Etiopía
El acuerdo de paz de la región etíope de Tigray, al borde del colapso

La región de Tigray (estado del norte de Etiopía, fronterizo con Eritrea y de mayoría de población tigré) fue escenario de un conflicto armado entre 2020 y 2022, que causó alrededor de 600.000 víctimas mortales, según análisis, como consecuencia de los enfrentamientos y la hambruna a la que Etiopía sometió a la región septentrional etíope, convirtiendo el año 2022 en el más violento desde le genocidio de Rwanda de 1994.

El nombramiento de Abiy Ahmed como nuevo primer ministro de Etiopía a principios de 2018 propició importantes y positivos cambios a nivel interno y a nivel regional en Etiopía. Sin embargo, desde su ascenso al poder, el partido Frente de Liberación Popular de Tigray (TPLF) y el liderazgo de la comunidad tigré, antaño núcleo duro de la coalición en el poder (EPRDF), vio erosionado su poder respecto a la toma de decisiones en el Gobierno federal. En paralelo, el conflicto entre Eritrea y Etiopía entre 1998 y 2000 tuvo su origen en las disputas fronterizas entre ambos países.

Tigray, como estado fronterizo en el que se tienen que implementar decisiones relativas al acuerdo entre Eritrea y Etiopía, como la demarcación fronteriza y el estatus de la localidad de Badme, se vio marginada del proceso de paz entre ambos gobiernos en 2018. A eso se sumó la marginación progresiva del TPLF del poder central, creando un clima de tensión creciente que culminó con el estallido de un conflicto armado entre Etiopía y la oposición político-militar de Tigray (cuerpos de seguridad de Tigray vinculados al TPLF y milicias TDF). La crisis adquirió dimensiones regionales por la implicación del estado eritreo a favor de Addis Abeba, junto a milicias y cuerpos de seguridad de la vecina región etíope de Amhara, también en apoyo de Etiopía, causando graves atrocidades y miles de víctimas mortales.

A finales de 2022 se alcanzó un acuerdo entre el Gobierno de Etiopía y el TPLF, facilitado por la Unión Africana, del que esta vez se excluyó a Eritrea. Desde entonces se ha ido implementando el acuerdo de paz de Pretoria, no exento de dificultades y de un elevado clima de tensión debido a las fracturas en el seno de la antigua rebelión liderada por el TPLF, así como entre la nueva administración transitoria liderada por el TPLF y el Gobierno Federal, y a las tensas relaciones entre Eritrea y Etiopía.

Riesgos de una reapertura de la guerra 

Durante los primeros meses de 2026 se aceleró el deterioro de las relaciones entre Addis Abeba y el TPLF, en un contexto marcado por el incumplimiento parcial de varios puntos esenciales del acuerdo de Pretoria. Siguen sin resolverse cuestiones clave como los litigios territoriales, la reintegración de combatientes, la justicia transicional o el retorno de desplazados, lo que ha alimentado un escenario descrito por analistas como de inestabilidad gestionada: la guerra a gran escala ha terminado, aunque podría retornar, pero las causas estructurales del conflicto permanecen intactas. No obstante, la negativa evolución de los acontecimientos en los últimos meses podrían precipitar un reinicio del conflicto armado.

La división del TPLF se formalizó con el anuncio de una nueva formación, la Tigray Democratic Solidarity (Simret), integrada por figuras escindidas del TPLF, como el expresidente interino, Getachew Reda, lo que rompió el monopolio político que el partido había mantenido durante décadas. Durante el último trimestre de 2025 se evidenció la fragilidad del alto el fuego. En noviembre, se produjeron enfrentamientos entre fuerzas vinculadas al TPLF y la llamada Tigray Peace Force (escisión del TPLF acusada de recibir apoyos del Gobierno Federal) en la frontera entre Tigray y Afar que causaron una decena de víctimas mortales.

El 7 de noviembre, el Ejército Federal lanzó un ataque con drones contra una posición de los cuerpos regulares de la administración regional, cerca de la frontera, el primero desde la firma del acuerdo de paz, tras acusaciones de incursiones tigrayanas en territorio afar. El episodio causó víctimas y desplazamientos, y fue denunciado por el TPLF como una violación del alto el fuego. La volatilidad de la situación evidenció el riesgo de una ruptura del alto el fuego que reabriera los enfrentamientos a gran escala entre el Ejército federal y los cuerpos de seguridad del TPLF.

