Extractivismo
La Corte Interamericana resolverá el caso La Oroya en Perú

La Oroya es una pequeña ciudad minera situada en la vertiente oriental de la cordillera de los Andes en el departamento de Junín, Perú. En 1922, Cerro de Pasco Cooper Corporation construyó un centro metalúrgico eligiendo este lugar por su estratégica posición geográfica para recibir y transformar minerales de todo el Perú. En La Oroya convergen diferentes carreteras que la convierten en un punto de paso obligado para el acceso a la sierra y la selva central. El centro recibía minerales, incluso de otros países, y los transformaba en lingotes y derivados. Durante 100 años el pueblo creció alrededor de la metalurgia y la pequeña agricultura y ganadería preexistente desapareció. La contaminación con metales pesados procedente de las chimeneas afectó gravemente a la población y trabajadores. Por ello, esta ciudad ha compatibilizado el título de Capital Metalúrgica del Perú y Sudamérica, que todavía aparece en desgastados carteles en la ciudad, junto al de ser una de las 10 ciudades más contaminadas del mundo.

En estos momentos, el centro metalúrgico se encuentra aparentemente sin actividad después de un proceso de restructuración de pasivos iniciado en 2009 y en el que recientemente con una dación en pago a los trabajadores se les ha entregado la instalación fabril a cambio de salarios adeudados. Otro activo de Doe Run, la minera Cobriza, situada en Huancavelica, fue vendida a una empresa china por 20 millones de dólares. Los efectos de la contaminación todavía perduran en la población local.

En estos momentos, el centro metalúrgico se encuentra aparentemente sin actividad después de un proceso de restructuración de pasivos iniciado en 2009 y en el que recientemente con una dación en pago a los trabajadores se les ha entregado la instalación fabril a cambio de salarios adeudados

En la historia de la Oroya se entremezclan las vivencias de sus pobladores y un sinfín de controversias legales y políticas. Durante todos estos años se han sucedido concesiones, expropiaciones, privatizaciones y un sinfín de juicios, en todas las instancias y foros, todo ello marcado por la permisibilidad estatal para que la industria siguiera en funcionamiento, a pesar de las evidencias del daños que ocasionaba.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos escuchará en audiencia pública durante la segunda semana de octubre el caso de la comunidad de La Oroya contra el Estado de Perú en unas sesiones que tendrán lugar en Montevideo (Uruguay). Anteriormente, en octubre de 2020, tras 15 años de demanda internacional contra el Estado peruano, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos estableció la responsabilidad internacional del Estado en la violación de derechos humanos de residentes de La Oroya y presentó el caso ante la Corte Interamericana. Las organizaciones que han representado legalmente y acompañado a un grupo de las víctimas desde el inicio del caso, son la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), junto con la Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH).

La semana anterior a la audiencia acompañé a Christian Huaylinos, abogado de APRODEH, quien visitó la zona para ultimar detalles relacionados con el caso. Lleva más de diez años siguiendo el juicio ante el sistema interamericano de derechos humanos y realizado incontables viajes por carretera desde Lima hasta La Oroya por la carretera central de Perú. Una carretera de doble vía conocida por su peligrosidad y accidentes. Durante el trayecto de 176 kilómetros centenares de vehículos pesados van y vienen de esa zona minera transportando concentrados de minerales con destino principal a los depósitos del puerto del Callao, desde donde por vía marítima son despachados al mercado internacional.

En el camino se pueden ver otras instalaciones mineras. Una vez que se alcanza la cima del recorrido en Ticlio, a una altura de 4.818 metros sobre el nivel del mar, se inicia un descenso que pasa por otra mina a tajo abierto operada desde hace diez años por la compañía estatal china Chinalco que desplazó el pueblo de Morococha y que ha dado lugar a otros conflictos medioambientales.

