Especulación urbanística
El regreso del delirio urbanístico a la Costa Brava

A mediados de los años 50, la Costa Brava comenzaba a venderse como una perla del Mediterráneo. Un incipiente turismo de sol y playa daba notas de color pastel a un franquismo que no podía negarse al marketing tras los estertores de la posguerra. Ava Gadner rodaba Pandora y el Holandés Errante en Tossa de Mar y Truman Capote acababa de escribir A sangre fría en Palamós. Con los nuevos aires de los 60, el desarrollismo se apropió del Alt y Baix Empordà y la Selva, abriendo en canal la Costa Brava al turismo de masas y propiciando una política promiscua con el ladrillo que continuaría en democracia. Una dinámica de venta del territorio, detenida por la crisis económica, que hoy parece reactivarse.

En estos momentos, hay 16 proyectos de nuevas urbanizaciones destinadas a segundas residencias, hoteles y una autopista. Así lo denuncia la plataforma Sos Costa Brava, formada por una treintena de entidades desde agosto. Proyectos, algunos de los años 60 y 70, cuando en los municipios se urbanizaba con alegría y sin licencia, que añadirían más presión a un territorio que presenta el 50% del suelo urbanizado, según el Plan Director Urbanístico del Sistema Costero (PDUSC).

Ante la nueva alerta, el Departament de Territori i Sostenibilitat está desarrollando un nuevo Plan Director Urbanístico (PDU) de revisión de suelos no sostenibles, del que recientemente se ha hecho un avance. El PDU determinará la extinción, reducción o adecuación e integración de 165 sectores urbanizables de 17 municipios, donde se podrían construir 20.181 viviendas. La medida dependerá del interés paisajístico, la pendiente, la masa forestal o la proximidad a núcleos urbanos de los casos estudiados. Asimismo, el Plan revisará los suelos sin desarrollar de primera línea de mar de los 22 municipios costeros del litoral de Girona.

Mientras tramita el PDU, el Departament de Territori ha anunciado dos moratorias que paralizan nuevas licencias: una primera que abarca 500 metros de litoral en pendientes superiores al 20%, y una segunda que afecta a 80 sectores de segunda línea de mar, donde podrían construirse 12.020 viviendas. Esta última también incluye ocho sectores de primera línea de mar no desarrollados con pendiente menor al 20%, pero con cuestionable impacto ambiental. Unas medidas que llegan cuando en zonas como Aigua Xelida, donde se prevé construir 33 viviendas de lujo que afectan a 33.000 m² de bosque, ya han comenzado las talas de árboles.

No obstante, entre los proyectos identificados y que no están afectados por las moratorias se acaba de reactivar uno de los más críticos: la ampliación de la autopista del Maresme, la C-32, desde Tordera a Lloret de Mar, pasando por Blanes. Alrededor de 7 km de prolongación que atravesará 50 hectáreas de bosque, provocando la tala de 66.000 árboles, en el extremo meridional del Massís de l'Ardenya. La zona montañosa de la Costa Brava sud, que finaliza en la Plana de la Tordera. “Es una zona orográficamente muy abrupta, llena de cerros y de rieras, razón por la que, aparte de la autopista, están proyectados hasta cuatro acueductos y dos túneles, además de otras obras hidráulicas”, explica Joan Mora, portavoz de la plataforma Aturem la C-32, entidad integrante de SOS Costa Brava.

La autopista de tres carriles atravesará los espacios naturales de Sant Daniel y el Vilar de Blanes, y Àngels de Lloret (Selva), que actúan como conector biológico con el Paratge Natural d’Interès Nacional de Pinya de Rosa, en Blanes. “La fragmentación del territorio con esta infraestructura en una zona como la de Blanes y Lloret de Mar, que está muy presionada urbanísticamente, es perversa”, valora Mora. El portavoz asegura que existe la posibilidad de que se desencadenen “proyectos de nuevas urbanizaciones en terrenos que están contemplados como potencialmente urbanizables en el planeamiento urbanístico de Lloret y que actualmente no tienen interés porque están muy mal conectados con la red viaria”.

