Refugiados
Se acabó el tiempo: Rajoy incumple la cuota y pide recibir menos refugiados

Este 26 de septiembre de 2017 era la fecha límite fijada por el Consejo Europeo en la cumbre del 22 de septiembre de 2015 para que sus 28 Estados miembros —que representan a cerca de 500 millones de personas— asumieran la reubicación (temporal) de 120.000 refugiados llegados a Grecia e Italia con derecho a protección internacional y reasentaran (acogida permanente) a otros 40.000 provenientes de campamentos en Turquía y Líbano.

El debate sobre el número de refugiados a acoger y las cuotas correspondientes a cada uno de los países miembros en función de su población y PIB había dado lugar a duras polémicas en los meses previos a esas cumbres. El Gobierno de Mariano Rajoy recibió ya en su momento un apercibimiento de la Comisión Europea por alegar dificultades para recibir a los refugiados que le correspondían por su población y por su PIB.

Todavía en julio pasado, el ministro del Interior español, Juan Ignacio Zoido, confiaba en poder convencer a la UE para que le rebajara la cuota asignada a España. Oxfam Intermon ha registrado ante la Comisión Europea una denuncia contra el Gobierno por su flagrante incumplimiento con la cuota obligatoria que se le asignó, cuyo incumplimiento le hace merecedor de sanciones según las propias normas internas de la UE.

De los 7.872 desplazados que perdieron su vida en rutas marítimas. 5.098 intentaban cruzar el Mediterráneo para alcanzar las costas europeas

Cuando la UE tomó su decisión habían llegado ya cerca de un millón de personas a suelo europeo huyendo de las guerras de Siria, Irak, Libia, Afganistán, Eritrea. Hoy día supera los 2,2 millones, pero la Comisión Europea estimó en septiembre de 2015 en solo 160.000 el número de personas merecedoras de protección internacional que podían ser acogidos en la UE. La CE solo acepta acoger a refugiados provenientes de Eritrea, Siria o Yemen, pero no de Irak, Afganistán, Mali u otros países igualmente envueltos en conflictos bélicos que han obligado a abandonar sus viviendas a millones de personas.

Cerca de un millón de personas se encuentran en un limbo en suelo europeo, a la espera de sus solicitudes de asilo.

200.000 húngaros acogidos como refugiados en 1956

Tras el fin de la II Guerra Mundial en 1945, hubo más de 40 millones de desplazamientos forzosos en Europa. Comenzaba la Guerra Fría y durante los años siguientes Europa y EE UU no se ponían de acuerdo en cómo enfrentar la situación.

Mientras Europa occidental, la realmente afectada, proponía crear un organismo internacional permanente y con medios suficientes, EE UU abogaba por una estructura temporal, como lo fue durante tres años la Organización Internacional de Refugiados (OIR), y que no supusiera ninguna nueva obligación económica.

Finalmente se llegó a un consenso y en diciembre de 1949 la Asamblea General de la ONU decidió por 36 votos a favor y 11 abstenciones, crear la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR). La primera gran prueba de fuego que tuvo ACNUR fue en 1956, cuando tuvo lugar la invasión soviética de Hungría para aplastar el levantamiento popular y la organización, con gran agilidad y sin cumplir estrictamente con sus propias condiciones declaradas para la concesión de asilo, distribuyó entre los países de Europa occidental y EE UU a 200.000 húngaros.

Como reconocía ACNUR al celebrar los 50 años de su nacimientos en el año 2000, “evidentemente, los gobiernos occidentales crearon el ACNUR y redactaron la Convención de la ONU sobre los Refugiados pensando en los refugiados que huían de los regímenes comunistas”.

Paradójicamente, seis décadas después de aquellos hechos, son países como Hungría, Polonia y la República Checa, todos ellos gobernados hoy por la derecha y la ultraderecha, los países que han rechazado frontalmente la aceptación de refugiados y han adoptado las medidas represivas contra los que se han atrevido a llegar hasta sus fronteras.

En 2015, pese a la no poca responsabilidad de Europa en las causas que han dado lugar a la huida masiva de personas originarias de países en guerra, la UE demostró su hipocresía, la inconsistencia de su tantas veces autoproclamada democracia, libertad y solidaridad. Pocos meses después de la decisión comunitaria de reubicar a 160.000 refugiados, en marzo de 2016, entraba en vigor el vergonzoso acuerdo entre la Unión Europea y Turquía, por el cual Europa comenzó a expulsar de su territorio rumbo a centros de internamiento en Turquía a miles de esas personas que se habían jugado la vida para atravesar el Mediterráneo, pero a las que no reconocía su derecho a protección internacional. Eran —y son— calificados despectivamente como “inmigrantes irregulares”.