Una vez que se alcanza la cima del recorrido en Ticlio se inicia un descenso que pasa por otra mina a tajo abierto operada desde hace diez años por la compañía estatal china Chinalco que desplazó el pueblo de Morococha y que ha dado lugar a otros conflictos medioambientales

Cuando llegamos a La Oroya antigua, la parte de la ciudad más cercana al centro metalúrgico, se puede comprobar que algunas casas se encuentran a solo 50 metros de este y que uno de los accesos a la empresa está junto al cruce de carreteras que la convirtieron en centro neurálgico de la industria metalúrgica latinoamericana. Los cerros entre los que se enclava la población y la propia fábrica están teñidos de un blanco que le da una apariencia de paisaje calcinado. A pesar de la altura de las chimeneas, la topografía y las inversión térmica facilitan que la contaminación atmosférica cubra la ciudad y se mantenga por largos periodos, en vez de dispersarse en la atmósfera. 

Aunque numerosos estudios confirmaron el impacto por el plomo, metales pesados y el riesgo para la salud pública y el medio ambiente, el Estado peruano niega ante la Corte Interamericana la contaminación y su relación causa efecto con las enfermedades de los pobladores. Las promesas en materia medioambiental del dirigente sindical Pedro Castillo, actual presidente del Perú, no se han traducido en acciones efectivas que remedien la situación. Aunque Perú insista en negar su responsabilidad -y hasta la contaminación- el Gobierno revolucionario del General Velasco, cuando en 1973 nacionalizó Cerro de Pasco Corporation, mediante el Decreto Ley nº 20492, declaró oficialmente que lo hacía por no atender los requerimientos de los órganos competentes del Estado: ha incumplido sistemáticamente las obligaciones de higiene, vivienda y seguridad..., como consecuencia de su actividad empresarial, Cerro Pasco Corporation ha contaminado las aguas de la laguna Huascacocha y de los ríos Rímac, Mantaro y San Juan y, pese a los requerimientos del Estado, aun cuando reconoce que continua produciendo tal contaminación, no ha ejecutado proyectos de inversión destinados evitar dicha contaminación para corregir los graves daños que causa a la agricultura de la región, y a la fauna de los ríos y de dicha laguna; y, tampoco ha ejecutado proyectos específicos para evitar contaminación ambiental que reconoce producir desde hace años por la actividad de la fundición y de otras instalaciones metalúrgicas en La Oroya”.

En 1997, Alberto Fujimori, el Presidente elegido democráticamente que devino en dictador por un auto-golpe, inició una serie de reformas económicas y privatizaciones entre las que incluyó La Oroya que fue adjudicada a la Doe Run Company. La multinacional norteamericana es una filial The Renco Group, Inc donde fue condenada por contaminación por plomo de la fundición que procesa diversos metales en Herculaneum, ciudad del estado de Misuri.

En 1997, Alberto Fujimori, el Presidente elegido democráticamente que devino en dictador por un auto-golpe, inició una serie de reformas económicas y privatizaciones entre las que incluyó La Oroya que fue adjudicada a la Doe Run Company

En aquella época empezó a surgir en La Oroya un movimiento ciudadano de los pobladores preocupados y afectados por la salud. El conflicto llegó al extremo de que fueron hostilizados y agredidos por los trabajadores de la empresa, sin que el Estado protegiera a los agredidos.

En 2006, el Tribunal Constitucional ordenó al gobierno tomar medidas para salvaguardar la salud de todos los pobladores de La Oroya. Y en agosto de 2007 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dictó unas medidas cautelares para proteger la salud de 79 personas contaminadas con metales pesados. Ninguna de estas medidas se han cumplido hasta el momento.

En 2007 y 2008, se interpuso en Estados Unidos una demanda contra estas empresas norteamericanas en Estados Unidos en nombre de varios cientos de niños de La Oroya, ampliándose después a 1.760 niños, por daños personales y materiales resultantes por exposición al plomo y a la contaminación ambiental.

Por su parte DOE RUN demandó al Estado peruano ante el CIADI (Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones) pidiendo una indemnización de 800 millones de dólares, amparándose en el Tratado de Libre Comercio (TLC), aunque la demanda fue desestimada no se descarta que la multinacional norteamericana acuda de nuevo a dicho organismo con otra millonaria reclamación.

