Macron pone en jaque el modelo de vivienda social en Francia

“La vivienda representa un gasto público de 40.000 millones y cuatro millones de franceses están mal alojados, nuestra política no funciona”. El presidente francés, Emmanuel Macron, justifica con esta visión catastrofista sus reformas neoliberales en el sector inmobiliario. Tras haber sacudido los fundamentos del derecho laboral galo y de la compañía ferroviaria SNCF, Macron ha puesto ahora en jaque el modelo de vivienda social en Francia, uno de los países de la Unión Europea con un parque público más importante, junto con Austria y Holanda. Unas reformas impulsadas con la nueva Ley de Evolución de la Vivienda y Urbanización Digital (la Ley Elan, por sus siglas en francés).

Aprobada este martes en primera instancia en la Asamblea Nacional, la Ley Elan ha sido impulsada con la premisa de construir “más rápido y más barato”. Promover la venta de apartamentos sociales, crear un alquiler de movilidad de corta duración o derogar la obligatoriedad de las limitaciones en los precios del alquiler: son las principales recetas mágicas de Macron para el sector inmobiliario.

Criticadas tanto por expertos como por asociaciones defensoras del derecho a la vivienda, estas medidas han hecho que este texto sea considerado como “el peor proyecto de ley desde el inicio del quinquenio de Macron”, según la presidenta del grupo parlamentario socialista, Valérie Rabault.

De hecho, Macron ya redujo en cinco euros mensuales las ayudas al alquiler en julio del año pasado, una bajada que ha llegado a ser de 60 euros para los inquilinos del parque público. Esta medida ha repercutido en los organismos encargados de gestionar las viviendas de protección oficial, puesto que tuvieron que bajar los alquileres para compensar esta disminución.

“Con los presupuestos de 2018, los gestores de las viviendas sociales sufrimos unos recortes de unos 1.700 millones de euros. Esto representa un ataque al modelo de la vivienda social en Francia”, explica en declaraciones a El Salto Cédric Van Styvendael, presidente de Housing Europe, la federación europea de viviendas protegidas. Para Van Styvendael, “esto empuja el sector hacia la privatización”, y a la venta de inmuebles para compensar los recortes en las inversiones estatales.

Esta financiarización del parque público se verá acelerada con el nuevo texto. La Ley Elan facilita la venta de inmuebles protegidos, ya que dejará de ser obligatoria una autorización del Estado. Los precios podrán ser fijados libremente en el caso de que la venta se produzca con otro constructor. Las autoridades municipales perderán el derecho prioritario en las adquisiciones de vivienda social. Además, obligará a fusionar todos aquellos organismos que dispongan de un patrimonio inferior a 15.000 apartamentos sociales.

Favorecer la entrada de capitales privados

“Esta medida favorecerá que desparezca la relación de proximidad entre los inquilinos y los gestores de los inmuebles de protección”, critica Jean-Baptiste Eyraud, portavoz de la asociación Droit au logement (DAL). Este militante asociativo teme que “dejará de tener sentido la legislación francesa que obliga a las ciudades a disponer de un 25% de apartamentos protegidos”. Con la nueva ley, las viviendas sociales seguirán contabilizando en el 25% del parque público durante los diez años siguientes a su venta. Hasta ahora era sólo cinco.

Aumentar las operaciones de compraventa de viviendas protegidas y favorecer la entrada de capitales privados: son las apuestas de Macron para acelerar la construcción de inmuebles sociales. Tras haber pretendido multiplicar por diez el número de viviendas protegidas vendidas cada año, ahora el Ejecutivo centrista aspira a alcanzar unas 40.000 ventas anuales. Una cifra muy superior a las 8.000 transacciones del año pasado.

Como contrapartida, confía en que el mercado impulsará de manera significativa la construcción de inmuebles de protección y este incremento de la oferta reducirá los precios. Sin embargo, la construcción de viviendas sociales ya goza de una buena salud en Francia, con 160.000 en 2016. “Junto con Austria, es el país europeo que construye un mayor número de inmuebles de protección”, explica Van Styvendael.

