Laboral
La precarización lastra el futuro de los trabajadores

En el proceso reflexivo después de los dos artículos anteriores, centrados en el cooperativismo, como herramienta para revitalizar el mundo rural desde unos principios de la economía social,  con sus potencialidades pero también con sus limitaciones, continuando con la aplicación del cooperativismo en el marco del derecho a la salud, hoy quiero abordar no sólo la precarización laboral endémica en determinados sectores económicos, o  por lo menos en determinadas partes de la cadena, sino también abordar una concepción económica basada en exprimir hasta el extremo a los eslabones más débiles para alcanzar los máximos beneficios.

Comencemos por el principio, en múltiples ocasiones nos llega el mantra, a través de diferentes medios, que la gente se ha acomodado y que ya no quiere realizar determinados trabajos, el foco se pone en las personas en edad laboral que rechazan determinados empleos, pero en ningún momento el relato dice que cada vez es más complicado encontrar personas dispuestas a trabajar en determinadas tareas o sectores por las pésimas condiciones laborales ofrecidas y por el insuficiente avance en las mismas después de décadas .

Veamos esas condiciones, en 2024, el SMI se estableció en €1.134 mensuales en 14 pagas (por ver el referente de base mínimo legal), para los trabajadores del campo el sueldo medio es de 1.477 euros brutos, 651 euros por debajo de la media nacional, y el sector registra la tasa de temporalidad más alta, las jornadas laborales más largas y la peor siniestralidad de todos los sectores, según fuentes del diario El País.

Y estos datos oficiales de uno de los sectores más precarizados, sólo muestran la llamada “economía formal” no teniendo en cuenta la llamada “economía informal” o por llamarla a las claras “en negro” donde se sitúan los eslabones más débiles de la sociedad, generalmente personas que emigran desde sus países de origen para buscar unas mejores condiciones de vida, pero que la falta de “papeles” condenan a una clara situación de indefensión frente a sus explotadores, condiciones laborales y de habitabilidad mientras permanecen en una zona para realizar los trabajos , que empeoran claramente las cifras oficiales.

A pesar de la mejoría, la insuficiencia de medios con los que cuenta la inspección de trabajo, hace que esta mejoría sea claramente insuficiente. Quiero traer a estas líneas un artículo El Salto de 30 de septiembre de este año, donde entre otras conclusiones de la investigación se indicaba como la Unión Europea no hace un cribado en relación a las ayudas de la PAC con respecto a las explotaciones agrícolas condenadas por explotación de sus trabajadores, algo que nos debe hacer pensar.

Veamos otro ejemplo, el sector del trabajo en el hogar y los cuidados, según el último informe de Oxfam Intermón, el salario medio de las trabajadoras de hogar y cuidados apenas alcanza 1.000 euros al mes, solo cuatro de cada diez trabajadoras reciben la indemnización por despido que les corresponde, las enfermedades profesionales no están reconocidas, no son posibles las inspecciones laborales en el lugar de trabajo y no siempre se cumplen las horas de jornada y los descansos pactados. 

Un 32% de estas trabajadoras no están dadas de alta en la Seguridad Social, lo que limita su acceso a derechos laborales como la cotización por desempleo y las prestaciones correspondientes. Tres de cada diez trabajadoras no logran ingresos suficientes con su trabajo para salir de la pobreza y un 37,7% declara tener problemas severos para llegar a fin de mes. Además, el 23,9% de los contratos en el sector son temporales y un 58,84% de las trabajadoras tienen jornadas parciales, factores que contribuyen a la inestabilidad y la pobreza laboral. Además, casi un 50% declara haber sufrido faltas de respeto, insultos y trato discriminatorio, un 29,7% impagos de salario y un 17% proposiciones de carácter sexual.

Por último, veamos el sector de la hostelería, según datos de Comisiones Obreras, los empleados del sector cobran de media 1.818 euros brutos al mes, lo que supone un 25% menos que el salario medio en España, situado en 2.273 euros. La desigualdad se agrava en el caso de las mujeres, que a pesar de representar el 57% de la plantilla, perciben un 13% menos que sus compañeros hombres, es decir, 173€ mensuales menos. Aunque la temporalidad ha comenzado a reducirse y se sitúa por debajo de la media nacional, la realidad sigue siendo compleja. El 80% de los asalariados tiene contratos considerados estables, pero dentro de ese grupo, más del 16% son fijos discontinuos. Esta figura, introducida en la reforma laboral de 2021, permite combinar periodos de trabajo con otros de inactividad, pero muchos trabajadores denuncian que se usa como vía para mantener la precariedad con otro nombre.

Con estos datos sobre la mesa pienso que es imposible plantearse un proyecto de vida decente y afrontar los gastos básicos, es el origen de la fuga de talento y esa parte de la frase que comentaba al inicio que las grandes patronales callan.

Pero alcemos un poco más la vista y veamos el bosque o en este caso los sectores económicos, hemos basado el modelo económico de estos segmentos económicos, son la punta del iceberg y quizá los más representativos en este sentido, pero no los únicos, en la precarización y también en el incremento de precios desorbitado de cara al consumidor final para ensanchar los márgenes que se quedan los grandes explotadores.

Y como sociedad, ¿Qué herramientas tenemos para reaccionar antes esta situación? En primer lugar, no normalizar unas condiciones que en modo alguno son lógicas, pero ya no sólo desde el punto de vista de la justicia social o laboral sino también desde de vista económico. Como sociedad también tendremos que ajustar nuestros hábitos y necesidades para permitir a los trabajadores de determinados sectores unos horarios razonables. Y el Estado tendrá que poner todos los medios necesarios para detectar y sancionar este tipo de situaciones y ni que decir tiene que este tipo de sanciones deben ser extensivas a cualquier tipo de subvención como la PAC.

Economistas sin Fronteras no se identifica necesariamente con la opinión del autor y ésta no compromete a ninguna de las organizaciones con las que colabora.