Opinión
Participación política ¿derecho o privilegio?

Este domingo miles de ciudadanos y ciudadanas podemos ir a votar para elegir quién queremos que nos represente a nivel estatal, tanto en el Congreso de los Diputados como en el Senado. Pero ¿y qué pasa con todas aquellas personas que no podrán ir a votar? ¿Y con aquellas que, aún pudiendo, no se sienten interpeladas por estos comicios? ¿No forman parte de la misma ciudadanía?

El sistema aún sigue jerarquizando ciudadanías cuando no directamente excluyendo de ese ‘status’ a una parte de nuestra población. Son aquellas personas que, aún residiendo en nuestro país, no tienen derecho a voto por cuestiones jurídicas, como, por ejemplo, las personas migrantes o las personas que, aún habiendo nacido aquí, no tienen la nacionalidad española y, por tanto, no podrán votar (520.000 según datos del Centro de Asuntos Internacionales de Barcelona), pero también son aquellas que, aún teniendo este derecho, no se encuentran en las condiciones materiales para ejercerlo, como, por ejemplo, las personas presas. Tampoco podemos olvidarnos de todas aquellas personas, que ante la indiferencia que supone saber que quiénes gobiernan o pretenden gobernar no lo hacen o harán pensando en tus necesidades, no irán a votar (y no por una cuestión política ideológica per se). Son quienes viven en barrios empobrecidos y abandonados por las administraciones que, según demuestran los datos, no acuden a votar o ni siquiera conocen de la cita electoral. Son, de nuevo, las condiciones materiales, aunque de otra índole, las que les colocan en ese lugar. Las (des)motivaciones son muchas.

El argumento que justifica el acceso al sufragio activo y pasivo es la medida en que las personas que residen aquí se ven afectadas por las políticas que llevan a cabo quiénes son elegidos en las urnas. Según ese argumento, toda persona con un mínimo de residencia debería poder decidir también cuestiones de política estatal y, sin embargo, es el argumento de la soberanía nacional y del interés del Estado el que se esgrime para justificar que tan solo las personas españolas puedan acceder al voto. En un intento de imponer la idea de que son tan solo las personas cuyo documento de identidad diga que son españolas las que saben qué es lo que realmente necesita ‘el país’ y las que realmente desean lo mejor ‘para el país’.

Las personas migrantes o aquellas que no tienen nacionalidad española ya participan de la vida política sin etiquetas

Pues bien, es momento de dejar de lado esas lógicas arcaicas de los Estados nación y ahondar en lógicas de vecindad, porque, como bien dicen muchas compañeras, si son ciudadanas para pagar impuestos, deberían serlo también para votar. Las personas migrantes o aquellas que no tienen nacionalidad española ya participan de la vida política sin etiquetas. Porque son ellos y ellas las que construyen vidas día a día, las que reivindican la ratificación del Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo, los que denuncian la persecución a la que se ven sometidas o el racismo que viven día a día. Son también los que están en cada desahucio para enfrentarse a quiénes nos quieren quitar el derecho a la vivienda.

A pesar de que la migración en nuestro país es una realidad desde hace más de 30 años, el régimen de acceso al derecho a voto a las personas migrantes sigue siendo injusto y desigual. Los desincentivos que se generan a través de los requisitos burocráticos, tales como la inscripción en el censo electoral a diferencia de la incorporación automática que se aplica a las personas españolas, que ha provocado que, en las elecciones municipales de 2011 y 2015, apenas el 10% de los residentes nacionales de los países con los que se tiene convenio hicieran efectiva su inscripción para votar, según datos del INE, forman, sin duda, parte del problema.

La calidad de una democracia se mide por la extensión de los derechos civiles y políticos y es este, el derecho a voto, uno de los derechos fundamentales en este sentido. Y ahora es el momento de un puedan ya participar también de la vida política institucional sin tener que superar las doce pruebas.

Votar desde la cárcel

En el otro lado se encuentran las personas presas, que, muy al contrario de lo que se pueda pensar, no tienen inhabilitado el ejercicio del derecho al sufragio activo. Es la propia Constitución la que establece que las personas condenadas a pena de prisión gozarán de los derechos fundamentales otorgados a todas las personas en igualdad con las personas en libertad y tras la reforma del Código Penal de 1995 desapareció la posibilidad de inhabilitación al sufragio activo. Las personas presas tienen por tanto legalmente derecho a voto pero para que este sea efectivo han de darse una serie de trámites previos que están muy lejos de cumplirse idóneamente en todos los centros penitenciarios dado que requieren de un trabajo complementario por parte de la dirección del centro.

