Espionaje
Cinco mujeres se querellan por abusos sexuales contra el policía infiltrado en los movimientos sociales

D.H.P., iniciales reales y de su nombre ficticio como agente de policía encubierto, estuvo tres años infiltrado en los movimientos sociales catalanes. Para ello, mantuvo relaciones con al menos ocho mujeres activistas, a las que utilizó para integrarse en varios colectivos y espacios autogestionados. Hoy, cinco de ellas han anunciado que presentarán una querella contra este agente de policía, su superior jerárquico y el Ministerio de Interior como responsable civil subsidiario por delitos de abusos sexuales, contra la integridad moral, revelación de secretos e impedimento del ejercicio de los derechos cívicos. Según afirman, nunca habrían mantenido relaciones con esta persona si hubieran sabido que era un policía infiltrado.

Según ha adelantado hoy La Directa, medio que destapó al policía infiltrado, la acción jurídica está impulsada por el Centro para la Defensa de los Derechos Humanos Irídia y el sindicato CGT, donde milita una de las afectadas. El texto de la querella afirma que la conducta del agente de policía infiltrado “no solo transgrede los límites legales de la actuación de infiltración” de los cuerpos policiales, sino que “traspasa los límites éticos, atentando contra el núcleo esencial de estas mujeres y de su autonomía sexual”. La querella pone énfasis en el consentimiento a la hora de mantener relaciones sexuales, y argumenta que este consentimiento “depende de la información de la que dispone una persona y de las circunstancias que envuelven esta interacción sexual concreta”, concluyendo que “la información sobre la persona y sobre el tipo de práctica sexual son inseparables del consentimiento sexual”. También pone énfasis en que la “dignidad de la persona”, que incluye tanto la integridad física como emocional y moral, “en ningún caso permitiría que se incluyeran prácticas que transgredan los valores y creencias de una persona”.

La querella pone énfasis en el consentimiento a la hora de mantener relaciones sexuales, y argumenta que este consentimiento “depende de la información de la que dispone una persona"

Las mujeres querellantes reclaman que la justicia interrogue a D.H.P. y a su superior jerárquico, así como al máximo responsable de la Comisaría General de Información de la Policía Nacional en el momento de los hechos, y que informen sobre qué juzgado, en el marco de qué investigación y durante qué periodo de tiempo autorizó la infiltración de este policía y si dentro de sus tareas se incluía mantener relaciones sexuales con activistas de estos movimientos sociales.

El caso de este policía infiltrado es similar al del agente de la Policía Metropolitana de Londres Mark Kennedy, que fue descubierto en 2010 después de estar siete años infiltrado en el movimiento ecologista, para lo que mantuvo relaciones sexuales con varias mujeres activistas. Una de las mujeres afectadas, tras diez años de pleito, consiguió que en 2022 un tribunal le condenara al pago de 229.000 libras (alrededor de 260.500 euros a cambio actual). “Casos como este ya han generado un gran debate social y jurídico en Inglaterra precisamente por estas prácticas y hubo un pronunciamiento judicial que decía que el hecho de que un agente infiltrado mantuviera relaciones sexoafectivas con activistas era absolutamente ilegal y vulneraba diferentes derechos fundamentales”, ha señalado Laia Serra, abogada de CGT, durante el anuncio de las querellas frente a la Ciutat de la Justicia.

Serra ha denunciado el insuficiente marco legal en cuanto a la infiltración de agentes policiales, “que aboca a estas prácticas”, y ha recordado que este tipo de investigación se limita a casos de delincuencia organizada y violencia grave, y siempre con autorización judicial.