Historia
Los ricos y poderosos de un país no siempre se apoyan entre sí; a veces se pelean a muerte

El problema de hablar de elites

Hace unas semanas ha habido una presentación de tres libros sobre el poder económico y político en España en la época contemporánea y hasta la actualidad: Ni una, ni grande, ni libre: la dictadura franquista (1939-1977), de Nicolás Sesma; Las élites que dominan España: una historia alternativa desde 1939, de Andrés Villena; y Los dueños del Estado: Los altos funcionarios que mueven los hilos del poder en España, de Rafa Méndez. El título de la sesión, que tuvo lugar en el Ateneo de Madrid, era muy directo y elocuente: “Elites y poder en el relato de España”.

Se trata sin duda de trabajos importantes que evidencian la continuidad en las formas de funcionamiento de los poderes establecidos en España —lo que en su momento se llamó “la casta”, las grandes corporaciones y altas profesiones vistas a través de las sagas familiares que las copan y sus tradiciones de transmisión de recursos patrimoniales y capital social—; sin embargo, la perspectiva que ofrecen estos trabajos es discutible por unilateral. Los grupos dominantes son una realidad compleja cuyo funcionamiento colectivo reclama un análisis capaz de dar cuenta también de sus líneas de falla y discontinuidad, y no de manera puramente descriptiva y fenoménica sino como una parte integral del análisis y la explicación de su dinámica a largo plazo. De lo contrario, se transmite con facilidad la imagen de una reproducción casi naturalizada, y como si además su poder fuese una constante histórica. Esa manera de contar el poder tiene efectos sobre las luchas sociales y políticas: dificulta la identificación en esos mismos grupos de debilidades susceptibles de ser explotadas estratégicamente por quienes creen su deno solo deseable sino posible.  

El asunto que conviene debatir arranca en buena medida de la propia herramienta conceptual con la que se intenta dar cuenta del poder de los ricos y poderosos. Una categoría como la de élite prestablece la idea de un grupo cerrado sobre sí mismo, que reproduce sus pautas de funcionamiento, capaz de mantenerse en el poder y reproducirse en el tiempo a partir de la transmisión de valores y prácticas, asegurando un control oligopolístico o cuasi monopolístico de determinadas parcelas del poder, sean del estado o del mundo empresarial. La circulación de las elites, perspectiva en que normalmente deriva el empleo de la categoría, tuvo gran éxito en su momento de acuñación hace un siglo, en el periodo del desarrollo del capitalismo industrial, al contribuir a apuntalar teorías como la ley de hierro de las oligarquías, cuando estas parecían estar imponiéndose en el mundo occidental. Sin embargo, más adelante, tras la Segunda Guerra Mundial, fue fuertemente criticada dentro de la sociología política en plena expansión académica al ser considerada un puntal en la lucha por la hegemonía de una visión estructuralista y sobre todo funcionalista de la sociedad y el poder. Esas críticas merecen ahora ser recuperadas. 

 En la constitución y la dinámica de los grupos de poder no todo son consensos; puede incluso que la mejor manera de conocer a los poderosos y ricos sea poniendo el énfasis no en lo que les une, sino en lo que les distingue o separa a unos de otros.

Elite no es la única categoría problemática para definir a los ricos y poderosos. Hay deficiencias análogas en otras nociones típicas del marxismo estructural-funcionalista, como es el concepto de “bloque de poder”, empleado por los primeros historiadores sociales españoles —sobre todo por influencia de la obra de Manuel Tuñón de Lara— para dar cuenta de una revolución burguesa que aparecía muy limitada en sus contribuciones a la modernización y cuyo fracaso se imputaba a la continuidad de los poderes más tradicionales. Pero al menos esa literatura planteaba una discontinuidad entre antes y después del desarrollismo franquista que estos tres libros en cambio vienen ahora a emborronar.