De nada valieron las denuncias de violación de los derechos humanos por parte de ONG y de la propia ONU. Europa había encontrado en el cada vez más represivo régimen de Targyp Erdogan una tabla de salvación para deshacerse de miles de familias desesperadas que habían llegado a sus costas. A cambio, Erdogan recibiría 6.000 millones de euros de compensación y se le garantizaba la reapertura de negociaciones para su anhelada entrada en la UE, negociaciones que Europa había decidido congelar por las constantes violaciones a los derechos humanos por el régimen turco. El Alto Comisionado para los Refugiados de la ONU, el jordano Zeid Ra'ad Al Hussein, acusó en 2016 a las autoridades europeas de violar “principios fundamentales como la solidaridad, la dignidad y los derechos humanos” con su acuerdo con Turquía, con la construcción de vallas e impidiendo la reagrupación familiar.

Con su política, la UE está violando la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Convención de Ginebra sobre los Refugiados, la Convención Europea de Derechos Humanos, la Carta de Derechos Fundamentales de la UE, la Convención sobre los Derechos del Niño y las propias Constituciones nacionales. La Constitución española, en su artículo 13.4 sostiene que “los ciudadanos de otros países y los apátridas podrán gozar del derecho de asilo en España”. Por su parte, la Ley de Extranjería vigente dice que una persona podrá demandar asilo aún en el caso de no disponer el visado para poder permanecer en España.

68,5 millones de personas desplazadas en el mundo

Según los últimos informes disponibles de ACNUR (Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados), que datan de 2016, el mundo está viviendo la mayor crisis de desplazamientos forzosos desde la II Guerra Mundial. El año pasado eran ya 68,5 millones de personas.

Siria, un año más, ha sido en 2016 y lo sigue siendo en 2017, el país de origen de la mayoría de los refugiados, el grueso de ellos en espera de respuesta a su solicitud de protección internacional. Colombia fue por su parte en 2016 todavía el país con más desplazamientos internos a causa de más de medio siglo de guerra. Durante 2016, un total de 7.872 personas perdió su vida en rutas marítimas. 5.098 de ellas (65%), en el Mediterráneo mientras intentaban alcanzar las costas europeas, lo que supone un aumento importante con respecto a los dos años anteriores, 3.784 en 2015 y 3.279 en 2014.

Esto pone en evidencia la “eficacia” del acuerdo entre la UE y Turquía como el acuerdo con Libia, como las constantes devoluciones en caliente.

España solo acogió al 11,7% de los 17.337 refugiados con los que se comprometió en 2015

Europa reivindica que, debido a esa externalización e impermeabilización de las fronteras, en el primer trimestre de 2017 el número de solicitudes de protección internacional en la UE bajó de las 321.620 del primer trimestre de 2016 a 180.190, según Eurostat. La otra cara de esas cifras es que más gente ha muerto al buscar vías clandestinas aún más peligrosas, y que más gente ha sido hacinada en centros de internamiento en Turquía y otros países. 

Amnistía Internacional denunciaba en agosto pasado la aprobación por parte del Parlamento italiano del despliegue de buques de guerra en aguas libias en apoyo a la guardia costera de ese estado fallido para interceptar y devolver a tierra a los migrantes que intentan cruzar el Mediterráneo para llegar a las costas europeas.
“Italia, junto con otros Estados miembros de la UE, debería estar centrándose en incrementar sus operaciones de búsqueda y salvamento”, decía AI, “y en lugar de esto, ha optado por eludir su responsabilidad y poner en peligro a las mismas personas a las que dice que intenta ayudar, con medidas como proporcionar cobertura y apoyo militar a la guardia costera libia, cuya conducta temeraria y abusiva contra las personas refugiadas y migrantes durante las interceptaciones ha sido documentada”. Amnistía denunciaba también que “Italia, con el apoyo de la UE, pone trabas a la capacidad de las ONG de rescatar a personas en el mar, demostrando la mala orientación de todo el enfoque”.

La hipocresía del Gobierno Rajoy

A pesar de que durante el primer trimestre de este año en la UE se redujo más del 40% el número total de solicitudes de protección internacional, en España se produjo un efecto contrario, aumentaron drásticamente, pasando de las 2.930 del primer trimestre de 2016 a las 6.865 de igual periodo de 2017.

Si en el conjunto de la UE las solicitudes provienen mayoritariamente de personas originarias de Siria, Afganistán y Nigeria —en ese orden—, en España las principales demandas son de nacionales de Venezuela, Ucrania y Siria.
Durante 2016 (CEAR, Informe 2017: Las personas refugiadas en España y Europa), fueron 15.755 en total las personas que solicitaron asilo en España. Es sin duda una cifra muy alta para los niveles españoles, y esto es usado una y otra vez por el Gobierno de Mariano Rajoy para intentar justificar su exasperante lentitud para acoger a los refugiados.

