Desastres ambientales
Lecciones del Mar Menor

El Mar Menor es una laguna de 135 km² ubicada en Murcia, equivalente aproximadamente a un tercio de Andorra o a la mitad de Malta. Ha sido ocupado por los humanos desde el Paleolítico y en él se han encontrado restos arqueológicos de civilizaciones íberas. Los romanos lo llamaron Belich y Mare Palus, “laguna”; y los árabes, Buhayrat al-Qasr, “la Albufera del Alcázar”. Tras la Reconquista se le denominó simplemente Albufera, hasta que se impuso su nombre actual: Mar Menor. Esta denominación lo diferencia de su hermano mayor, el Mediterráneo, unas 18.500 veces más extenso y del que le separa una manga de 21 kilómetros. Desde el siglo XX fue uno de los paisajes más reconocibles del sureste: un ecosistema singular, con un fuerte vínculo cultural local y un motor económico.

Sin embargo, el modelo de desarrollo nunca tuvo en cuenta el equilibrio con el ecosistema. La agricultura y la ganadería se intensificaron; el sector turístico apostó por el volumen más que por el valor añadido, con una presión creciente sobre el territorio; y los impactos de otras actividades, como la minería en las sierras cercanas, fueron acumulándose. El resultado fue un colapso multicausal. A partir de la década de 1960, el Mar Menor pasó a verse —en palabras de Teresa Vicente— “como un vertedero y como una fuente de beneficios”.

Teresa Vicente, catedrática de Filosofía del Derecho, es precisamente una de las figuras clave en esta historia. Lideró una iniciativa popular sin precedentes, respaldada por 640.000 firmas, para dotar al Mar Menor de personalidad jurídica. La iniciativa dio lugar a una ley pionera en Europa: por primera vez, un ecosistema obtenía derechos propios reconocidos en el ordenamiento jurídico. El cambio era conceptual. El Mar Menor dejaba de ser únicamente un objeto de protección ambiental para convertirse en un sujeto de derechos: derecho a existir, a evolucionar de forma natural, a ser protegido, conservado y restaurado.

Este hecho histórico es un referente por múltiples razones. Fue el primer proceso de este tipo en Europa y, además, nació directamente desde la ciudadanía y no de partidos políticos. La iniciativa ha tenido un fuerte reconocimiento internacional: la ONU lo ha reconocido como uno de los World Restoration Flagships, Teresa Vicente recibió el Premio Goldman, considerado el Nobel ambiental, y el caso ha servido de inspiración para otras iniciativas, como la del río Tins en Galicia o el creciente interés en ecosistemas como el Manzanares, la Albufera de Valencia, el Delta del Ebro o Doñana.

Lejos de ser el final del camino, la personalidad jurídica del Mar Menor es el inicio de un intento de curar un ecosistema en estado crítico. La ley fue ratificada por el Tribunal Constitucional frente a la oposición de algunos partidos, y hoy el Mar Menor tiene NIF, cuenta bancaria y una estructura de gobernanza compuesta por tres órganos: un Comité de Representantes, una Comisión de Seguimiento —los “guardianes”— y un Comité Científico. La ley establece que cualquier vulneración de sus derechos puede generar responsabilidad penal, civil, ambiental y administrativa.

Esto ya no es teórico. El Mar Menor, a través de sus representantes, ha comenzado a personarse en procedimientos judiciales, por ejemplo frente a daños derivados de vertidos. En paralelo, se ha puesto en marcha el Marco de Actuaciones Prioritarias para la Recuperación del Mar Menor, con un presupuesto de 675 millones de euros. Entre sus medidas destacan la creación de un cinturón verde alrededor de la laguna, el cierre de miles de hectáreas de regadío ilegal, la restauración de ecosistemas en la cuenca vertiente o el replanteamiento de ciertas infraestructuras, como puertos.

Sin embargo, las tensiones persisten. Teresa Vicente ha dimitido como Tutora del Mar Menor, denunciando obstáculos y fricciones con las administraciones estatal y autonómica, a las que acusa de priorizar sus propios intereses frente a la defensa del ecosistema.

Y, mientras tanto, ¿cómo está la laguna en 2026? El Mar Menor sigue enfermo. No se han repetido episodios como el de 2019, pero, por ejemplo, en octubre de 2025 se produjo un nuevo episodio de anoxia, breve pero intenso, tras la dana Alice. La propia Teresa Vicente lamenta que “en una zona semidesértica donde la lluvia debería ser motivo de celebración, la dana nos hace temblar, porque arrastra (los fertilizantes de) la agricultura intensiva y los purines de la ganadería hacia la laguna, lo que unido a otros factores como el calor provoca de nuevo la anoxia”.

El caso del Mar Menor es muchas cosas a la vez. Es, en primer lugar, un precedente ambiental y económico. Durante años, los impactos sobre el ecosistema fueron tratados como externalidades o problemas del futuro. Hasta que dejaron de serlo. Cuando el desequilibrio del ecosistema se materializó, el propio modelo económico que lo causó quedó gravemente afectado: el valor de los activos turísticos ha disminuido significativamente, la actividad pesquera se ha visto mermada y la agricultura intensiva junto a la laguna se ha prohibido. Esto muestra que la necesidad de un equilibrio entre economía y naturaleza ha dejado de ser una cuestión teórica, y puede prepararnos para afrontar otras crisis ambientales.

Es también un precedente de ciudadanía. En un contexto de polarización política, más de 640.000 personas se pusieron de acuerdo para defender un bien común, algo que parece inverosímil hoy en día. Esto muestra que los ciudadanos, más allá de los colores políticos con los que se identifican, pueden encontrar espacios de entendimiento y cooperar.

Es, además, un precedente jurídico y de gobernanza. El Mar Menor ya tiene derechos. Pero esto abre una tensión inevitable: sigue sin tener una voz propia y está representado por un grupo de humanos. Y esos humanos tienen intereses e incentivos distintos. Algunos priorizan la protección del capital natural a toda costa; otros, objetivos económicos o políticos. La gobernanza del medioambiente será un espacio de tensión constante, como refleja la dimisión de la líder de este movimiento por la percepción de intereses en las administraciones que van más allá de la protección de la laguna. Sin embargo, esas mismas administraciones, criticadas por defender “lo suyo”, son también las estructuras democráticas que representan la voz de la ciudadanía en ese proceso.

Para mí, el Mar Menor refleja que nada es simple y me enfrenta a varios sentimientos a la vez. El colapso ambiental fue devastador. La reacción ciudadana fue extraordinaria. La innovación jurídica es histórica. Su implementación es compleja. Y el futuro sigue abierto. Este caso puede extrapolarse a otros de los grandes problemas de nuestro tiempo donde conviven el bien y el mal, y la esperanza y las tensiones.

Cierro este artículo con una reflexión del Tribunal Supremo de 1990 citada en la propia ley de personalidad jurídica del Mar Menor: “La diferenciación entre males que afectan a la salud de las personas y riesgos que dañan otras especies animales o vegetales y el medio ambiente se debe, en gran medida, a que el hombre no se siente parte de la naturaleza sino como una fuerza externa destinada a dominarla o conquistarla para ponerla a su servicio. Conviene recordar que la naturaleza no admite un uso ilimitado y que constituye un capital natural que debe ser protegido”.