El informe A toda costa de Greenpeace y el Observatorio de la Sostenibilidad señala que la costa catalana presenta un 26% de degradación del territorio, la mayor cifra de todo el Estado

Según los datos de SOS Costa Brava, en los bosques de Lloret de Mar se podrían construir hasta 2.000 nuevas viviendas. Actualmente, en este municipio, donde ya hay 42 urbanizaciones, también está proyectado un campo de golf.

En 2016, las plataformas ecologistas impulsaron una consulta popular en Blanes y Lloret que determinó más de un 80% de oposición ciudadana a la C-32, pero con menos de un 10% de participación en cada municipio.

Un proyecto de dudosa trayectoria

La prolongación de la C-32 fue esbozada a finales de los años 90, paralizada por su gran impacto ambiental y autorizada poco después con cambios en el trazado, pero no se llevó a cabo. Tras la crisis económica, en 2013 el alargamiento de la autopista se intentó reactivar de mano del ex conseller de Territori, Santi Vila, con más modificaciones y con la declaración ambiental caducada según la normativa catalana vigente. La plataforma Aturem la C-32 presentó un recurso contencioso administrativo y el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya falló a su favor, suspendiendo cautelarmente las obras cuando ya estaban a punto de comenzar.

Pero el respiro sería breve. A finales de 2018, el Departament de Territori, actualmente con Damià Calvet como Conseller, tramitó el proyecto desde cero, que adquirió un nuevo informe ambiental, con tal de reactivar la prolongación, que actualmente está en fase de redacción del estudio constructivo. “Hemos presentado un nuevo recurso contra el último proyecto. Pedimos que se suspendan estas obras al menos hasta que se resuelva el primer recurso. ¿Por qué la Generalitat tiene tanta prisa?”, pregunta Mora.

La concesión de la C-32 es de Abertis, actualmente del Grupo ACS de Florentino Pérez, una concesión que finaliza el año 2021. El pasado marzo, se anunció que sería Dragados, desde el año 2002 integrada en ACS, quién ejecutará las obras, que tendrán un coste de 75 millones de euros que asumirá Abertis. Joan Mora considera que este acuerdo “está destinado a que Abertis amplíe la concesión y recupere la inversión con el alargamiento de unos peajes que llevamos pagando 50 años”.

Fuentes del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, quienes han denegado la petición de hacer una entrevista, aseguran por correo electrónico que el interés en la obra se basa en que “descongestionará la GI-600 y la GI-682, dos vías que discurren por el casco urbanizado de Blanes y Lloret de Mar y que registran más de 20.000 vehículos al día”.

El alcalde de Blanes por el PSC, Mario Ros, coincide: “Es necesaria una obra que nos descolapse el municipio de tránsito, pues todo el que va a Lloret y Tossa de Mar, atraviesa Blanes”. Jordi Sais, regidor de Acción de Gobierno de Lloret de Mar, municipio gobernado por CIU, ERC-Avancem y PSC, considera que la C-32 es una “reivindicación histórica y que no hay una relación directa entre la autopista y que se construyan nuevas urbanizaciones”.

Desde Aturem la C-32, apuntan que el “80% de la movilidad entre Blanes y Lloret son desplazamientos internos” y que existen alternativas a la autopista con menor impacto ambiental que no han sido suficientemente contempladas por las administraciones. “Se podría desdoblar la carretera de Blanes, que está proyectada por la propia Generalitat, hacer la Ronda Norte de Lloret y mejorar la C-63 entre Vidreres y Lloret, que es la entrada sur de Europa por la que llega gran parte del turismo, y que además concentra 210 accidentes y 12 muertos”, asegura Joan Mora. El Departament de Territori i Sostenibilitat no se ha pronunciado sobre las alternativas.

