ahora solo confío en el cuerpo de agentes de mi pueblo”.

“Cuando emergió el movimiento de los chalecos amarillos, estos solían tener una opinión positiva sobre la policía y eran más bien reacios a la violencia de los black blocs (grupos de la izquierda radical partidarios de la violencia contra la policía y contra símbolos materiales del capitalismo). Pero esta percepción cambio con la violencia policial y muchos de ellos aplauden ahora las acciones de los black blocs”, explica Emma Mobi, miembro del grupo de street medics en París, grupo de activistas que ofrecen primeros auxilios a los manifestantes heridos.

308 manifestantes resultaron heridos en la cabeza, cinco perdieron una mano, cuatro sufrieron contusiones en las partes genitales… Una lista espeluznante  de la que forma parte Zineb Redouane, una anciana de 80 años fallecida tras la explosión de una granada 

Tras siete meses de protestas, los black blocs tienen cada vez más una mejor acogida entre los chalecos amarillos. Si los abusos policiales han servido como catalizadores para que numerosos manifestantes —la mayoría de ellos pacíficos— acepten la violencia de estos grupos de la izquierda radical, también hay que preguntarse hasta qué punto el rol central de los black blocs ha desvirtuado la imagen de un movimiento que en su génesis ya era conflictivo, pero se basaba en bloqueos no-violentos de carreteras. También hay que cuestionarse si estas violencias materiales no han servido como pretexto de la respuesta represiva del gobierno francés y su apuesta obstinada por la estrategia de la tensión con el objetivo de erosionar el apoyo, en un principio mayoritario, de la sociedad.

Críticas de la ONU

El Parlamento Europeo, el Consejo de Europa, Naciones Unidas… Es larga la lista de instituciones internacionales que han criticado al Gobierno francés por la violencia policial contra los chalecos amarillos. Unas advertencias ignoradas por el macronismo. Brigitte Jullien, la directora de la Inspección General de la Policía Nacional (IGPN) —el organismo encargado de supervisar a las fuerzas de seguridad—, volvió a negar a mediados de junio la existencia de estos abusos policiales. De hecho, Michael Forst, el responsable especial de la ONU sobre derechos humanos, criticó en una entrevista en el diario progresista Libération, publicada el 14 de junio, “el rechazo del diálogo de la parte de Francia” sobre el “uso violento y excesivo de la fuerza” contra los chalecos amarillos.

Forst también lamentó “la ausencia total de sanciones disciplinarias a policías”. “Tenemos constancia de una asimetría en la rapidez de la respuesta penal”, añadió el responsable de la ONU, quien advirtió de que “esta rapidez por un lado (a la hora de juzgar a los manifestantes) y la lentitud por el otro envían un mensaje de una justicia a dos velocidades, con una diferencia manifiesta en el trato entre los ciudadanos y las fuerzas de seguridad”. El IGPN investiga 265 casos sobre presuntas actuaciones abusivas contra chalecos amarillos. Una cifra récord para esta institución.

El fiscal de París, Rémy Heitz, aseguró a finales de mayo en una entrevista a Le Parisien que, al menos, ocho casos de violencia policial serán investigados de forma preliminar por la justicia. Ningún agente ha recibido hasta ahora ninguna condena ni sanción administrativa. En cambio, “cuando los chalecos amarillos cometen destrozos, los envían directamente a prisión”, afirma Alimi. “Se ha impuesto un doble discurso insoportable”, añade Dufresne. Desde finales de noviembre, han detenido a 2.907 manifestantes en París. No obstante, el 44,8% de ellos han sido liberados sin ninguna sanción ni condena, según la fiscalía. Lo que refleja el elevado número de detenciones arbitrarias.

Es el caso de Camelia, una mujer hispano-marroquí a la que las autoridades francesas amenazan con extraditar a España tras haber sido detenida el pasado 1 de mayo en París. Manifestante habitual de los chalecos amarillos, esta joven, de 34 años, que entonces estaba embarazada, se dirigía esa mañana a una concentración ecologista. En uno de los múltiples controles preventivos de las fuerzas de seguridad la detuvieron por llevar un escudo pintado de morado que utilizaba asimismo como pancarta. En él había escrito: “Soy una utopista pacífica, esto solo sirve para protegerme, no os atacaré”.

“También encontraron en mi mochila una máscara para protegerme de los gases lacrimógenos y a partir de esto me acusaron de formar parte de un tumulto con el objetivo de cometer actos violentos y degradaciones”, explica Camelia. Tras haber estado detenida durante más de 30 horas en una comisaría, “me dijeron que estaba libre de todos los cargos por los que me habían acusado, pero que era objeto de una demanda de extradición a España”. Por este motivo, la encarcelaron durante cuatro días en un centro de retención administrativa, el equivalente de un CIE en Francia. Tras su liberación, se encuentra a la espera de que la justicia francesa se pronuncie el 9 de septiembre sobre su posible deportación a territorio español.

El caso de Camelia simboliza la represión contra los chalecos amarillos. Para padecer la acción de un gobierno iliberal, que vulnera derechos fundamentales, no hace falta irse hasta la Europa del Este. Es suficiente con cruzar los Pirineos.