Especulación inmobiliaria
Airbnb recluta y financia redes de propietarios para sabotear la regulación de los pisos turísticos

Hubo quien pensó que la pandemia acabaría con el negocio de los pisos turísticos y con Airbnb. No los inversores, que impulsaron la valoración de la compañía hasta los 93.000 millones de euros en su salida a bolsa el pasado diciembre. Cuando vuelvan los turistas, Airbnb volverá y lo hará con más fuerza. También volverán las presiones para que nada se interponga en su expansión.

A Airbnb no le gusta la regulación y lleva años organizando y financiando un ejército de lobbies para influir en las legislaciones de las diferentes ciudades en donde centra su negocio, según el informe The Airbnb ‘movement’ for desregulation (el ‘movimiento’ de Airbnb por la desregulación), publicado a finales de marzo por la Universidad de Manchester y escrito por el sociólogo Luke Yates. 

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Hace un año, el Gobierno de Pedro Sánchez declaraba el Estado de alarma. De un día para otro, sin previo aviso ni prórroga, terminaba la década dorada del turismo. Los turistas volverán, pero el negocio turístico habrá cambiado para siempre.

Son los Home Sharing Clubs, grupos que conectan a propietarios locales para “intercambiar consejos e ideas y para discutir asuntos importantes” para el host (anfitrión) y para el barrio, según la definición de la compañía. Hay más de 400 grupos en todo el mundo. En España, tienen presencia en las principales ciudades turísticas: Barcelona, Madrid, Valencia y Sevilla.

El estudio de la Universidad de Manchester, basado en más de 20 testimonios de exempleados de Airbnb, entre ellos algunos que trabajaron en España, detalla la función legitimadora de estas entidades, pensadas para “proteger un modelo de negocio que cada vez está más dominado por proveedores profesionales de alojamiento”. 

La narrativa de pequeños propietarios de clase media, anfitriones que alquilan una habitación o una única vivienda para completar el salario se sitúa cada vez más lejos de la realidad. La mayoría de los anuncios, el 59%, corresponde a ofertas de alojamiento profesional. Y solo el 8% son de una habitación. Unas cifras aún más acentuadas en España: antes de la pandemia, alrededor del 65% de los anuncios pertenecía a anfitriones que tenían más de un alojamiento. En Barcelona, la cifra llegaba al 75% y en Mallorca al 77%. Inversores, rentistas, grandes propietarios o gestores inmobiliarios son los principales beneficiarios de esta “economía de plataforma”, apuntan en esta investigación. 

Según los exempleados entrevistados, las Home Sharing Clubs son “financiadas, movilizadas y coordinadas” por Airbnb y sus organizadores remunerados “son evaluados en términos de su éxito en la creación de campañas y de movilizar a los usuarios para una regulación favorable” para la compañía

Poco se sabe de la actividad de estas agrupaciones de anfitriones, nacidas en el contexto de fuertes luchas por la regulación en San Francisco, Nueva York, Barcelona, París, Amsterdam o Berlín, y convertidas en una novedosa forma de presión política y creación de opinión pública. El modelo de lobby “de base” —tal como los llama el estudio— patrocinados por las economías de plataforma no es exclusivo de la compañía creada por Brian Chesky, sino que se ha convertido en habitual en otras empresas como Uber, Lyft, Doordash, GetAround, Lime, Scoot, Spin, Bird o Lyft Scooters. En el caso de Airbnb, este modelo de lobby corporativo “de base” ha permitido la profesionalización de una actividad que “opera actualmente sin regulación o conciencia pública”.

Según los exempleados entrevistados, las Home Sharing Clubs son “financiadas, movilizadas y coordinadas” por Airbnb y sus organizadores remunerados “son evaluados en términos de su éxito en la creación de campañas y de movilizar a los usuarios para una regulación favorable” para la compañía. Estos lobbies “de base” se encargan de celebrar reuniones, testificar en audiencias legislativas, de organizar protestas y de establecer un contacto fluido con los medios de comunicación.

Su principal virtud es su apariencia de movimiento independiente, argumentan en el informe, pero la elección de sus integrantes tiene poco de espontánea. Los extrabajadores de la compañía relatan el proceso. Pese a representar la mayoría de los anuncios, los grandes propietarios son excluidos de estos clubs para “mostrar una narrativa más benigna de la compañía”. Tras una serie de entrevistas y reuniones, Airbnb selecciona a aquellos que tienen “buenas historias” que puedan servir al marketing de la compañía y a la continua campaña anti regulación sostenida por Airbnb. “Las narrativas públicas de Airbnb continúan destacando una minoría de casos en la plataforma, sugiriendo engañosamente que son representativos de la empresa”, indican en la investigación. 

El relato de los extrabajadores de Airbnb sobre estos clubs no tiene puntos de conexión con la narrativa de la compañía, que habla de “comunidad” orgánica, diversa e independiente. Estos club de anfitriones, apuntan desde la Universidad de Mánchester, utilizan “los métodos y el poder de acción colectiva y ciudadana para moldear la regulación y las políticas públicas, ganar legitimidad y neutralizar movimientos sociales críticos en el ámbito de la economía de plataforma”.

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El ejemplo de San Francisco

A mediados de la década pasada, San Francisco se convirtió en la ciudad con los alquileres más caros de EE UU. Entre los motivos, al igual que en el resto del mundo, la falta de regulación de un nuevo fenómeno: el auge de los pisos turísticos promovido por Airbnb. La falta de viviendas llevó a las organizaciones sociales a organizar una exitosa recogida de firmas para lanzar un referéndum que pedía endurecer la regulación. Para ganar la votación Airbnb invirtió más de ocho millones de dólares. Pagaron anuncios de televisión, contrataron consultores, investigadores, especialistas en redes sociales y a once personas expertas en campañas políticas. Hicieron 32.000 llamadas telefónicas a 6.500 propietarios de Airbnb en la ciudad. Cientos de ellos participaron en las protestas contra la llamada “Proposition F” o “Iniciativa Airbnb”. 