Los efectos de urbanizar sin filtro

Junto a la C-32, nuevos proyectos de urbanizaciones a Llançà, Pals, Palamós, Begur, Tossa de Mar, Palafrugell, Pau y Cadaqués, además de la ampliación de un hostal a l’Escala, son los que han puesto en pie a SOS Costa Brava. Entre ellos, destaca la urbanización de Aiguafreda, donde se pretenden edificar 265 viviendas y tres hoteles, pese a formar parte del Espai d’Interès Natural (EIN). También es especialmente problemática la construcción de 104 casas de lujo y un hotel en Sa Guarda, Cadaqués, por su proximidad con el Parc Natural de Cap de Creus. Los efectos de esta nueva euforia constructora van más allá del impacto paisajístico.

Marta Ball-llosera, ambientóloga y portavoz de SOS Costa Brava, asegura que “no se sabe si vamos a poder abastecer a todas las urbanizaciones y mantener el estado hidromorfológico de los ríos si seguimos creciendo, o si las depuradoras tienen capacidad para absorber las aguas residuales en verano. En el Alt Empordà ya hay 24 municipios donde las aguas residuales van a los ríos. Por estos motivos, entre las alegaciones al nuevo Plan Director Urbanístico, hemos pedido un balance de la Agencia Catalana del Agua (ACA) en base a las viviendas disponibles y los escenarios futuros”.

Entre los efectos de la explotación territorial, Ball-llosera remarca que “la playa, como medio dinámico, no deja de incorporar sedimentos y ahora los estamos perdiendo, por lo tanto estamos perdiendo playas. Deberíamos analizar qué urbanizaciones son críticas sobre el estado de las playas”.

Según el Tercer informe de cambio climático de Catalunya, las playas están en riesgo y en el Alt Empordà son deficitarias. El informe A toda costa de Greenpeace y el Observatorio de la Sostenibilidad señala que la costa catalana presenta un 26% de degradación del territorio, la mayor cifra de todo el Estado, que en la costa de Girona se traduce en un 15,4% de degradación.

Más allá de la destrucción de la playa, la salinización de la zona es otro de los problemas, afirman las plataformas ecologistas. “Hay una intrusión marina en el Alt Empordà, que lleva a la salinización de fuentes como la del Espacio Natural de Aiguamolls. En la misma línea, el verano pasado tuvieron que traer una desalinizadora móvil de Escocia a Port de la Selva porque el agua era salada. Pedimos una valoración de la salinización de los acuíferos”, explica Ball-llosera.

Las exigencias medioambientales han tomado una fuerza descomunal pero, como el delirio constructor, la preocupación por preservar la Costa Brava no es nueva. En 1976 tenía lugar el ‘Primer Debat Costa Brava’, que puso sobre la mesa la necesidad de reorientar la política urbanística para no destrozar el territorio. El simposio de 1991 ‘El Paisatge de la Costa Brava’ y el ‘Segon Debat Costa Brava: Congrés per un futur sostenible’ de 2004 arrojaron conclusiones similares: el paisaje es frágil, el territorio es escaso y esto es insostenible para la vida. A principios de la década del 2000, se crearían plataformas como Salvem l’Empordà.

En 2005, un primer Plan Director Urbanístico del Sistema Costero de Catalunya (PDUSC) afectó al suelo no urbanizable del litoral catalán. Poco después, se hizo el PDUSC II que afectó a suelos urbanizables delimitados que no tenían un plan parcial, “pero que tampoco hizo grandes cambios, desclasificó Cap Ras y una parte muy pequeña de Cadaqués, pero no tocó Colera ni Portbou”, comenta Ball-llosera. “El nuevo avance de PDU de suelos no sostenibles es un paso mucho más firme pero podría quedarse en nada si no se aprueba o si se tira atrás. Nosotros apostamos por la desclasificación de todos los sectores y queremos que los grupos políticos se posicionen en la campaña de las elecciones municipales del 26 de mayo”, explica la portavoz.

Desde la Agrupación de Arquitectos Urbanistas de Catalunya, Robert Juvé considera que “no tiene sentido seguir construyendo residencias de baja densidad aisladas de los núcleos urbanos, que no hacen ciudad, y que además destrozan el principal activo del turismo, que es la calidad del territorio. Los arquitectos debemos de hacer un cambio de chip y reorientarnos hacia la remodelación de cascos antiguos y de núcleos urbanos degradados, en lugar de crecer más”.

