Especulación urbanística
La justicia europea vuelve a enmendar al Supremo por su defensa de la banca

La sentencia más esperada por el millón de personas que en España tiene ligada su hipoteca al Índice de Referencia para Préstamos Hipotecarios (IRPH) ha llegado. Este 3 de marzo, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha abierto la posibilidad de que los tribunales españoles puedan considerar abusivo este índice variable y solicitar que las hipotecas que lo incluyan sean recalculadas. 

El coste total para la banca podría llegar a los 44.000 millones de euros. Pero no todo son buenas noticias. La directiva devuelve la pelota a la justicia española, donde deberá librarse la batalla definitiva, ya que son los juzgados quienes deberán analizar caso por caso y determinar si la cláusula en cuestión fue abusiva y las medidas a tomar para resarcir a las personas afectadas. Los bancos han descontado que el impacto será mucho menor al esperado y la bolsa lo ha celebrado a lo grande: poco después de conocerse la noticia, Caixabank ganaba un 6% y Bankia, un 4%. 

El Supremo “valedor de la banca”

La sentencia del Tribunal Supremo de finales de 2017 concluyó que la directiva europea de protección a consumidores no era aplicable a la cláusula IRPH, por lo que los jueces españoles no podían hacer nada al respecto. “El Supremo entendía que el IRPH quedaba fuera de discusión judicial y de alguna forma avalaba que la cláusula no era abusiva”, explica a El Salto Javier Rubio Gil, abogado de CAES e integrante de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH).

Poco después de la sentencia del Supremo, en febrero de 2018, el juzgado de Instrucción 38 de Barcelona desafió la doctrina del alto tribunal y volvió a llevar a instancias europeas —era la quinta vez que llegaba a Luxemburgo— el carácter abusivo de este índice.

La sentencia europea “revela una postura y una conducta que ya roza la contumacia y una postura parcial en favor de los bancos” por parte del Supremo, según el abogado de la PAH Javier Rubio         

Ahora, la nueva sentencia europea “le quita la razón una vez más al Tribunal Supremo”, señala Rubio, y se “abre la puerta para centenares de miles de reclamaciones frente a los bancos, que acabarán en los tribunales, porque los bancos no van a devolver el dinero cobrado de más por estas cláusulas a menos que un juez les obligue a ello”. 

Según este abogado, la sentencia europea “revela una postura y una conducta que ya roza la contumacia y una postura parcial en favor de los bancos”. El IRPH, insiste Rubio, es una de las tantas cláusulas abusivas que se incluyeron en millones de préstamos hipotecarios en tiempos de la burbuja inmobiliaria. Más de 12 años después de la quiebra de Lehman Brothers, la banca sigue cobrando los intereses y beneficios de esas cláusulas abusivas. Entre otros factores, denuncia este integrante de la PAH, gracias a la postura del Supremo.  

“Desde que se inició la crisis ya hemos visto en demasiadas ocasiones cómo el Supremo protege los intereses de las entidades financieras. El Supremo sigue siendo el valedor y protector de sus intereses”, lanza Rubio.

Qué es el IRPH

El Índice de Referencia para Préstamos Hipotecarios (IRPH) es un “índice fabricado por los propios bancos”, explican desde la organización de consumidores OCU, que se elabora según los préstamos que conceden. Se trata de un índice variable que “no refleja fielmente la evolución de los tipos de interés y siempre ha estado mucho más alto que el Euríbor”. Según sus cálculos, una hipoteca IRPH sale de media unos 1.200 euros al año más cara que una hipoteca regida por el Euríbor. 

“Desde que se inició la crisis ya hemos visto en demasiadas ocasiones cómo el Supremo protege los intereses de las entidades financieras. El Supremo sigue siendo el valedor y protector de sus intereses” 

Según defienden desde esta organización, cerca de un millón de personas firmó una hipoteca referenciada al IRPH. En muchas ocasiones, sin saberlo. Cuando el Euríbor, que rige buena parte de las hipotecas en España, cayó en picado y alcanzó mínimos históricos, la mayoría de las personas hipotecadas se beneficiaron de esta bajada. Sin embargo, hubo quienes, recuerdan desde la OCU, “cayeron en la trampa” de firmar una cláusula suelo. “Y otros tantos fueron atrapados por un truco mucho menos conocido: el índice IRPH”. 

Un largo camino por delante

La sentencia del TJUE reconoce que el IRPH debe tratarse dentro del marco legal de las cláusulas abusivas, dispone que no cumple con los requisitos de transparencia que imponen las leyes comunitarias y avala a los jueces nacionales para declarar abusivas estas cláusulas y cambiar el índice de referencia de las hipotecas. Es decir, explica el abogado Javier Rubio, la sentencia europea permite que cada persona afectada pueda ir a los tribunales para reclamar por el carácter abusivo de esta cláusula, una posibilidad anteriormente bloqueada por el Tribunal Supremo.

En el caso de que la cláusula sea considerada nula o abusiva en un juzgado, el juez podrá sustituir el IRPH por otro índice recogido en el contrato o en la legislación, explica Rubio. En la mayoría de los casos será el Euríbor, algo que obligaría a recalcular desde el inicio todas las cuotas de la hipoteca, normalmente en beneficio del consumidor. 

Para la PAH, uno de los principales problemas para hacer efectiva esta disposición europea son los obstáculos que pone la legislación española a las demandas colectivas. Algo que obliga a batallar en los tribunales caso por caso  

También existen peligros en la interpretación de esta directiva y en la aplicación por parte de los juzgados, admite Rubio. Si se anulan los intereses del préstamo, y con ellos el contrato, “podría en principio tener el efecto de hacer inmediatamente exigible el pago del importe del préstamo pendiente de devolución, en una cuantía que llegue incluso a exceder de la capacidad económica del consumidor en cuestión, y, por esa razón, penalizaría a este más que al prestamista”, reconocen en la misma directiva de la UE. Sin embargo, Rubio cree que la sustitución del IRPH por el Euríbor será la opción mayoritaria.

Para este activista de la PAH, uno de los principales problemas para hacer efectiva esta disposición europea son los obstáculos que pone la legislación española a las demandas colectivas. Algo que obliga a batallar en los tribunales caso por caso. Otro problema es la falta de información de los afectados y la propia falta de transparencia de los contratos hipotecarios, que hace que muchas personas estén pagando cláusulas abusivas como el IRPH sin saberlo.  

“Sería un buen momento para que las administraciones públicas, tanto locales como el Ministerio de Consumo emprendan acciones de sensibilización e investiguen las conductas bancarias que llevaron a introducir durante la burbuja inmobiliaria millones de cláusulas abusivas en los contratos que a día de hoy siguen sin devolverse. La banca asume que buena parte de los consumidores no reclamará, por lo que siguen la estrategia de no devolver un duro hasta que le obliguen”, dice Rubio.