Un salario mínimo de 1.200 euros para 2023

El PSOE ha presentado hoy 35 compromisos para las elecciones del 10 de noviembre que suponen su oferta social más generosa hasta la fecha. Algunos de ellos no van a la raíz de los problemas actuales.

Ley Vivienda de la PAH
Juan Zarza Cortejo de la PAH en la manifestación por la Ley de Vivienda del 3 de marzo de 2018.
7 oct 2019 17:00

Pedro Sánchez ha hecho públicas 35 propuestas de cara a las elecciones del 10 de noviembre, casi todas de corte económico o social. Pero lo que inicialmente parece un alarde expansivo nunca visto anteriormente en el seno del PSOE en la práctica supone perpetuar algunos de los problemas que más preocupan a la población actual, como los precios de la vivienda.

Pensiones protegidas cada año y para siempre

El PSOE dice en su documento que quiere “revalorizar en diciembre las pensiones al IPC real”. Esto supondría una subida de unos 2,5 euros (con la fórmula de revalorización anterior a 2013, que es del 0,25 %) si se toma como medida la pensión media, que no llega a mil euros al mes. A esto se le añadiría el IPC de diciembre, que aportaría menos de un euro extra a esta prometida subida. Es decir, su subida total sería de unos 3 euros mensuales para la pensión media, pero esta pensión no es la más frecuente. Según la Seguridad Social, la mayoría de pensionistas en 2018 cobraron entre 600 y 650 euros al mes, por lo que la subida para ellos no llegaría a los dos euros mensuales.

Sánchez no ha dicho nada en cuanto a eliminar el factor de sostenibilidad, que calcula las pensiones a través de la edad de jubilación —en progresivo aumento hasta llegar a los 67 años—, años cotizados y cuantía, añadiéndose a estos conceptos el de esperanza de vida, que ajusta a la baja la pensión inicial. Esta fue una de las mayores discrepancias entre PSOE y Unidas Podemos antes de romper las negociaciones para una posible investidura. La formación morada aboga por su eliminación, cosa que se contemplaba en los últimos Presupuestos Generales que no fueron aprobados. Al haberse prorrogado los Presupuestos Generales de 2018, esta medida continúa en vigor.

Salario mínimo de 1.200 euros para 2023

Una cosa muy típica de los líderes políticos es prometer medidas económicas expansivas para el final de la legislatura o incluso para años venideros. Así lo hizo, por ejemplo, Angela Merkel, que en su campaña de 2017 prometió pleno empleo para 2023, fecha en la que no será canciller, pues ni siquiera opta a la reelección en 2021.

En este caso, Pedro Sánchez quiere que al final de la legislatura haya un salario mínimo (SMI) del 60% del salario medio español, lo que dejaría el SMI en unos 1.200 euros mensuales a jornada completa. Es precisamente la medida que Unidas Podemos le proponía ahora, pero parece que Sánchez prefiere que entre en vigor dentro de cuatro años. Tampoco sabemos cuál será el salario medio en 2023 ni si Sánchez tomará como medida esa cifra o la actual. Dar un porcentaje respecto a algo tan inconcreto a cuatro años vista supone eludir establecer una cantidad concreta. Tampoco se puede determinar si esa cantidad estará por encima del umbral de pobreza que se establezca en 2023.

Empleo digno

Así se llama otro apartado de las propuestas del PSOE. En él el partido simplemente dice que eliminarán “los aspectos más lesivos de la reforma laboral”. No dicen cuáles son estos aspectos y se desdicen de la campaña para las elecciones del 28 de abril, en la que el secretario general del PSOE prometía derogar completamente esta reforma laboral. Tras esto propone revisar el trabajo a tiempo parcial, prevenir su uso fraudulento, controlar que no haya falsos autónomos y regular el despido, algo que todo gobierno con un poco de sentido común haría. Lo que no sabemos es en qué dirección.

Derecho a la vivienda

En este tema, el PSOE evita hablar de un límite de precios al alquiler, como le exigían organizaciones como el Sindicato de Inquilinas. Solo dice “frenar las subidas abusivas de precios” y apunta a las ayudas al alquiler para jóvenes. Estas ayudas ya se dan en varias comunidades autónomas y no han servido para frenar la escalada de precios. El presidente del gobierno en funciones también dice que “movilizará las viviendas vacías y a los grandes tenedores de vivienda”. Tampoco explica de qué manera. Es algo que hasta ahora no se ha hecho, ni siquiera con la reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) que el PSOE efectuó en marzo, en la que aumentaban de tres a cinco años la duración de los contratos y, por tanto, el tiempo en el alquiler solo puede subir en base al IPC.

Universidad como logro personal

Sobre este tema, el PSOE únicamente propone incrementar el sistema de becas bajando el umbral de renta por el que se solicitan. Nada dice de derogar el Decreto Ley de 2012 que popularizó el ministro de educación José Antonio Wert, por el que las matrículas se incrementaron, de media, un 29% en los grados. Desde hace una década, la universidad ha subido un 30% y los salarios tan solo un 2,5%.

Una fiscalidad justa

En este apartado se dice que “se conseguirá reducir el déficit y la deuda pública de forma compatible con el crecimiento económico, para garantizar la estabilidad financiera, la justicia intergeneracional y la sostenibilidad a medio y largo plazo de la economía”. Así redactado suena maravilloso, pero no se dice que para que esto pudiese llevarse a cabo la inversión en gasto público debería reducirse. En esta ocasión Sánchez ni siquiera utiliza el eufemismo “reformas”, ya demasiado manido.

En este caso no se le puede acusar de no ser claro. En el párrafo siguiente sí que habla de “reorientar los recursos públicos hacia aquellas políticas prioritarias”. Es decir, que sacrificará recursos públicos para lograr esa efectiva reducción del déficit y la deuda pública. Tampoco sabemos en qué línea.

Inversión real en ciencia para que ningún científico se vaya

Sánchez aclara que el aumento de la inversión en ciencia no vendrá del erario público. Su medida 32 dice que se “aumentará la inversión pública en I+D+i y se estimulará la privada, para que la inversión total llegue al 2% del PIB al final de la legislatura”. En 2018, se presupuestaron 7.003 millones para partidas destinadas a la ciencia, de las que se ejecutaron solo 3.278, menos de la mitad del total, según datos de la Intervención General del Estado. España invierte el 1,2% de su PIB en ciencia, la mitad de lo que la Unión Europea destina de media a estos mismos fines.

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