Asturias avanza hacia la oficialidad

El movimiento de reivindicación lingüística en Asturias ha venido expresando sus demandas de forma incansable a lo largo de más de cuarenta años, encontrándose enfrente con una mayoría política que se mostró siempre en contra de la principal de estas demandas, la oficialidad.

Sin embargo, con el paso del tiempo, la posición de la sociedad asturiana en relación con la cuestión lingüística ha sido cada vez más favorable a la protección de su lengua y ha ido deshaciéndose en gran medida de los prejuicios lingüísticos existentes, tal como apuntan los datos del último estudio sociolingüístico de Asturias.

El relevo generacional y, sobre todo, el empuje de las personas y colectivos que defienden la recuperación lingüística han sido protagonistas en esta evolución. Esto ha hecho que, por primera vez en todos estos años, se esté ante un escenario totalmente nuevo en lo político, ya que la actual configuración del Parlamento asturiano podría servir para promover a corto plazo una reforma estatutaria que declarara la oficialidad.

Esta posibilidad ha hecho que los numerosos colectivos, asociaciones, plataformas, etc. que componen el movimiento de reivindicación lingüística hayan reaccionado mostrando su compromiso con una oportunidad histórica. En menos de un mes, miles de personas se han echado dos veces a las calles para hacer notar su apoyo a la oficialidad y para solicitar a las formaciones políticas que no esperen más para abrir un proceso de reforma estatutaria que la facilite.

La declaración de oficialidad no va a suponer de un día para otro la solución a la regresión lingüística que se ha producido durante décadas si no va acompañada de una política de normalización ambiciosa. Sin embargo, parece claro que el actual marco regulatorio no consigue garantizar aquello que, según su articulado, pretende como es fomentar la recuperación lingüística y proteger los derechos de las personas para usar su lengua libremente.

A lo largo de estos años hemos podido ver cómo se vulneran los derechos de las hablantes amparándose en la falta de oficialidad, negándole a personas físicas y jurídicas el derecho a emplear ante la administración la lengua que deseen, impidiendo a los ayuntamientos aprobar ordenanzas de uso, poniendo trabas a su aprendizaje, oponiéndose a utilizar los topónimos oficiales que recuperan su forma tradicional, etc.

Esta actitud política se basa en una visión histórica profundamente centralista por parte de los poderes del Estado, apoyada también en la tendencia a la uniformidad que padecemos como consecuencia de la globalización y dentro de cuyos parámetros no entran valores favorables a la diversidad cultural y lingüística. La igualdad de derechos de las personas según la lengua que utilicen importa poco y los avances que se producen en esta materia solamente lo hacen cediendo ante la presión de la sociedad.

Acompañando esta postura podemos ver hoy en Asturias a los grupos más reaccionarios de la sociedad reproduciendo viejos argumentos que dejan a las claras su supremacía lingüística como que es un invento que nadie habla o que no sirve para nada en la sociedad actual. Otras veces, difunden discursos casi apocalípticos alertando de la imposición lingüística, del separatismo o incluso del empeoramiento de los servicios públicos.

En momentos de regresión de derechos y libertades, como el actual, siempre hay movimientos de resistencia que promueven acciones emancipadoras. Entre las muchas resistencias y luchas que se están librando, está también la lucha por la diversidad cultural y lingüística. La protección de dicha diversidad en Asturias va a depender de una apuesta decidida de la sociedad asturiana para avanzar hacia la oficialidad.