“Haría falta incrementar el parque inmobiliario en un 1,5% cada año —unas 400.000 viviendas (en su récord en 2007 antes de la crisis en Francia, estas se situaron en 500.000)— para que los precios bajaran como mucho un 1%. Esta supuesta disminución difícilmente compensará el aumento espectacular de los precios en ciudades como París, donde se han triplicado durante los últimos treinta años”, explica el economista Pierre Madec, miembro del OFCE. Según este especialista en el sector inmobiliario, “con la nueva Ley Elan existe el temor de que el modelo inmobiliario francés siga el mismo ejemplo que el modelo británico durante la década de los ochenta, cuando se apostó por vender inmuebles a familias con escasa solvencia económica”.

Esta política de ventas y privatización del parque público, que también se ha producido en Alemania y Holanda, tuvo consecuencias nefastas en el Reino Unido. Impulsó una caída espectacular del número de viviendas públicas construidas cada año. Estas pasaron de 200.000 anuales en 1979 a sólo 23.000 en 1990. “El trágico incendio de la torre Grenfell —en el que murieron 71 personas en junio del año pasado— nos muestra los peligros de gestionar un inmueble social siguiendo sólo los intereses financieros”, advierte el presidente de Housing Europe. En el caso de la torre Grenfell, los estándares de seguridad eran los mínimos.

Estas deficiencias del modelo británico contrastan con el balance positivo del francés. Los cinco millones de viviendas sociales que hay en Francia (por las menos de 400.000 en España) han servido para proteger a los más desfavorecidos ante las burbujas inmobiliarias y sus consecuencias humanas trágicas, como el endeudarse hasta el cuello o los desahucios. Sólo el 5% de las familias francesas dedican un 40% de sus ingresos a los gastos por el hogar, mientras que en Alemania representan el 15%. La media europea es del 10%. Esto no significa que el modelo francés sea perfecto. El alojamiento en París resulta carísimo. Y 1,9 millones de franceses esperan que les concedan una vivienda oficial.

Freno a la limitación de los alquileres

Además de cuestionar el modelo de vivienda social, la Ley Elan menoscaba la limitación en los precios en el alquiler, impulsada por el anterior gobierno socialista. Este dispositivo fijaba desde 2017 que el precio del alquiler no podía superar en un 20% el barómetro indicado por las autoridades locales. Tras haber entrado en vigor en París y Lille, este tenía que establecerse obligatoriamente en las 28 principales áreas metropolitanas francesas. No obstante, esta medida ya sufrió un freno con su anulación en otoño del año pasado por los tribunales de París y Lille. A partir de ahora, sólo podrá ser adoptada de manera temporal y experimental, según el criterio de cada localidad. “Esto impedirá comparar y ver los resultados de esta política”, lamenta Madec.

Mientras relega a un segundo plano la regulación del alquiler, la propuesta estrella de Macron para los inquilinos es la creación de un “contrato de movilidad”, también conocido como “contrato de precariedad”. Con una corta duración, de uno a diez meses, no renovables, esta nueva figura jurídica está destinada, según el Ejecutivo, a jóvenes que se desplazan por estudios o por un trabajo temporal. “Pero este contrato favorecerá a los propietarios que quieren aumentar la renta de su inmueble, alternando servicios de Airbnb (limitados a un máximo de 120 noches en Francia) con contratos de corta duración”, advierte Eyraud.

El Gobierno francés también pretende flexibilizar las reglas de accesibilidad para discapacitados. Obligatorias hasta ahora en todas las viviendas, sólo el 10% de los nuevos hogares tendrá que estar habilitado para favorecer el acceso a personas con minusvalías físicas. Una medida destinada a reducir los costes de construcción.

En cambio, la Ley Elan incorpora algunas concesiones a la izquierda francesa. Por un lado, endurecerá las multas, de 10.000 a 50.000 euros, para las plataformas de apartamentos turísticos como Airbnb que alquilen hogares sin la reglamentación pertinente o que superen las 120 noches anuales. Por el otro, aumentará las penas hasta cinco años de prisión y 150.000 euros de multa para los “comerciantes del sueño”. Es decir, aquellas personas que explotan a otras alquilándoles alojamientos con condiciones indignas.

“Son medidas que van en la buena dirección, pero resultan insuficientes. La Ley Elan beneficiará sobre todo al sector inmobiliario”, lamenta Eyraud. Unas concesiones hechas por Macron a las constructoras y los intereses financieros a cambio de seguir desmantelando el avanzado modelo social francés.