Esa forma de enmarcar la historia social, y en general el conocimiento del pasado, adopta y produce una “historia desde arriba” por la que se paga un precio, especialmente si no viene acompañada de una hipótesis que explique cómo es que las estructuras establecidas y las funciones de los grupos permiten la reproducción del sistema de modo permanente o reiterado. En la constitución y la dinámica de los grupos de poder no todo son consensos; puede incluso que la mejor manera de conocer a los poderosos y ricos sea poniendo el énfasis no en lo que les une, sino en lo que les distingue o separa a unos de otros. 

Breve relato de dos decisivos conflictos históricos internos a los grupos de poder

Frente a ese marco narrativo y conceptual de elites y bloques de poder cohesivos, en su día la sociología histórica del cambio social modernizador puso el foco sobre los conflictos internos en el seno de los grupos dominantes o poderosos, aportando al hacerlo categorías de análisis más refinadas.

Un par de ejemplos pueden servir de ilustración. Por un lado, tenemos la obra de Robert Brenner, Mercaderes y revolución: Transformación comercial, conflicto político y mercaderes de ultramar londinenses, 1550-1653, un libro de los años 90 que procede de su tesis doctoral, elaborada veinte años antes bajo la dirección de un gran historiador social, Lawrence Stone, con la que Brenner abrió a debate cómo era la composición de la burguesía en el contexto de la Revolución inglesa de 1640. Lo que su pormenorizada investigación sobre grupos de comerciantes descubrió es que esa burguesía inglesa en auge estaba fracturada de un modo profundo en dos grupos llamados a entrar en conflicto abierto. Por un lado, estaban los grandes comerciantes de las compañías privilegiadas, la mayor parte de ellos además cargos políticos importantes de la capital, Londres, en su mayoría anglicanos y muy bien conectados con la corte de los monarcas jacobitas, los cuales por su parte estaban desde comienzos del siglo XVII intentando convertir a Inglaterra en una monarquía absolutista al estilo de la Francia de entonces —para lo cual dejaron de convocar el Parlamento y trataron de financiarse a través de los impuestos al comercio. Por otro, existían unos terratenientes que estaban entonces transformándose en una especie de burguesía agraria al vincular sus arrendamientos al comercio de exportación, a la vez que expansionaban sus propiedades en América por medio de grandes explotaciones trabajadas por mano de obra esclava. Este grupo, rabiosamente calvinista y que nutría una parte importante de los asientos del Parlamento, fue entrando en alianza con otros comerciantes de la ciudad de Londres, pequeños propietarios de barcos que a su vez estaban estableciendo un comercio de materias primas con las colonias pequeñas del norte de los futuros Estados Unidos. 

Esa alianza entre terratenientes esclavistas y pequeños comerciantes de la capital fue la que hizo posible que, cuando la monarquía se vio obligada a convocar de nuevo el Parlamento, se abriera un gran conflicto constitucional que transformó completamente la política de Inglaterra y con el tiempo sus estructuras económicas y sociales a largo plazo. Al derrotar a esa clique de grandes comerciantes de las compañías monopolistas con acceso privilegiado a la corte proabsolutista, se estableció un orden diferente al que estaba extendiéndose por la Europa continental, consolidando por una parte un pionero capitalismo agrario —que permitiría dar el salto a la industrialización un siglo más tarde— y por otra el parlamentarismo como seña de identidad de la burguesía inglesa. 

Lo que interesa de este resumen es que la narrativa de Brenner destaca que esas supuestas “élites” —los terratenientes y los grandes comerciantes— no formaban un universo cerrado ni unificado sino que se hallaban escindidas en dos grandes bloques mutuamente excluyentes, y a la vez permanecían parcialmente abiertas a otros grupos sociales inferiores, al punto de que los conflictos que estallaron entre esos bloques marcaron la dinámica histórica de Inglaterra a largo plazo. 

Más ilustrativo todavía es el caso de Chile, analizado por Maurice Zeitlin, un sociólogo histórico que precisamente había estudiado la continuidad de las clases dominantes norteamericana desde la Independencia en adelante. Sin embargo, su argumento es que por debajo de esas continuidades en los grupos dominantes subyacen conflictos que abren la posibilidad de luchas internas que a su vez modifican las relaciones de fuerza entre las clases sociales. 