En el proceso concursal ninguna empresa se hizo con el centro metalúrgico  y, finalmente, un grupo de trabajadores constituidos en empresa, bajo el nombre de  METALÚRGICA BUSINESS PERÚ, han resultado adjudicatarios de las instalaciones de la empresa en La Oroya, mediante una dación en pago por los salarios que se les adeudan. 

En 2007 y 2008, se interpuso en Estados Unidos una demanda contra estas empresas norteamericanas en Estados Unidos en nombre de varios cientos de niños de La Oroya, ampliándose después a 1.760 niños, por daños personales y materiales resultantes por exposición al plomo y a la contaminación ambiental

En una de las entradas del CMLO un letrero anuncia “bienvenidos METALURGICA BUSINESS PERU”. Aunque el nombre de la sociedad constituida por los trabajadores ya indica la nueva propiedad, en la parte de atrás todavía figuran y pueden verse la antiguas palabras DOE RUN en relieve. De fondo, un cartel envejecido reza “Doe Run operando con responsabilidad social”. Es poco probable que los trabajadores puedan dar continuidad a la planta cuando los procesos de licitación para encontrar un sucesor a la DOE RUN resultaron desiertos por las exigencias financieras y responsabilidades que contrae una empresa que quiera hacerse cargo de un complejo con semejantes pasivos ambientales. Resulta inquietante que todo ello pueda ser una maniobra para que Doe Run Peru se desvincule de La Oroya.

En este contexto, el resultado ante la Corte será trascendental para el Perú. Para Christian Huaylinos, “el caso de La Oroya significa una oportunidad histórica para el sistema interamericano de derechos humanos. Al ser el primer caso que documenta una situación de contaminación ambiental que causó graves afectaciones a la vida y la salud de una población por la exposición a metales pesados y otras sustancias nocivas, permitirá que la Corte IDH avance su jurisprudencia para promover y fortalecer estándares de protección a los derechos humanos en las obligaciones estatales para la protección de  poblaciones  que  puedan  estar  en  particular  situación  de vulnerabilidad, como las  niñas, niños, adolescentes y adultos mayores”.

Augusto Castro, director del Instituto de Ciencias de la Naturaleza, Territorio y Energías Renovables (INTE – PUCP), en la presentación del estudio “El pacto faústico de La Oroya: el derecho a la contaminación «beneficiosa»” del sociólogo Fernando Bravo Alarcón afirmaba que existe “una estrecha relación entre la empresa y los trabajadores. En muchísimos lugares del Perú, en los tiempos actuales, las comunidades no quieren la actividad minera y la rechazan. Pero los trabajadores mineros de La Oroya reclamaron siempre la presencia minera y la apoyaron totalmente. Esto nos muestra las características particulares que tienen los llamados conflictos sociales y ambientales; y también muestra la precariedad y vulnerabilidad del Estado para exigir el cumplimiento de la ley a determinadas empresas. Este último punto nos lleva a una reflexión ética sobre el comportamiento social y político de los líderes de la nación. El asunto de La Oroya —que atraviesa todo el siglo XX y llega al siglo XXI— muestra cómo el Estado peruano ha permitido y tolerado la práctica contaminante de la Cerro Pasco Corporation, de CENTROMIN y de Doe Run Perú. Esta práctica es una falta gravísima no solo en materia social y ambiental, sino centralmente en materia política y principalmente, ética. El caso de La Oroya muestra la poca consistencia moral de nuestro Estado, las ambiciones desmedidas de las empresas, y la precariedad y vulnerabilidad de los dirigentes sindicales y sus autoridades locales” .

El afán extractivista de la economía global y la demanda incesante de recursos naturales va a seguir generando conflictos medioambientales —en Perú, Latinoamérica y en todo el mundo—, de ahí la importancia de pronunciamientos como el que se espera de la Corte Interamericana en los que está en juego no solo la justa reparación de los afectados de La Oroya sino de la preservación del medioambiente en su conjunto.