El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, se refugiaba en ese aumento cuando se le pedía explicaciones en julio pasado en la Comisión de Interior del Congreso por la lentitud para reubicar y reasentar a las 17.337 personas con las que se comprometió España hace dos años. A inicios de julio, antes de la comparecencia parlamentaria, Zoido decía confiar en que la UE aceptara rebajar en varios miles la cifra de personas a las que España se comprometió dos años atrás a reubicar o reasentar. Es sin duda vergonzosa la actitud de la cuarta economía de la zona euro, cuando un país como Portugal ha cumplido casi totalmente su compromiso, y países como Alemania, Francia, Holanda, Suecia y Finlandia habían cubierto ya una buena parte de la cuota que se les asignó.

Dinamarca, Suiza y Alemania confiscan a los refugiados las joyas y bienes superiores a los 1.300 euros para sufragar su permanencia

Independientemente de este programa de reubicación y reasentamiento de 160.000 personas varios de estos países han acogido a un número muy superior de refugiados provenientes de distintos países.

Por eso, el Informe del CEAR dejaba en evidencia la hipocresía del ministro y del Gobierno Rajoy al utilizar la cifra total de 15.755 solicitudes de asilo recibidas en 2016 —aparte del programa de la UE— para intentar justificar su lentitud y reticencia para cumplir su compromiso comunitario: “Es la cifra más alta de la serie histórica”, sostenía el CEAR, “pero, de nuevo, es significativamente ínfima si tenemos en cuenta la ubicación geográfica de nuestro país y si, además, la comparamos con las 745.265 solicitudes de asilo en Alemania, las 123.370 de Italia o las 83.485 de Francia. El Gobierno solo otorgó el estatuto de refugiadas a 355 personas de las 10.250 cuyo expediente de asilo se resolvió, aunque es cierto que brindó la protección subsidiaria a 6.500 personas, la mayor parte de ellas originarias de Siria”.

A pesar de esos datos, el impresentable secretario de Estado para Europa, Jorge Toledo —el mismo que en el Parlamento calificaba a los refugiados como “esos que se tiran a la mar”— sostenía el pasado 1 de septiembre en el marco del encuentro El futuro de la UE que España estaba “en la media” de reubicaciones que el resto de la Unión Europea.

CEAR criticaba también al Gobierno por no asumir “la tarea de coordinar e incentivar la voluntad solidaria expresada por diferentes comunidades autónomas y los municipios que han formado la red de ciudades refugio”. Los portavoces del PP y sus columnistas y tertulianos afines utilizan a menudo el argumento de que mantener una política más solidaria con los refugiados provocaría un “efecto dominó”.

Desde la campaña VenidYa, que presiona para la acogida de refugiados, agrupando a 250 organizaciones, se responde a esto: “Las personas que están llegando de países en conflictos ni vienen a Europa porque quieran o porque hayan decidido que Europa es su opción de vida. Llegan a Europa por efecto huida y Europa es un destino temporal de su huida. Todas las personas que han llegado están deseando volver a su país en cuanto la paz lo permita. No hay efecto llamada, hay efecto huida”.

El solo hecho que Toledo siga siendo el representante de España ante la UE dice todo sobre la importancia que da Rajoy a los derechos humanos. Durante su comparecencia en marzo pasado ante la Comisión Mixta del Congreso y el Senado, Toledo no supo cifrar el número de víctimas mortales en el Mediterráneo. “Los picos mil, no sé, dos o cinco pico mil”, lo que motivó la repulsa de toda la oposición. “Ni se 'tiran al mar' ni son 'miles y pico'. Son PERSONAS con historias únicas y DERECHOS irrenunciables”, escribió el CEAR en su cuenta en Twitter, mientras que la Red Española de Inmigración y Ayuda al Refugiado denunció su “total desconocimiento de datos básicos en materia de acogida y asilo”.

Oxfam Intermon anunció días atrás que, mientras países europeos ricos como Dinamarca, Suiza o Alemania aplican desde 2016 la llamada “ley de las joyas”, por las cuales se confisca a los refugiados todos sus bienes y joyas con un valor superior total a los 1.300 euros para sufragar sus gastos de permanencia, la Unión Europea se gastó entre 2014 y 2016 más de 17.000 millones de euros para levantar 1.200 kilómetros de vallas en sus fronteras; en drones de vigilancia o en contratos millonarios con empresas privadas de seguridad para devoluciones de los refugiados a sus países de origen u otros servicios. Entre esas empresas no podía faltar, claro, una importante representante de la marca España, la multinacional Indra.