Esas supuestas “élites” no formaban un universo cerrado ni unificado sino que se hallaban escindidas en dos grandes bloques mutuamente excluyentes, y a la vez permanecían parcialmente abiertas a otros grupos sociales inferiores, al punto de que los conflictos que estallaron entre esos bloques marcaron la dinámica histórica de Inglaterra a largo plazo.

En The Civil Wars in Chile (Or the Revolutions That Never Were) [Las guerras civiles de Chile (o las revoluciones burguesas que nunca existieron)], Zeitlin se enfrenta a un caso excepcional de continuidad: el del parlamentarismo en Chile, establecido desde la segunda mitad de siglo XIX y prolongado sin interrupciones durante dos tercios del siglo XX hasta el golpe de estado de Pinochet en 1973 —excepto un pequeño período en los años de entreguerras—. Tradicionalmente, esa continuidad ha sido vista por los historiadores como el reflejo de la perduración de unas elites económicas y políticas a largo plazo, cuya continuidad habría dado a Chile la experiencia de liberalismo parlamentario más prolongada de la América Latina poscolonial, si bien a cambio de condicionar la llegada de la democracia.

Frente a esta interpretación, lo que destaca Zeitlin es que por debajo de esa aparente continuidad había una fractura interna en los grupos económicos dominantes, manifiesta en dos grandes conflictos históricos de guerra civil, en los cuales se enfrentaron abiertamente dos fracciones —como él las define— de la burguesía de un estado nacional poscolonial como el chileno, muy dinámico desde su independencia: el primero en la década de 1840 y el segundo en la de 1880.  

En el primer caso, el grupo compuesto por grandes terratenientes agrícolas, extendidos por el centro de su geografía y que monopolizaban los cargos públicos del estado tras la independencia, basaba su economía en un sistema de gestión de la mano de obre semiservil —el colonato—, aspirando a mantener Chile como una economía abastecedora de los mercados internacionales de productos agrícolas y materias primas. No obstante, al margen de ellos y crecientemente frente a ellos, habían ido surgiendo grupos de propietarios mineros en el norte y el sur con una visión de la economía menos volcada hacia la dependencia de extranjeros —sobre todo del capital británico—, que encarnaban una cultura más urbana y reivindicaban una política parlamentaria. Su confrontación armada concedió el triunfo a la aristocracia terrateniente, y por lo tanto a la dependencia del mercado internacional, pero como resultado de la guerra también se consolidó el parlamentarismo. 

Cuarenta años más tarde la situación era muy diferente. La competencia internacional había aumentado, y el conflicto que se reabrió entonces entre los mismos grupos y territorios añadía ahora una importante dimensión industrial del lado de los propietarios mineros. La guerra que terminó enfrentando de nuevo a este grupo con la aristocracia terrateniente conservadora del centro del largo territorio chileno tuvo como núcleo de la discordia la apuesta por una intervención del estado en la economía reclamada por los sectores minero-industriales con el fin de efectuar grandes inversiones. Se trataba de habilitar una suerte de “vía prusiana” al capitalismo, vinculando la extracción minera a industrias transformadoras emergentes, de modo que la economía chilena se sacudiera la dependencia exterior y saliera de la posición subalterna y periférica que ocupaba en el mercado mundial. En este caso además, lo interesante es que el presidente Balmaceda, que representaba a la fracción minero-industrial e intervencionista de la burguesía chilena, provenía del mundo de los grandes terratenientes agrícolas; y sin embargo, cambió su lealtad de origen, resocializándose en los valores de la emergente burguesía pro-industrial y anti-colonial. 

Finalmente, en esta segunda guerra civil fue de nuevo derrotada la fracción de la burguesía más modernizadora que no obstante planteaba una ruptura con la ortodoxia liberal de no intervenir en la economía. La victoria de los terratenientes agrarios tuvo a cambio el efecto de consolidar la cultura del parlamentarismo a muy largo plazo, si bien a condición de confirmar el estatus dependiente de Chile dentro de la economía-mundo en pleno avance del capitalismo industrial. 

