Economía social y solidaria
Se aprueba un nuevo impulso para la Economía Social, el cooperativismo y las empresas de inserción

Este martes se ha dado un paso importante para la Economía Social. El Consejo de Ministros ha aprobado a propuesta del Ministerio de Trabajo y Economía Social el Anteproyecto de Ley Integral de la Economía Social, así como la Estrategia Española de la Economía Social 2023-2027. Según explican desde Trabajo, estas nuevas medidas tienen la intención de “dinamizar, visibilizar y consolidar un modelo productivo que engloba alrededor de dos millones de puestos de trabajo en todo el territorio nacional”.

“El avance de la Economía Social no es solo positivo para el sector, sino para el conjunto de la sociedad”, ha afirmado en rueda de prensa la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, que ha calificada a la Economía Social de “sinónimo de estabilidad y valores democráticos”.

Este anteproyecto de ley ha sido bien recibido por el sector. Desde la Confederación Empresarial Española de Economía Social (CEPES) creen que el anuncio “recoge el sentir de la economía social en su gran mayoría” y la mayoría de las demandas de la propia organización. Su presidente, Juan Antonio Pedreño, considera que “es una excelente noticia que se haya dado luz verde a estas iniciativas, ya que eran esperadas y necesarias para potenciar, modernizar y mejorar la competitividad de las empresas que conforman la economía social”. Aunque también señalan que confían que se mejore en el trámite parlamentario, contemplando todas las demandas propuestas por esta confederación de empresas.

Desde la Red de Economía Alternativa y Solidaria (REAS RdR) también valoran de forma positiva el paquete normativo aprobado este martes. Según han explicado a El Salto, “suponen un avance necesario para el reconocimiento y el fomento de la Economía Social como modelo económico basado en las personas y el entorno, vertebrador del territorio y capaz de impulsar iniciativas de innovación social y finalmente adaptar el marco normativo al contexto actual”. Para las cooperativas y el sector en general, que el Estado reconozca su potencial mediante este impulso “garantiza el apoyo necesario para hacer frente a los retos económicos, sociales y ambientales que nos esperan”, afirman desde REAS.

Novedades de la ley

Los principales cambios que se llevarían a cabo con la Ley Integral de Economía Social irían encaminados a fomentar el tejido cooperativista. Esta fórmula empresarial es la más extendida dentro del sector de la Economía Social y bajo la nueva normativa se eliminan “los obstáculos para agilizar el ejercicio de su actividad y mejorar su funcionalidad” y “se adaptará el funcionamiento interno de las cooperativas a las nuevas formas comunicación y participación basadas en la implantación de las nuevas tecnologías”, según explican desde el Ministerio de Trabajo. 

Qué se puede clasificar como economía social es también uno de los puntos que se ensanchan y clarifican con la nueva normativa. Actualmente este sector está conformado por cooperativas, empresas de inserción, centros especiales de empleo, mutuas y sociedades laborales, entre otros.

Con el anteproyecto de ley aprobado en el último Consejo de Ministros se incorporan nuevas fórmulas asociativas que están presentes en la Economía Social y que ya están reconocidas a nivel europeo, como es el caso de las empresas sociales, como empresas que comparten los principios de la Economía Social y tienen que reinvertir en la empresa el 95% de los beneficios.

Definición de vulnerabilidad y exclusión social

En lo referente a las modificaciones en la ley de empresas de inserción, ideada para facilitar la participación laboral de personas en situaciones de vulnerabilidad o exclusión social, el anteproyecto de Ley de la Economía Social incorpora una nueva definición de colectivos y personas que están expuestas a esas circunstancias, básicamente ampliando el foco en los factores que determinan la vulnerabilidad y/o exclusión social. 

Esta medida es una de las novedades que destacan desde REAS, ya que señalan que la nueva definición de colectivos y personas que están expuestas a la vulnerabilidad socioeconómica facilitará que puedan acceder al empleo mediante las empresas de inserción.

Además, REAS valora positivamente que la reserva de mercado en el ámbito de contratación pública no se desvirtúe y se mantenga, por tanto, el principio de sin ánimo de lucro que rige en la normativa contractual. “Desde la perspectiva de la Economía Social y Solidaria entendemos que la promoción y creación de iniciativas con esta forma jurídica deber ser exclusiva de entidades y empresas sin afán lucrativo como sucede con los Centros especiales de Empleo sin ánimo de lucro para evitar la injerencia de empresas mercantiles y en particular de grandes corporaciones que ven en las empresas de inserción en filón a explotar para abaratar costes laborales y competir en igualdad con entidades que tienen como único fin la inclusión sociolaboral de colectivos desfavorecidos”, han matizado.

Desde el Ministerio, además, pretenden que la nueva hoja de ruta marcada por la Estrategia Española de Economía Social promueva la visibilidad y la internacionalización de un modelo productivo del que España es referente a nivel internacional de un sector que ya es una fuente de riqueza y empleo en la actualidad. “La Economía Social es una gran desconocida. Supone el 10% del PIB. Muchas veces hablamos de la importancia del turismo en la economía y la tiene. El turismo supone el 12% del PIB. Por tanto, tiene una enorme importancia económica y social en España”, ha concluido Yolanda Díaz.

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