Educación
El negocio del relato en la Cañada Real y el compromiso ético de la comunidad educativa

El asentamiento informal de la Cañada Real se levantó sobre un tramo de la vía pecuaria Cañada Real Galiana a su paso por los municipios de Coslada, Getafe, Madrid y Rivas Vaciamadrid. El origen de este asentamiento se sitúa en los años 50 del siglo pasado, cuando inmigrantes rurales iniciaron su éxodo a la capital de España. Las primeras construcciones se remontan a la década de los 70, llevadas a cabo por vecinos de localidades cercanas como Coslada o Vallecas. A partir de aquí, el asentamiento fue creciendo, fundamentalmente, desde los años 90 con la llegada de población extranjera más pobre y la aparición de las chabolas, algo que fue aprovechado por los medios de comunicación para extender una imagen negativa de la Cañada.

La droga, el trapicheo y la violencia que los aderezan son el anatema de la Cañada Real. Convenientemente utilizado por determinadas formaciones políticas y los medios de comunicación, esta condena moral sirve a dos fines: en primer lugar, estigmatizar a la ciudadanía que lucha por subsistir y por obtener un derecho tan básico como el acceso garantizado a la energía eléctrica que, a su vez, posibilita el acceso a otros derechos como una alimentación adecuada, educación, salud y una vivienda en unas condiciones mínimas de dignidad. En segundo lugar, y como consecuencia de la estigmatización, se margina “legítimamente” a una zona que ocupa más de 14 kilómetros de extensión y donde residen más de 8.000 personas.

Esto ha posibilitado postergar una problemática burocrática compleja durante décadas, expulsar a los residentes para intentar llevar a cabo expansiones urbanísticas y, probablemente, también crear un gueto donde agrupar y “ocultar” a una parte desclasada de nuestra sociedad que, ni mucho menos, representa la totalidad de vecinos que residen en la Cañada.

Los desalojos forzosos sufridos por estos en el periodo comprendido entre 2007 y 2012, generaron desplazamientos de residentes que podríamos interpretar como un proceso de acumulación por desposesión

En la Cañada Real se entrelazan casuísticas que se hallan en el plano político y económico, por lo que, si no atendemos a este, difícilmente podemos explicar las razones de la vulnerabilidad de su gente. Por ejemplo, los desalojos forzosos sufridos por estos en el periodo comprendido entre 2007 y 2012, generaron desplazamientos de residentes que podríamos interpretar como un proceso de acumulación por desposesión. La expulsión de estas familias brindaba la posibilidad de mercantilizar un terreno que hasta ese momento no podía enajenarse en el mercado, pero unos años antes ya comenzaron a evidenciarse los primeros conflictos de intereses entre habitantes de La Cañada y promotores urbanísticos. Todo esto vino posibilitado por la aprobación en 1997 del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Madrid —que abrió la veda a la recalificación de terrenos protegidos como suelo urbanizable— y la Ley del Suelo autonómica, que para 2001 estableció como suelo urbanizable todo terreno que no estuviera protegido por una ley sectorial.

Ante este panorama legal, a comienzos de la década de 2000, los Programas de Acción Urbanística (PAU) ya estaban alcanzando al asentamiento informal de la Cañada. Tal y como señala el colectivo Todo por la Praxis:

La cercanía parece molestar a los promotores, ya que podría afectar a las ventas de los inmuebles, y también preocupa la pérdida de valor de esos inmuebles por la cercanía a un asentamiento ilegal. Por otro lado, existe la sospecha de que estos desarrollos urbanísticos detentarían la inclusión de dicha zona para poder imputarla como zona verde en dichos desarrollos y así obtener más edificabilidad a su favor. Esto generara nuevas plusvalías incrementando así la edificabilidad de sus desarrollos. Se detecta fácilmente que estas acciones no obedecen tanto a la necesidad y obligación de las Administraciones de proteger el dominio público, sino también para satisfacer determinados intereses que poco tienen que ver con lo público.

Es decir, además de los inconvenientes que pudiera generar la proximidad de la Cañada Real para la rentabilidad del negocio inmobiliario, resulta evidente que enajenar más terreno público en el mercado podría ser una posibilidad.

En las últimas décadas, la crisis ha abierto nuevas oportunidades para el despojo. Actualmente, nociones como privatización o mercantilización han cobrado un protagonismo renovado en el contexto de crisis sistémica en el que nos encontramos. Sectores como la educación, la sanidad, la vivienda y los servicios públicos, así como el ámbito militar y el gubernamental, con la frecuente práctica de la externalización o subcontratación de servicios, se ven sometidos a estas lógicas capitalistas.

El fenómeno no es nuevo, es una condición necesaria para la construcción y/o consolidación del poder de clase. Sin embargo, aspectos como la explotación en el trabajo, la contaminación y la deforestación, la destrucción de las costumbres, el deterioro de la calidad de vida, etc., no son tenidos en cuenta más allá del cálculo de las ganancias. El liberalismo económico se ha impuesto como principio organizador de la sociedad desde la creencia casi mística en la merced global de estas, y la situación que sufren los vecinos y las vecinas de la Cañada Real es una expresión más de esta lógica ideológica.