El marco interpretativo de Zeitlin ilumina conflictos entre los ricos y poderosos como un rasgo de la dinámica histórica chilena, pero sin llegar a convertirlos en factores explicativos de toda su experiencia moderna: su planteamiento es que el conflicto intraclase condicionó las luchas sociales más amplias, entre las clases. Así, durante la guerra civil Balmaceda reprimió el emergente movimiento obrero, despejando el camino para otras represiones como la gran matanza de los mineros del salitre ya a comienzos del siglo XX. 

Sobre todo, Zeitlin consigue dar cuenta de la posición de Chile en el mercado mundial a través de los resultados de los conflictos sociales y políticos internos al país —y no por una supuesta acción inexorable de los mercados—, subrayando la contingencia de las luchas colectivas. Solo así se entiende que, tras el establecimiento de la democracia, el movimiento obrero chileno fue lentamente erosionando la hegemonía de las viejas clases liberales hasta propiciar a comienzos de la década de 1970 la experiencia de la Unidad Popular. Por cierto que Salvador Allende no provenía de un entorno social obrero, y sin embargo se convirtió en promotor de una experiencia de socialismo democrático sin precedentes en la que de nuevo se manifestaron líneas de falla en sectores de los ricos y poderosos, así como también alianzas de estos con grupos de trabajadores y campesinos. 

Luchar con éxito contra el poder plutocrático de las oligarquías depende en buena medida de la capacidad de ofrecer diagnósticos acertados acerca de sus debilidades, no solo de sus fortalezas.

Esta vez el conflicto abierto no desembocó en una guerra abierta, sino en el golpe de estado de 1973. Ahora bien, como en esos días recogió en sus memorias el ya entonces viejo líder anarquista español Juan García Oliver, en Chile no se desató una guerra porque Allende no permitió que se diesen armas al pueblo. Con ello demostró ser heredero de la larga cultura parlamentaria chilena. En cambio, otros prefirieron abandonar una larga e inveterada tradición de liberalismo parlamentario con tal de desmantelar el formidable poder alcanzado a esas alturas por los que no eran ricos.

Para qué deberíamos estudiar a los poderosos y a los ricos

Estudios como los arriba reseñados consiguen iluminar la complejidad social de una manera más completa e históricamente veraz que aplicando teorías como la de la circulación de las élites o adoptando la perspectiva “desde arriba” del bloque de poder. El punto de partida de una teoría social adecuada y una historiografía fina debería ser que, en todo grupo con poder, sea económico, social, político o cultural, existen diferencias internas que pueden dar paso a líneas de falla que lo fracturen, así como están sujetas a dinámicas de lucha por el estatus y el liderazgo que desplazan a individuos y subgrupos. Es sobre esa base como merecen entonces ser aislados y analizados los mecanismos de cohesión y reproducción grupal. 

Zeitlin ilumina conflictos entre los ricos y poderosos como una rasgo de la dinámica histórica chilena, su planteamiento es que el conflicto intraclase condicionó las luchas sociales más amplias, entre las clases. 

Lo que está en juego no es solo una cuestión de conocimiento. Evitar generar imágenes naturalizadoras del poder de los de arriba como siempre en sus manos, todo él, incluso siempre el mismo y de la misma manera, cumple una función importante sobre la imaginación política colectiva. Luchar con éxito contra el poder plutocrático de las oligarquías depende en buena medida de la capacidad de ofrecer diagnósticos acertados acerca de sus debilidades, no solo de sus fortalezas.

Las categorías que se emplean son por eso importantes. No estaría de más preguntarse qué habría pasado si, en lugar de abusar del concepto de bloque de poder, la oposición antifranquista, y especialmente la que se arrogaba la etiqueta de revolucionaria, hubiera empleado categorías más finas y precisas acerca de las debilidades internas de los ricos y poderosos en la España de la década de 1970. Tal vez hoy no estaríamos dando tan por hecha la continuidad de las elites entre el siglo XX y el siglo XXI.