Fiscalidad
Las tasas Tobin y Google del Gobierno, tarde, insuficientes y con recaudaciones infladas

El Consejo de Ministros aprueba hoy el anteproyecto de ley del impuesto a las transacciones financieras y el impuesto a las grandes empresas de servicios digitales, pero las cifras y su alcance no convencen a organizaciones sociales ni a los técnicos de Hacienda.


publicado
2019-01-18 12:34

El Gobierno parece que quiera dar pasos para gravar a las grandes empresas en este 2019. Para ello, el equipo de Pedro Sánchez ha rescatado un impuesto que lleva años atascado en los cajones de los gobiernos de los Estados miembro de la Unión Europea, el impuesto a las transacciones financieras (ITF), también conocido como la tasa Tobín, y un nuevo impuesto, también aprobado en Bruselas, pero en el que el Estado español será pionero en su aplicación, el impuesto a las grandes empresas de servicios digitales, la llamada tasa Google.

Según recoge el proyecto de Presupuestos Generales del Estado 2019 (PGE), el Gobierno prevé recaudar 1.200 millones de euros gracias al impuesto que se impondrá a las grandes empresas tecnológicas, que tienen unos ingresos totales de 750 millones de euros y que en España tienen una facturación superior a los 3 millones de euros. Este impuesto, que ha sido a propuesta de la Comisión Europea tras postergar el debate sobre cómo gravar la actividad de las grandes empresas tecnológicas globales, gravará con un 3% los ingresos de publicidad online, intermediación y venta de datos de usuarios en territorio español, algo por lo que hasta el momento no pagaban nada.

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En cuanto a la tasa Tobin, el PSOE cree que podrá recaudar unos 850 millones de euros gravando las transacciones financieras en operaciones de compra de acciones de empresas cotizadas en España. El impuesto cobrará un 0,2% de las operaciones de compra de acciones de empresas con una capitalización bursátil superior a los 1.000 millones de euros.

Pero la aprobación de estos dos impuestos, en medio de una tortuosa carrera por sacar adelante estos PGE, ha levantado muchas suspicacias sobre su alcance, efectividad y sobre el excesivo optimismo de las cifras de recaudación.

Para el portavoz del Sindicato de Técnicos de Hacienda (Gestha), Carlos Cruzado, las cifras puede que estén sobrevaloradas, pero sobre todo ve un problema clave dadas las fechas en las que estamos: “Parece difícil que puedan llegar a ser aprobadas en un plazo suficiente como para repercutir en los ingresos de 2019, sobre todo teniendo a PP y Ciudadanos como posición obstruccionista en la mesa del Congreso, donde pueden demorar la aprobación prorrogando continuamente el plazo de enmiendas”. Algo en lo que coincide Susana Ruíz, responsable del departamento de fiscalidad justa de Oxfam, que, por este mismo motivo y por los cálculos hechos por las instituciones europeas, cree que los cálculos están completamente inflados: “Solo hay que ver los cálculos que hicieron desde Europa para los dos impuestos para darse cuenta de que los cálculos que ha hecho el Gobierno son poco realistas”, explica en referencia a los 1.250 millones que los PGE prevén recaudar con la tasa Google, cuando Bruselas hizo una previsión de unos 5.000 millones de recaudación entre toda la Unión Europea.

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Aun así, Ruíz es positiva en el análisis, al considerar esta medida “como una primera fase de algo que será más a largo plazo”. Cruzado está de acuerdo en que el anuncio de que se aprueben estos dos impuestos es un paso adelante para la justicia fiscal, pero con una puntualización: “También es indicativa del fracaso de la Unión Europea, de la incapacidad de implementar estos impuestos a nivel europeo, cómo sería deseable”, lamenta.

Además, Ruíz cree que es necesario recordar al Gobierno que ese impuesto a las tecnológicas es compensatorio y, por lo tanto, temporal mientras se diseña un tipo de tributación para la economía digital que debería entrar en vigor en 2021.

Todas las fuentes consultadas sobre la tasa Tobín coinciden en que ésta se deja fuera lo más importante: “Es muy limitado y se deja fuera los derivados”. El ITF que llevan reclamando años organizaciones de la sociedad civil como Attac, que le debe su nombre al impuesto, se centraba primordialmente en gravar todo tipo de transacciones financieras, ya que el gran montante de transacciones financieras a nivel mundial son operaciones de derivados. "En Attac siempre hemos exigido el ITF con el objetivo de limitar la especulación, especialmente en los productos derivados y las operaciones a corto plazo hechas mediante algoritmo", explica a El Salto Cuca Hernández, coordinadora de Attac España, "pero a propuesta que presenta el gobierno no tiene esa ambición, se queda en un impuesto a la compraventa de acciones, con una pobre ambición recaudatoria, que además no será excesivamente importante, lo cual es insuficiente", lamenta.

“Se deja fuera las operaciones más especulativas”, lamenta en la misma línea la responsable de Oxfam. Algo en lo que coincide Xavier Martínez, integrante de la Plataforma por una Fiscalidad Justa, quien cree que la relación de exenciones que tiene esta tasa Tobín contempla una casuística muy amplia que cree que puede erosionar la recaudación final. Lo Martínez tiene claro es que “este impuesto debería estar armonizado en toda la Unión Europea”. Hernández entiende ese último punto como la pérdida de una importante ocasión para implementar la tasa Tobín en la Unión Europea, ya que sobre la mesa de Bruselas había una propuesta de realizar una cooperación reforzada entre los diez países que lo respaldaron: "Esa propuesta europea también se quedaba corta, pero era bastante más ambiciosa que la presentada por el PSOE", sentencia.

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