Las cifras de participación de las personas presas siguen siendo muy bajas y aunque en estos últimos días hemos visto cierto aumento —5.229 personas han solicitado el voto frente a las 3.600 de año 2011 según Instituciones Penitenciarias— distan mucho de llegar a un índice de participación que se pueda entender fruto de la garantía del ejercicio de este derecho. Con entorno a un 95% de abstención, en algunos casos no elegida, es necesario repensar no sólo los mecanismos de garantía de ese derecho sino también empezar a pensar y hablar con y para las personas en prisión. Rara vez los políticos y políticas le hablan a la población penitenciaria. Ya no solo durante la campaña. Si bien es cierto que durante las legislaturas se llevan a cabo diversas iniciativas que atañen a la población reclusa (algunas más garantistas que otras), también es cierto que lo que ocurre en las comisiones de Congreso de los Diputados rara vez trasciende a la ciudadanía, máxime a aquellas personas que se encuentran privadas de libertad. Hemos de pensar por tanto en ellos y ellas como los ciudadanos que son aunque tengan temporalmente limitados algunos derechos. Cumplir el principio constitucional de reinserción también pasa por mantener y garantizar los derechos civiles y políticos de las personas en prisión.

No es difícil entender que quiénes vivían en La Cañada Real Galiana de Madrid o quiénes viven en barrios como El Príncipe de Ceuta, el Puche en Almería o La Mina en Barcelona tengan una completa desafección a la vida política

Y si de abstención hablamos, hemos de ir a los barrios empobrecidos de nuestras ciudades, donde la abstención de quienes residen en ellos duplica e incluso triplica en muchos casos la de otros barrios de las mismas ciudades. El barrio en el que resides ya no solo determina el acceso a una educación o sanidad de mayor o menor calidad, o el acceso a otros servicios públicos determinantes para una vida de calidad. Sino que también determina que te sientas o no te sientas interpelado por aquello que dicen y hacen los políticos. No es difícil entender que quiénes vivían en La Cañada Real Galiana de Madrid o quiénes viven en barrios como El Príncipe de Ceuta, el Puche en Almería o La Mina en Barcelona tengan una completa desafección a la vida política. Si a las condiciones socioeconómicas se añaden otras variables, como el origen o la pertenencia cultural a un grupo diferenciado, está claro que, quienes están haciendo política, no la están haciendo para ellos y ellas y, en general, la sociedad no les está hablando a ellos y ellas. No es de extrañar, por tanto, que, por poner un ejemplo, las mujeres, mayoría de origen musulmán, del barrio de El Príncipe en Ceuta, ciudad con una rica composición social, no se planteen ir a votar o siquiera conozcan las opciones que tienen a la hora de ir a votar.

El 43% de la población ceutí es de origen musulmán, aunque infrarrepresentados en las opciones políticas. Porque, además de hablarle a la población, es necesario que la población también pueda hablar por sí misma y sentirse representada más allá del sujeto hegemónico. Sin avanzar en el derecho a voto difícilmente avanzaremos en la representatividad de nuestras cámaras y de nuevo nos encontraremos ante un Congreso y un Senado con un alto componente elitista.

Además de hablarle a la población, es necesario que la población también pueda hablar por sí misma y sentirse representada más allá del sujeto hegemónico

La baja participación de determinados grupos de población o la imposibilidad de participación de otros nos debería hacer reflexionar sobre el modelo de construcción de ciudadanía en el que nos encontramos y si este representa realmente a la sociedad en la que queremos vivir.

No es el derecho a voto el que te configura como ciudadano, sino una serie de elementos de la vida social y política que te colocan en el lugar adecuado como para llegar a tener entre tus prioridades el ejercicio (o no) del derecho a voto. Y es por ello que debemos exigir a los responsables políticos a todos los niveles y a las administraciones que garanticen no sólo el derecho a voto sino el interés por ejercer este derecho para todas las personas que residen en el territorio.

Todas las personas que residen en el Estado español forman parte de la comunidad política, social y económica del país y por ello han de ser consideradas como sujetos políticos con posibilidad de acceder en igualdad a todos los derechos sociales, económicos, civiles y políticos independientemente de su país de procedencia, estatus jurídico o pertenencia a grupo social.

Garantizar la participación política universal será la única forma de generar una ciudadanía democrática e inclusiva. Solamente así conseguiremos que la participación política deje de ser un privilegio y se convierta en lo que realmente debería ser, un derecho.