Extrema derecha
Sumar pregunta a Marlaska si va a ilegalizar al “grupo violento” Desokupa

El anuncio por parte del Sindicato Unificado de Policía de que ha firmado un acuerdo con el grupo parapolicial dedicado a desalojos ilegales Desokupa para que este, dirigido por Daniel Esteve, forme en defensa personal a agentes de policía ha encontrado respuesta por parte del Grupo Parlamentario Sumar, que ha registrado ante la Mesa del Congreso una serie de preguntas dirigidas al ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska.

Desde Sumar resaltan que “el grupo violento Desokupa ha sido denunciado en numerosas ocasiones por organizaciones en defensa de los derechos humanos por realizar afirmaciones xenófobas, fascistas, organizarse paramilitarmente y actuar vulnerando la legislación vigente y los derechos humanos”.

Las preguntas registradas por Iñigo Errejón, Enrique Santiago, Lander Martínez y Félix Alonso inciden en la ilegalidad de que policías en activo reciban formación en defensa personal por parte de Desokupa, que ha anunciado que dicha formación servirá para “limpiar la calle de ratas”, a través del SUP, que asegura que serán cursos homologables y baremables. En ese sentido, los diputados de Sumar preguntan a Marlaska si el SUP ha solicitado al Ministerio de Interior alguna formación específica para agentes de policía que no haya sido atendida por este que pudiera explicar que ese sindicato organice actividades de formación con Desokupa. Con carácter más general, desde Sumar quieren saber las medidas que va a adoptar Interior para “impedir que grupos de civiles violentos formen a miembros de la policía en activo”.

Asimismo, los diputados de Sumar preguntan a Marlaska si Interior va a iniciar actuaciones para que los tribunales ilegalicen “grupos escuadristas” como Desokupa, “a la vista de su interés en penetrar en las fuerzas de seguridad y atendiendo a la prohibición de grupos paramilitares que se incluye en el artículo 22 de la Constitución”.

Desde Sumar también inquieren al ministro por la información en poder de Interior sobre la penetración de personas o grupos de extrema derecha “en estructuras tan relevantes para el Estado como los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad”.

Según la agencia EFE, el Ministerio del Interior estudia si abre un expediente e impugna el convenio suscrito entre el Sindicato Unificado de Policía (SUP) y Desokupa para impartir un curso de formación en defensa personal a agentes en España. Según fuentes del departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska, se trata de cursos no homologables que “no cuentan con ningún respaldo por parte de la Dirección General de la Policía (DGT)”, y aclaran que la formación de la Policía es impartida por la División de Formación y Perfeccionamiento y el Centro Universitario.

La Agrupación Reformista de Policías también ha contestado al anuncio del SUP, mostrando en un comunicado su “total rechazo” al contrato de colaboración en materia de formación de este con “el denominado Club Desokupa, conocido por sus prácticas contrarias a los principios democráticos exigibles en el Cuerpo Nacional de Policía, a cualquier servidor público. Este acuerdo produce en el colectivo y en la sociedad una amenaza grave y directa al respeto de los valores democráticos y al cumplimiento del orden constitucional en el que debe basarse el trabajo de todos los miembros de los cuerpos policiales, dependientes del Gobierno de la Nación y de las distintas administraciones Locales y Autonómicas”.

Para la Agrupación Reformista de Policías, la formación de agentes por parte de una organización de extrema derecha podría “introducir sesgos y prejuicios en la actuación policial, comprometiendo su capacidad de actuar de manera justa y equitativa. Además, la Policía Nacional debe ser un ejemplo de integridad y neutralidad política, y la colaboración con Club Desokupa pone en entredicho el compromiso de la Policía Nacional con el Estado de Derecho y los Principios Democráticos”. 

En mayo de 2023, la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, anunció que su formación iba a promover una reforma del Código Penal para “perseguir expresamente a las personas y empresas que, movidos por el ánimo de lucro, hostiguen, acosen, discriminen o intimiden a personas en situación de vulnerabilidad”. En el foco de esa reforma estaba la empresa de desalojos Desokupa, de la que Belarra dijo que “son un problema democrático grave, son el germen de un comando parapolicial y no vamos a permitir que haya gente que se lucre extendiendo el odio al vulnerable, la aporofobia”.

La trayectoria de Desokupa, nacida en 2016, está marcada por acciones violentas y por las denuncias que tanto las víctimas de sus métodos como extrabajadores han realizado sobre un modus operandi en el que se dan todo tipo de actividades ilegales. No se trata de la única empresa de estas características pero sí de la que ha adquirido más relevancia por el uso de las redes sociales y la exaltación de la violencia que acompaña a sus vídeos.