Rafael Sardà, investigador del Centro de Estudios Avanzados de Blanes (CEAB-CSIC) considera que hay una “contradicción permanente” en el desarrollo de la Costa Brava. “Al mismo tiempo que se sigue urbanizando, se aspira a ser una Reserva de la Biosfera de la Unesco, como Menorca, para el año 2021, lo que es totalmente incompatible. Deben de establecerse unos criterios políticos claros de urbanización. No se puede construir en la costa como si fuese el Área Metropolitana de Barcelona”, asegura Sardà.

El tercer debate sobre la Costa Brava, celebrado el pasado 5 de abril en Girona, hizo un diagnóstico similar al debate de 2004, con las moratorias como nueva variable. “Pero quizás nos ha faltado hablar del tipo de promoción económica y de industria turística que queremos tener”, reflexiona Juvé.

El resort de la Costa Brava

Un Burger King monumental de precios irrisorios, discotecas con DJ calcados y hoteles se suceden con naturalidad. Saturación de carteles luminosos, movilidad escasa e inputs para el hiperconsumo conforman un espacio donde se emula el lujo con decadencia asumida. La avda. Just Marlés de Lloret de Mar recuerda poco a ese deseo que envolvía a la Costa Brava antes de convertirse en una marca del turismo low cost de turoperador y se acerca más al esbozo de un parque temático asfixiante. Una escena donde todo es siempre más, todo es demasiado.

Menos la calidad de vida de los vecinos. Salarios bajos, externalización, contratos de obra y servicio, y jornadas interminables son la norma en el sector servicios, como en muchas otras zonas turísticas. Según Idescat, Lloret de Mar es el municipio de Catalunya de más de cinco mil habitantes con menor renta familiar disponible: 10.900 euros anuales per cápita, aunque los datos son relativos, pues proliferan los pagos en negro de la mitad de las horas trabajadas, según CC OO de Lloret.

Tampoco ayuda a dignificar el trabajo la contratación de becarios “a cambio de cama, comida y 300 euros, que vienen a aprender pero acaban cubriendo una jornada laboral completa, algo que está llegando al 20% de la ocupación”, asegura Eladio Alguacil, coordinador de CC OO. “Con lo cual no se está creando trabajo real. Y esto no solo pasa en Lloret, sino en toda la Costa Brava”, puntualiza.

Lloret de Mar tiene una población de 37.350 habitantes, que se triplica en verano. Datos de Idescat señalan que hay 120 establecimientos hoteleros y 29.363 plazas hoteleras, además de 4 campings. El municipio recibe 1,2 millones de visitas y 5,8 millones de pertocnaciones al año. Actualmente, el gobierno municipal está invirtiendo 7 millones de euros en mejoras hoteleras.

En paralelo, un informe de UGT sobre las comarcas de la provincia de Girona apunta que la Selva marítima presenta una inestabilidad laboral del 34,84%, seguida del Alt y el Baix Empordà, cuando la media catalana está en 0,52%. Según la Encuesta de Población Activa del primer trimestre de 2019, el desempleo en Lloret de Mar era de un 15,4%.

El regidor de acción de Gobierno del Ayuntamiento, Jordi Sais, asegura que el consistorio “está invirtiendo para reorientar el modelo turístico hacia un turismo más familiar, de congresos y deportivo. Un turismo que se pueda desestacionalizar y los ciudadanos no vivan seis meses del sector servicios y seis meses de ayudas sociales, como está pasando”. Alguacil, por su parte, matiza que las estaciones “se han acortado, no son de seis meses, son tres, con una gran concentración en verano”.

Sergi Yanes, antropólogo, miembro del observatorio Turismografías y autor de la tesis Abierto por vacaciones. Una etnografía de la apropiación turística en Lloret de Mar, se muestra más escéptico sobre la idea de la reconversión. “Cuando se habla de modelo turístico no se sabe muy bien a qué nos referimos, es una categorización que responde más a formas de entender el turismo de la industria que a un análisis antropológico. ¿Van a mejorar las condiciones laborales porque haya un turismo que sea de más calidad o de mayor poder adquisitivo? Yo creo que no, los actores económicos son los mismos, que se reinventan. Van a buscar maximizar beneficios”, desarrolla.

