Economía
Nuevo modelo de financiación autonómica: qué propone el Gobierno, por qué se congeló y qué puede pasar ahora

El sistema de financiación autonómica vigente en España debía haberse renovado en 2014. No ocurrió. Doce años después, el modelo aprobado en 2009 con José Luis Rodríguez Zapatero sigue siendo el que regula el reparto de recursos entre comunidades. El 9 de enero de este año, la entonces vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, presentó una propuesta de nuevo sistema ante el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Apenas tres semanas más tarde, la propuesta entraba en la nevera. Lo que ha ocurrido desde entonces, y lo que puede ocurrir a partir de ahora, es la historia de una reforma atrapada entre calendarios electorales, negociaciones encadenadas y una aritmética parlamentaria que no cuadra.

Qué propone el Gobierno

La propuesta parte de un diagnóstico técnico compartido: el modelo de 2009 no refleja ya la realidad demográfica ni los costes reales de los servicios que gestionan las comunidades. El documento que elaboró María Jesús Montero como ministra de Hacienda introdujo una serie de cambios con la intención de reforzar las capacidades de las autonomías, que acabarán teniendo la última palabra sobre si deciden adoptar el nuevo sistema para sus comunidades, o no.

Los cambios más relevantes afectan a la cantidad de recaudación que el Estado cede a las autonomías: la cesión del IRPF sube del 50% al 55%, y la del IVA del 50% al 56,5%. Además, se incorporan al sistema cuatro impuestos hasta ahora excluidos en la mayoría de comunidades autónomas: Patrimonio, Depósitos Bancarios, Actividades del Juego y Residuos. Según el cálculo del Ministerio, las dos primeras medidas generarían unos 16.000 millones adicionales para el conjunto de las comunidades.

Si nos fijamos en el impacto en términos absolutos por territorios, Andalucía encabezaría el incremento con 4.846 millones adicionales, seguida de Catalunya con 4.686 millones, la Comunitat Valenciana con 3.669 millones y Madrid con 2.555 millones.

La cuestión catalana: la ordinalidad y una agencia tributaria que llega tarde

Aunque la propuesta presentada por Montero se enmarca como un modelo para el conjunto de comunidades de régimen común, su origen está directamente ligado al pacto de investidura que firmaron entre el PSOE y ERC. El acuerdo cerrado entre Sánchez y Junqueras pide cumplir en el modelo de financiación con elementos específicos que responden a las demandas históricas de Catalunya, entre ellas, una cláusula de ordinalidad que busca impedir que las comunidades que más aportan al sistema acaben recibiendo, tras la redistribución, menos recursos por habitante que las menos desarrolladas.

En la práctica, si un territorio es el que más aporta fiscalmente per cápita, debería ser también el que más recibe; si es el segundo, el segundo, y así sucesivamente. El principio aparece recogido en el Estatut de Catalunya de 2006, pero el Tribunal Constitucional lo interpretó como una mera aspiración política, no como una obligación vinculante. Su inclusión en el nuevo modelo es uno de los principales argumentos del PP para rechazarlo, al considerar que beneficia a Catalunya en detrimento de comunidades con menor capacidad fiscal.

El calendario político: dos incógnitas encadenadas

La propuesta de enero quedó en suspenso casi de inmediato. A finales de ese mes, Montero fue designada candidata del PSOE a las elecciones andaluzas. Para el partido socialista, agitar durante los meses de campaña el debate sobre financiación singular o transferencia del IRPF a Catalunya implicaba un coste político evidente frente al electorado andaluz. La reforma dejó de avanzar.

La parálisis en Madrid tuvo su correlato en Barcelona: el Govern de Illa había condicionado la negociación de los presupuestos catalanes a obtener primero garantías sobre la financiación en el Congreso. Sin avances en Madrid, ERC tampoco tenía incentivos para desbloquear las cuentas de la Generalitat. Dos negociaciones atadas la una a la otra, las dos en espera.

El límite máximo para celebrar las generales se sitúa el 22 de agosto de 2027. Ese calendario dibuja una ventana estrecha

Las elecciones andaluzas resolvieron una de las incógnitas. El PP obtuvo 53 escaños frente a los 28 del PSOE —el peor resultado histórico del socialismo andaluz—, y con Vox subiendo hasta 15. La otra incógnita se resolvió al día siguiente: Illa y Junqueras firmaron el 19 de mayo el pacto de presupuestos catalanes para 2026, con 527 millones para reforzar la Agència Tributària de Catalunya. El acuerdo fija un plazo concreto al Gobierno central: durante el último semestre de 2026 deben tramitarse y aprobarse las iniciativas legislativas necesarias para que el nuevo modelo entre en vigor en 2027. Con ambas incógnitas resueltas, el proceso puede, en teoría, retomarse.

Los vetos y la aritmética

Los obstáculos estructurales, sin embargo, permanecen intactos. El PP, que gobierna en la mayoría de comunidades autónomas, mantiene su oposición frontal alegando que la reforma fue negociada bilateralmente con fuerzas independentistas en lugar de acordarse multilateralmente.

La aprobación de la nueva ley depende entonces de la suma de todos los partidos que facilitaron la investidura, una mayoría que ya ha demostrado en distintas ocasiones la incapacidad de articularse y sacar hacia adelante propuestas legislativas. La caída del decreto que incluía la moratoria de desahucios que se implementó durante la pandemia es el ejemplo más reciente.

Junts per Catalunya, por ahora, la rechaza por insuficiente y, reclama un modelo de concierto económico similar al vasco o navarro, fuera del régimen común. Y la disidencia no se limita a la derecha: García-Page, presidente socialista de Castilla-La Mancha, también la ha rechazado públicamente con argumentos similares a los del PP.

Un gobierno con el foco dividido

A la dificultad aritmética se suma el contexto político en el que debe negociarse la reforma. Los casos de corrupción vinculados al entorno del Ejecutivo —los juicios contra el exministro Ábalos y el exsecretario de Organización Santos Cerdán, el procesamiento de Begoña Gómez, las acusaciones que el empresario Víctor de Aldama ha dirigido directamente contra Pedro Sánchez, y la reciente citación por parte de la audiencia nacional al expresidente del gobierno José Rodríguez Zapatero —condicionan la capacidad política del Gobierno para asumir nuevos costes negociadores.

Impulsar una reforma que exige mayorías amplias y negociaciones visibles con socios independentistas añade presión en un momento en que el Ejecutivo gestiona varios frentes abiertos.

Salvo adelanto electoral, España no volverá a las urnas hasta 2027, año en que coincidirán elecciones municipales, autonómicas y generales. El límite máximo para celebrar las generales se sitúa el 22 de agosto de 2027. Ese calendario dibuja una ventana estrecha. Si la reforma se tramitara en el segundo semestre de 2026 y se aprobara a principios de 2027, quedaría un margen mínimo antes de que el debate electoral absorba cualquier otra agenda.

Para el PSOE, transformar en activo electoral un acuerdo técnico complejo, negociado con independentistas y en un clima de desgaste acumulado, es una operación de geometría política altamente delicada, ahora en manos del actual ministro Arcadi España.