La guerra a gran escala ha terminado, aunque podría retornar, pero las causas estructurales del conflicto permanecen intactas

La crisis se agravó en abril de 2026, cuando el Gobierno federal prorrogó unilateralmente por un año el mandato de Tadesse Werede al frente de la Administración Regional Interina de Tigré (ARI). El TPLF denunció la decisión como una violación del acuerdo de Pretoria —por el intervencionismo del Gobierno Federal en el ámbito de toma de decisiones de la ARI— y anunció su intención de restablecer las instituciones regionales previas a la guerra 2020-2022— en las que el TPLF tenía autonomía plena. En mayo, el partido dio un paso más al destituir a la administración respaldada por Addis Abeba y asumir directamente el control político de la región bajo el liderazgo de Debretsion Gebremichael. Este movimiento fue interpretado como un desafío frontal a la autoridad federal y como una ruptura de facto del delicado equilibrio alcanzado tras la guerra, según destacó el International Crisis Group (ICG).

La tensión siguió aumentando en junio. El TPLF advirtió del riesgo de un nuevo conflicto, aprobó medidas de movilización militar obligatoria y acusó al Gobierno federal de concentrar fuerzas alrededor de la región. Por su parte, Addis Abeba denunció que sectores del TPLF preparaban una nueva ofensiva con apoyo eritreo. La imposición de restricciones de visado por parte de EEUU contra actores relevantes de Tigray —y sus entornos familiares— considerados responsables de la escalada reflejó la creciente preocupación internacional por una posible reactivación del conflicto en el norte del país.

Las elecciones generales del 1 de junio estuvieron condicionadas por este contexto de inseguridad. El Partido de la Prosperidad del primer ministro Abiy Ahmed obtuvo una amplia victoria, con 438 de los 501 escaños parlamentarios en disputa. Sin embargo, la legitimidad del proceso quedó parcialmente empañada por la imposibilidad de votar en la región de Tigray y en varias circunscripciones de Amhara debido a la falta de control efectivo del Estado y a la persistencia de la violencia. Más de 140 centros electorales tuvieron que cerrar temporalmente por incidentes de seguridad.

Por otra parte, la situación en Amhara continuó siendo grave. Las milicias Fano intensificaron sus operaciones contra las fuerzas federales y trataron de sabotear el proceso electoral mediante restricciones de movimiento y ataques coordinados por la Amhara Fano National Movement (AFNM). Según ACLED, el día de las elecciones se registraron alrededor de 90 enfrentamientos armados entre combatientes Fano y las fuerzas de seguridad, una de las jornadas más violentas desde el inicio de la insurgencia en 2023. La creciente coordinación entre las distintas facciones Fano sugiere una consolidación operativa del movimiento, pese a los esfuerzos gubernamentales por debilitarlo, según ACLED. En comparación, ACLED registró 108 enfrentamientos en los que participaron milicias Fano durante todo el mes de mayo.

Por último, en Oromiya, la insurgencia del Ejército de Liberación Oromo (OLA) mantuvo una elevada capacidad de desestabilización. Durante el periodo electoral impuso restricciones de movimiento en amplias zonas y protagonizó ataques contra fuerzas gubernamentales y población civil. Especial preocupación generó los ataques contra comunidades cristianas ortodoxas en la zona de Arsi, donde se registraron víctimas mortales, desplazamientos y destrucción de iglesias y viviendas. Los combates entre el OLA y el Ejército continuaron concentrándose en las zonas occidental y central de la región.

En conclusión, el acuerdo de paz de Pretoria atraviesa una fase crítica por las crecientes tensiones entre el Gobierno etíope y el TPLF, mientras persisten las causas estructurales del conflicto de Tigray. A ello se suman las insurgencias de Fano en Amhara y del OLA en Oromiya, configurando un escenario de elevada fragilidad política y riesgo de una nueva fase de inestabilidad generalizada, con consecuencias potencialmente graves para todo el Cuerno de África.