Porque la ciudad ya no es para quién la habita sino para quien la compra, como también comienza a mostrar el uso de la vivienda. En las páginas de búsqueda de pisos como Idealista se pueden encontrar alquileres razonables para el residente, mientras en junio se quede libre. Desde hace años, han comenzado a proliferar los alquileres en viviendas de segunda residencia, el airbnb y los pisos turísticos, que en Lloret alcanzan la cifra 2.900 pisos legales, el 10% del parque de vivienda, según datos del Ayuntamiento.

Con la llegada de los pisos turísticos “algo se ha roto”, determina Sergi Yanes. “Hasta hace poco la presión turística no se notaba en la vida porque había espacios en los que el turista no entraba, aunque en las calles todo se mezclase. Como en el teatro, en antropología del turismo diferenciamos entre el backstage y el front stage: el backstage es la parte que el espectador no ve y donde el actor hace sus cosas, que en Lloret eso son las casas de los residentes, sus bares y sus espacios. Por contra, el front stage es el resort, todas esas infraestructuras y servicios para el turista. Ahora el turismo ha empezado a filtrarse a ámbitos privados y habrá que ver cómo evoluciona este fenómeno”, explica visualmente el antropólogo.

Pese a la apropiación de la calle por parte del turismo, en Lloret de Mar no ha existido hasta la fecha un movimiento social contra la turistificación como tal. “La gran mayoría de la población no ha conocido un Lloret no turístico, no te cae de golpe”, apunta Yanes. Se aceptan las reglas, el turismo es un recurso. Sin embargo, en agosto de 2011, una serie de disturbios enmarcados en el turismo de borrachera provocaron una respuesta contundente por parte de la población, lo que llevó a las administraciones a iniciar un proceso de reformulación de la oferta. Son conocidos como los Sucesos de agosto, que quebraron brevemente los acuerdos sociales establecidos. Y, con ello, la concepción de lo que es el municipio entró en conflicto.

Sergi Yanes considera que “la industria turística concibe Lloret como un sitio, una localización, mientras que Lloret también es un territorio entendido como todos esos vínculos, relaciones y experiencias que se desencadenan en base a ese sitio. Los vecinos tienen una infinidad de estrategias para generar vida, desde las fiestas de barrio hasta las carreras populares con las barcas hasta la playa de Santa Cristina. Con los Sucesos de agosto la población dijo, de alguna manera, que Lloret de Mar no solo era un resort, sino que también era un territorio”.

Hoy, la llegada de la C-32 a Lloret de Mar despierta la preocupación sobre una lucha por el territorio que se consideraba agotada, porque no cabe más ladrillo, ni más terrazas y, quizás, ni más turistas. Jordi Palaudelmàs, de la plataforma SOS Lloret, asegura que sí hay formas de poder convivir con el turismo, pero “valorando el territorio como activo cultural”.

“Los bosques de Sant Pere del Nord tienen un patrimonio natural y cultural muy importante, patrimonio modernista catalogado, como el Monument de l’Àngel, la Cruz de Sant Pere del arquitecto Puig i Cadafalch, el convento o la Ermita de les Alegries, por ejemplo”, apunta Palaudelmàs. “Todo este patrimonio puede servir para hacer actividades dirigidas a un turismo de BTT, o de senderismo, que son incompatibles con la C-32, que trinchará el bosque”, añade.

Los vecinos y la administración dirimirán si el aliento que le queda a Lloret como territorio se exhala entre los servicios cargantes y la movilidad reducida del front stage, incentivada por una nueva autopista, o no. Mientras tanto, continúa la presión de las plataformas ecologistas para salvar el 50% del litoral de Girona que queda sin urbanizar. De lo contrario, quizá se protagonice un nuevo episodio de urbanismo depredador en una Costa Brava vendida a residentes de fin de semana y al turismo, con un pase vip para el estreno. Eso sí, un turismo ahora más chic.