Educación
El Constitucional avala que se eliminen las ayudas a colegios que segregan por sexos

El Tribunal Constitucional ha dado un portazo al recurso de Vox contra la Ley Orgánica 3/2020, conocida como Ley Celáa, que incluye aspectos que escamaban a la formación de extrema derecha: la prohibición de la financiación de la escuela que segrega por sexos, la ausencia de la religión en el currículo obligatorio o la inclusión de la perspectiva de género en la enseñanza.

La resolución, conocida este martes, que cuenta con los votos particulares de los magistrados conservadores, establece que “la diferencia de trato entre los centros educativos que separen al alumnado por razón de su género, a efectos de poder ser financiados total o parcialmente por fondos públicos, responde a una concepción ideológica del sistema educativo que, no solo no puede ser tachada de arbitraria, sino que, además, está inspirada en valores constitucionales”.

“La diferencia de trato entre los centros educativos que separen al alumnado por razón de su género, a efectos de poder ser financiados por fondos públicos, está inspirada en valores constitucionales”.

Recuerda además que, la educación “no es mera transmisión de conocimientos, es también formación humana”, y que según la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos “el respeto a las creencias religiosas o morales” no impide cualquier transmisión de valores sino que esta se efectúe “de manera objetiva, crítica y pluralista”, sin que haya nada en los preceptos de la cuestionada norma que haga pensar que la “educación para la salud, incluida la afectivo-sexual” se pueda proporcionar en un sentido diferente.

Por último, aclara que la “perspectiva de género” a que se refieren los recurrentes se menciona en la ley como principio pedagógico dirigido a las Administraciones y centros educativos, “no a los alumnos a quienes el legislador no impone, por tanto, ninguna perspectiva o adhesión ideológica”.

La nueva regulación es conforme con el artículo 3 de la Constitución, que garantiza el derecho a usar el castellano y la cooficialidad de las lenguas autonómicas

La sentencia también se posiciona por la postura de la formación de extrema derecha sobre el derecho a recibir educación en castellano. A este respecto, asegura el auto, la nueva regulación es conforme con el artículo 3 de la Constitución, que garantiza el derecho a usar el castellano y la cooficialidad de las lenguas autonómicas, y también con la responsabilidad del Estado de velar por el respeto de los derechos lingüísticos del alumnado. Habla también de “un patrón de equilibrio o igualdad entre lenguas” y un derecho efectivo a usarlas, que no niega la ley recurrida.