El liberalismo económico se ha impuesto como principio organizador de la sociedad desde la creencia casi mística en la merced global de estas, y la situación que sufren los vecinos y las vecinas de la Cañada Real es una expresión más de esta lógica ideológica

Mientras tanto, en la Cañada siguen sufriendo los constantes cortes de luz y el abandono generalizado de las administraciones. Los residentes, víctimas de esta situación, también se tienen que enfrentar a pérdidas de miles de euros por culpa de los derribos llevados a cabo en los desalojos. El Ayuntamiento hace llegar a las personas desalojadas facturas de los derribos realizados por empresas privadas, lo que se une a los miles de euros perdidos en la financiación de la construcción de los hogares destruidos. Todo esto implica un círculo vicioso para los habitantes de la Cañada, que se ven atrapados en un laberinto burocrático y especulativo que perpetúa su situación de pobreza y que empuja a algunos a la economía informal, dada su extrema situación de vulnerabilidad y exclusión social. Haciendo de esta última consecuencia, el argumento estrella de un relato que no tiene en cuenta la problemática socioeconómica que la crea.

Pasando al terreno de lo concreto y partiendo desde nuestra experiencia docente, observamos el día a día del alumnado que reside en la Cañada, y desde que comenzaron los cortes de luz sufre una difícil realidad que permanece invisibilizada.

La escuela, como institución socializadora, pretende ser un lugar donde borrar las diferencias sociales, tratando a todas las personas por igual y ofreciéndoles las mismas oportunidades. Sin embargo, día a día vemos con impotencia como los medios de los que disponemos son insuficientes para paliar una brecha que se acentúa con situaciones como los cortes de luz que sufren de manera constante algunos de nuestros alumnos y alumnas.

Para tratar de mitigar algunos de los efectos de esta perversa situación, hemos tomado algunas medidas. Desde hace tiempo, en los presupuestos se asigna una cantidad económica destinada a promover ayudas al estudio para las familias que, debido a su situación económica, no pueden sufragar las cuotas y aportaciones necesarias que se precisan para el sostenimiento de un Proyecto Educativo de calidad. Estas cantidades proceden del llamado “fondo de solidaridad”, que sostiene el conjunto de las familias a través de una pequeña parte de la cuota que abonan y que se reparte entre los tres centros de FUHEM de forma solidaria.

En el último curso escolar hemos contado también con una dotación tecnológica, puesta a disposición por la consejería de Educación de la Comunidad de Madrid, y hemos tenido la posibilidad de prestar un ordenador a cada alumno o alumna que así lo ha solicitado. Además, y gracias a convocatoria PROA+ 21-23 promovida por el Ministerio de Educación y Formación Profesional hemos podido ofrecer horas de refuerzo educativo, acompañamiento y motivación al alumnado que así lo ha solicitado.

Día a día vemos con impotencia como los medios de los que disponemos son insuficientes para paliar una brecha que se acentúa con situaciones como los cortes de luz

Todas estas medidas son, sin embargo, insuficientes para paliar los efectos de la vulneración de derechos fundamentales que sufre nuestro alumnado residente en la Cañada. Tanto el derecho a la educación, a la salud o a una vivienda digna, se ven sistemáticamente quebrantados por el abandono de las instituciones a esta parte de la población que sufre cortes injustificados y arbitrarios de luz. Estas personas, estos niños y niñas y sus familias, no tienen acceso a calefacción, agua caliente, a poder iluminar sus casas o conservar los alimentos refrigerados, lo que hace imposible desarrollar actividades fundamentales como lavar la ropa, la higiene diaria o tener acceso a una alimentación saludable.

La comunicación con las familias de la Cañada es fluida, hemos tenido varias reuniones en las que hemos preguntado por las necesidades que tenían y tratado de buscar soluciones que pudiéramos ofrecer desde el colegio. Las madres luchan día a día por dar a sus hijos e hijas la oportunidad de una vida digna y autónoma, lo que pasa por permitirles una educación.

“A mí me da igual lavar la ropa a mano y con agua fría, o ir a hacer la compra cada día para que nada se estropee, lo único que quiero es que mis hijos tengan la oportunidad de estudiar”, comenta Rachida en una de estas reuniones.

Por ello, una parte importante de la comunidad educativa denunciamos esta vulneración sistemática de derechos y de pobreza energética que sufren desde hace más de un año y medio estos menores, y esta dejación de funciones por parte de las instituciones.

Tanto el derecho a la educación, a la salud o a una vivienda digna, se ven sistemáticamente quebrantados por el abandono de las instituciones a esta parte de la población que sufre cortes injustificados y arbitrarios de luz

Queremos además ir más allá de esta crisis concreta y sensibilizar de la crisis climática y económica a la que nos enfrentamos que nos obliga a pensar en otras maneras de producir la energía y en la necesidad de reducir su consumo, así como las causas de la pobreza energética que va en aumento y que queremos contribuir a reducir. Para ello, varios centros hemos iniciado un proceso para hacernos más sostenibles mediante la instalación de paneles solares, sustitución de la iluminación por luces LED, etc.

En la misma línea, en Hipatia estamos llevando a cabo un proyecto que cuenta con tres objetivos fundamentales: formar y sensibilizar a la comunidad educativa respecto a la necesidad de aumentar la eficiencia energética, contribuir a la reducción de la pobreza energética y aumentar la eficiencia energética. Para su puesta en marcha estamos contando con la colaboración de ECOO y Light Humanity, entidades de la economía social y solidaria que están acompañándonos en este proceso, así como con el Ayuntamiento de Rivas, comisiones de familias como Hipatia Unida o la Ecosocial y la participación activa del profesorado y alumnado. En los próximos años, esperamos poder abastecernos con la energía proveniente de las placas solares y llegar a generar una Comunidad Energética.

Todo lo expuesto ayuda, pero es insuficiente. El ahora es imperativo en la crisis sistémica que vivimos y para unas generaciones de jóvenes que han de ser ya protagonistas, si queremos garantizar poder disfrutar de vidas buenas.