Así recupera el Estado el dinero que dice invertir en investigación y desarrollo

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, anunciaba a comienzos de este mes un aumento del 8,3% en los fondos destinados a la ciencia. Los "presupuesto más sociales de la historia", tal y como los calificó el ministro, recogían una inversión de 7.044 millones de euros en I+D+i. Sin embargo, aún si los presupuestos fueran finalmente aprobados, la mayor parte de ese dinero, podría acabar de regreso en las arcas del Estado.

Seis de los siete Organismos Públicos de Investigación (OPI) conformaron una coordinadora la pasada semana con el fin de que "se garantice un correcto uso de los fondos públicos para investigación". Las instituciones públicas de investigación denuncian que una serie de trabas burocráticas impuestas en los últimos años acaban provocando que los fondos nunca lleguen a ser ejecutados.

"Desde 2014, tenemos un doble control de gasto que lo que está haciendo es evitar que gastemos y nos está impidiendo trabajar", declara Esther Blanco, del Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria.

"Lo retardan, lo bloquean, lo dificultan todo muchísimo y las subvenciones no se ajustan a los plazos que se fija el interventor porque, si pasa el plazo del proyecto y no has gastado el dinero, tienes que devolverlo", añade Blanco.

Un nuevo sistema de control del gasto público, implementado en 2014 por Hacienda, supuso la llegada de una nueva figura a los OPI: el interventor. Este funcionario de Hacienda debe supervisar todas las actividades económicas de los OPI provocando importantes retrasos en el funcionamiento de estos centros de investigación.

Según Blanco, la investigación ya contaba con suficientes controles del gasto y el trabajo de los interventores solo está teniendo un efecto: que una buena parte de las subvenciones regresen al Estado por no ser invertidas a tiempo.

Maquillando la inversión en ciencia

Según denuncian desde la coordinadora, la intervención previa y el resto de trabas burocráticas serían una forma de control del gasto. De esta forma, a los recortes presupuestarios en I+D+i impuestos desde 2010, habría que sumar esta inversión maquillada que estaría presentando unos presupuestos inflados en investigación.

"Llevamos unos años en los que la gestión es kafkiana, con auditorías internas y con re-justificaciones de proyectos ya justificados", declara Fernando Valladares, profesor de investigación en el Museo de Ciencias Naturales, dependiente del CSIC.

"De los fondos que se conceden, por las cada vez más complejas trabas administrativas, se queda sin ejecutar mucho, que al final hay que devolver. El año pasado se quedó sin ejecutar prácticamente un 70%. Es una forma de maquillar lo que el Estado invierte en investigación, porque te dan un dinero, pero luego te lo quitan", explica Valladares.

La inversión real por parte del Estado se habría reducido mucho más que lo que muestran los presupuestos debido a estas trabas burocráticas. Si el presupuesto en investigación de 2010 fue de algo más de diez mil millones de euros, entonces se ejecutó hasta el 80%, unos 8.500 millones. El presupuesto de 2017 fue de unos 4.600 millones, pero, al ejecutarse solo el 30%, la inversión real fue de 1.376 millones de euros.

Además, el maquillaje que denuncia Valladares podría estar teniendo un daño colateral en los fondos europeos, que también se estarían perdiendo para la investigación sin generar ningún beneficio al Estado español.

El dinero de I+D+i, para consolidar el déficit

En este contexto, representantes de las OPI decidieron sentarse juntos y buscar una postura común. Tras esta primera toma de contacto, se fijó el objetivo de acabar con la fiscalización del gasto mediante la intervención previa, a la que se consideró principal responsable de la inoperancia de los Organismos Públicos de Investigación. El comunicado conjunto concluía: "Duplicar la fiscalización no mejora la transparencia, sino que bloquea la ejecución del fin último de los centros: la investigación".

En la sesión de control del pasado 11 de abril tanto la representante del PSOE, María González, como la de Unidos Podemos, Rosa Martínez, elevaron el malestar de los centros de investigación con la burocracia impuesta en los últimos años al ministro de Economía, Román Escolano.

"¿Qué gana el Gobierno dificultando la actividad científica mediante complicados procesos administrativo?", se preguntaba retóricamente la diputada de EQUO y portavoz de Unidos Podemos en el Congreso. "Que todo euro no invertido vuelve a Hacienda. Es decir, se están utilizando los fondos no ejecutados de I+D+i para la consolidación del déficit".