Airbnb anunció en 2016 la creación de 100 clubs de ‘anfitriones’ para replicar la experiencia de San Francisco, donde consiguieron que no se aprobara una regulación de los alquileres turísticos. “Gastaremos lo que sea necesario para triunfar”, dijeron entonces

El 4 de noviembre de 2015, la compañía celebró “la victoria de la clase media” después de que el 55% de los votantes rechazará la norma que pretendía restringir el negocio de Airbnb. Chris Lehane, director global de Políticas y Asuntos Públicos de la empresa, comparó entonces el poder de los anfitriones de Airbnb con el de la Asociación Nacional del Rifle y expuso los planes de la empresa para crear 100 clubes en 2016 para replicar la experiencia de San Francisco en todo el mundo. Para conseguir sus objetivos no estaban dispuestos a escatimar: “Gastaremos lo que sea necesario para triunfar”. 

“El Home Sharing Club de San Francisco se convirtió en un movimiento, acudiendo masivamente a las urnas y votando abrumadoramente en contra de un esfuerzo diseñado por la industria hotelera que quería acabar con el derecho de la clase media a utilizar la vivienda compartida como un salvavidas económico”, declaró Cristopher Nulty, el portavoz de la compañía.

El ejemplo de Barcelona

El crecimiento de los alojamientos vacacionales en Barcelona fue vertiginoso en la segunda década del siglo XXI. En 2016, las camas disponibles en apartamentos de Airbnb representaban la mitad de todas las camas de todos los hoteles de la ciudad, una tendencia en auge que había contribuido de forma notable a que el precio de los alquileres creciera en más de un 50% entre 2013 y 2018. 

El movimiento contra los pisos turísticos y por el derecho de los inquilinos venía de antes, pero la elección en 2015 de la exactivista de la PAH Ada Colau sumó una preocupación más a los intereses de los anfitriones y de la compañía. La publicación de alojamientos sin licencia se tradujó en multas de 30.000 y 600.000 euros. Los Home Sharing Clubs hicieron su primera aparición en esos años en coordinación con la Asociación Veïns i Amfitrions de Catalunya, que iniciaron una serie de campañas, peticiones, cartas abiertas, apariciones en prensa, reuniones con políticos y protestas para contrarrestar el movimiento contra los pisos turísticos.

Tras las primeras multas por anunciar pisos ilegales en Barcelona, las redes de anfitriones patrocinadas por Airbnb lanzaron una campaña para saturar los servicios del Ayuntamiento con denuncias falsas de pisos sin licencia

Ante el intento del Ayuntamiento de Barcelona de contener los pisos turísticos ilegales, en agosto de 2016, el grupo de anfitriones de Airbnb en Barcelona desplegó una campaña para “sabotear” la administración local animando a los propietarios a “inundar” el consistorio con denuncias falsas de pisos irregulares. “La sociedad civil debe resistirse a las injerencias de las administraciones públicas”, proclamaban entonces los propietarios. Douglas Atkin, exjefe de Comunidad de Airbnb, puso como ejemplo el proceso de movilización de los propietarios de la ciudad, un modelo que consiguió “cambiar la narrativa mediática en Barcelona y también en Europa”. En Barcelona, ahora existen seis de estas agrupaciones de anfitriones.

Pese a la apariencia de independencia y de “movimiento” que estas organizaciones ofrecen hacia afuera, los testimonios cercanos de extrabajadores apuntan en otra dirección. Airbnb se encarga de “seleccionar, reclutar y construir relaciones de confianza con los propietarios adecuados”, paga los gastos relacionados con las reuniones que mantienen —desde la comida al alquiler de los espacios—, organiza los aspectos logísticos de las protestas, aporta formación y marca la agenda de estos grupos “identificando oportunidades políticas” para alinear las acciones de los clubs con “lo que la empresa quiere”. 

También en Bruselas

Las presiones de Airbnb y otras plataformas de alquiler vacacional no se ha limitado a la creación, organización y financiación de grupos de anfitriones. En 2018, Corporate Europe Observatory lanzaba otro informe detallando el trabajo realizado por estas compañías para evitar un marco regulatorio europeo que limite su crecimiento. El trabajo de los lobbies en Bruselas, afirman en el estudio UnFairbnb (Injusto Airbnb), “afecta la capacidad de las ciudades para regular” los alquileres vacacionales y “socava las medidas de vivienda asequible en las ciudades de toda Europa”. La labor de estos lobbies, entre ellos la European Holiday Home Associaton, ha dado buenos resultados. Según Corporate Europe, la Comisión Europea “trabaja constantemente para interpretar las normas de la UE de forma favorable a las plataformas de alojamiento turístico”. 

“La actitud agresiva de los lobbies de la plataforma se ve agravada por la sorprendente ignorancia de los funcionarios de la UE sobre cuánto está en juego en estas ciudades. La propia investigación de la Comisión Europea sobre el modelo Airbnb ha demostrado cómo los propietarios comerciales obtienen grandes beneficios en estas plataformas, pero la UE sigue atando las manos de los ayuntamientos sin tener en cuenta los efectos de la expansión desenfrenada de las plataformas de alojamiento a corto plazo”, decía el autor del informe, el investigador y activista de Corporate Europe Kenneth Haar.