Tierras de frontera

Se diría que Euskal Herria se ha convertido en una suerte de salvaje oeste en el corazón de la vieja Europa. Como en la película de serie B La Purga, la fiesta se instaura como válvula de escape preceptiva y tiempo liminar. Todo se trastoca y aparece un mundo al revés, donde cuadrillas de violadores, integradas en parte por miembros de fuerzas del orden, campan a sus anchas a la busca y captura de jóvenes indefensas. Al mismo tiempo, grupos de jóvenes apalizan a las fuerzas del orden en los salones.

Pero, más allá de espejismos comunicativos, lo cierto es que el verdadero territorio fronterizo en disputa es la legislación española, sometida a tensiones sociales que, atrapada entre su herencia franquista y el régimen del 78, no sabe resolver. Un traje a medida, cada vez más pequeño, para una sociedad que desde el 15M ha crecido y madurado, y al que le están saltando todas las costuras.

Por un lado, órganos judiciales que aplican una legislación patriarcal que convierte la violación en grupo en un simple abuso. Por otro, una fiscalía al dictado del Gobierno que, gracias a una legislación de excepción, convierte una reyerta política tabernaria en un atentado terrorista. Como decían de aquel periodista bilbaíno los castizos: “¡Qué país, Miquelarena!”. Un territorio gobernado por élites políticas perezosas y mediocres, instaladas cómodamente en una legislación obsoleta que boquea, como pez fuera del agua, en esta época de cambios.

Tras el 8M, la aspiración igualitaria se ha convertido en rebelión feminista, pero la tregua y disolución de ETA no han impedido que la Ley siga interpretando un presente en ebullición como un pasado inamovible: el que fijara el pacto de la Transición.

En este contexto, ¿hasta qué punto benefician a los movimientos sociales los pequeños réditos que obtienen jugando fuerte dentro de la sociedad del espectáculo digital? ¿Se desarrollarán políticas feministas de alcance con retóricas disciplinarias y punitivistas o, más bien, se reforzará el paradigma judicializante? El desborde necesita tanto de confrontación como de construcción de alternativas y de prácticas contrahegemónicas en el ámbito educativo, presupuestario o social. De la misma manera, la restauración de la convivencia post-ETA pasa por centrar los esfuerzos de mediación en barrios y pueblos, lejos de la agenda de la Política.

Cuando los cambios se producen gracias a la suma de institucionalidades bien orientadas y movimientos sociales extensos —viejos y nuevos—, dichos cambios legales no son forzados ni desmesurados, como ahora, sino naturales, reales y efectivos. Porque, contra lo que pudiera parecer, ni en Euskal Herria ni en el resto del Estado son tierras fronterizas. Lo que hay son muchas leyes de frontera, cada vez más, cuando lo que necesitamos son menos leyes pero más justas.