Desigualdad
Ceuta y las fronteras de clase

El racismo es una ideología basada en el concepto de raza, una categoría creada socialmente y dotada de contenido político, económico, cultural y social, que nada tiene que ver con la naturaleza biológica. En concreto, se sustenta en la creencia de la superioridad de la raza blanca sobre el resto. Por tanto, cuando hablamos de racismo no nos referimos a una actitud individual, ni de un término peyorativo, sino a un sistema complejo que contribuye a generar y reproducir un orden social jerarquizado. Así, podemos concebir el racismo como la ideología que divide y jerarquiza a la humanidad en pseudo «razas», en una escala de superioridad/inferioridad, a partir de la cual se legitima y justifica un trato desigual.

Históricamente, en el Estado español, ha existido un intenso racismo que ha girado en torno a la figura del «moro». Esta categoría, que arrastra un fuerte carácter colonial, se emplea para referirse a aquellas personas que tienen unos rasgos determinados: un fenotipo basado en un color de piel más oscuro que el blanco -que se toma como el estándar y la norma- y el pelo ensortijado; o a personas pobres que ocupan determinados trabajos, visten hiyab o chilaba, tienen origen en el norte de África y Oriente Medio, o son musulmanas.[1]

Esta lectura social se parapeta en la construcción del «moro» como un «otro» homogéneo, al que se le otorga una identidad, una cultura y una actitud y comportamiento predefinidos que encarnan ciertos males sociales —delincuencia, insalubridad, agresividad, peligro sexual-. Como apunta Nuria Alabao, el «hombre joven de piel oscura», de origen marroquí, actúa de chivo expiatorio sobre el que volcar el pánico moral, la amenaza y, en torno a ello, justificar el refuerzo securitario y las políticas de disciplinamiento y exclusión.

Este racismo se está expresando en los últimos años con una virulencia cada vez mayor, apoyado en el discurso de organizaciones de derecha y neofascistas, y espoleado por sucesos como el de Torre Pacheco (Murcia) o por determinados discursos y comportamientos sociales, como los que circulan en torno a la crisis humanitaria en Ceuta este verano. La profusión de comportamientos y discursos racistas hacia quienes son leídos como «moros» contribuye a apuntalar este sistema de jerarquía, discriminación y opresión racial.

Esto genera una deshumanización que legitima un trato de excepción hacia esta población, un comportamiento discriminatorio que, llevado a su última expresión, se traduce en prácticas vejatorias, violencia física e incluso la muerte. Entre lo acontecido en Torre Pacheco, el discurso público que orbitó en torno a las manifestaciones en apoyo a Ceuta del 2 de septiembre y el genocidio en Gaza, hay una línea de puntos.

Este orden social racista relega a la población marroquí residente en el Estado español a vivir en una situación fuertemente precaria. Esto se refleja en su inserción en el mercado de trabajo, en sectores que no se pueden deslocalizar y en los que tampoco quiere emplearse la población blanca de nacionalidad española, al tratarse habitualmente de los trabajos peor pagados y valorados socialmente, aquellos que exigen mayor esfuerzo, etc.

A partir de microdatos de la Encuesta de Población Activa se comprueba que casi un tercio de la población de origen marroquí se ubica en el sector de la construcción y la hostelería, y en torno al 20% en el sector primario (agrícola, ganadero y pesquero). El resto del empleo se reparte entre un conjunto de sectores (industria manufacturera, transporte, tareas administrativas y auxiliares, trabajo del hogar y los cuidados, etc.), generalmente en categorías elementales, de bajo rango jerárquico y de escaso contenido cualificado.

Esta inserción subalterna de la población marroquí en el mercado de trabajo cumple una función esencial para el capital privado como nicho de extracción de rentabilidad, al poder operar con muy bajos costes de producción. Pero la ganancia privada que genera este orden social racista no se agota en el marco laboral formal e informal. Esta condición de subalternidad condiciona fuertemente la obtención de rentas de la población marroquí que, más allá del circuito del mercado laboral, recurre a otras fórmulas, como el trabajo mediado por dispositivos -plataformas de reparto, de trabajo del hogar y los cuidados, etc.-.

El capital privado obtiene así valor expropiado sin relación salarial.[2] En la economía de plataformas, las empresas eluden riesgos y costes asociados a la contratación de personal laboral (bajas, vacaciones, indemnizaciones, etc.) y, al mismo tiempo, ponen la renta, el tiempo, el espacio y el propio cuerpo de las personas trabajadoras migrantes o racializadas a disposición de la valorización del capital. Todas estas dimensiones que definen los contornos de sus condiciones de vida cotidianas -descanso, alimentación, gasto de energía, relaciones afectivas y de socialización, etc.- quedan subsumidas y pautadas por sistemas de trabajo automatizados cuyo objetivo es extraer la máxima rentabilidad posible, a expensas de las propias necesidades de regeneración diaria de las personas que las realizan. En definitiva, la desposesión opera mediante la confiscación de capacidades y recursos puestos al servicio de la rentabilidad privada.

Asimismo, las condiciones de vida de la población blanca y de nacionalidad española también descansan sobre la pauperización de la población migrante. Esta población se vale de la subalternidad laboral de la población migrante y racializada para obtener bienes y servicios baratos con un acceso a los mismos más fácil e inmediato, debido a una infraestructura logística mediada por las plataformas. De este modo, el trabajo de la población migrante y racializada reorganiza cotidianamente el consumo, la logística y el trabajo del hogar y los cuidados de la población blanca, liberándole tiempo y energía que puede destinar a un mayor descanso, a ampliar su formación o al desarrollo de carreras profesionales. Todo ello, de forma indirecta, también contribuye a incrementar la rentabilidad de la empresa privada, al contar con una fuerza de trabajo en mejores condiciones y externalizar ciertos costes de su reproducción.[3]

El racismo, en suma, opera como una forma de gestionar las relaciones de clase, engrasando la maquinaria privada de obtención de ganancias y permitiendo amortiguar también la pauperización generalizada de la fuerza de trabajo en las economías occidentales, a costa de externalizar esos costes al sur global o a la población migrante y racializada en el interior de los Estados occidentales. Frente a este estado de cosas, ¿qué podemos hacer?

El primer paso es la toma de conciencia y la afectación por ello. El segundo, conectar lo que sentimos y lo que pensamos con lo que imaginamos y hacemos. Esta toma de conciencia puede forjarte una identidad antirracista, que se traduzca en cambios en tu discurso público, tus actitudes y comportamientos individuales. Pero, como hemos apuntado, el racismo no es solo ni fundamentalmente una actitud subjetiva e individual, sino un sistema que estructura jerárquicamente la sociedad.

El alcance que tienen los actos individuales es limitado, pues carecen de la potencia política necesaria para cambiar estructuras de poder e instituciones asentadas. Solo en compañía y de manera organizada, en colectivos antirracistas, en el ámbito sindical, en el movimiento de vivienda, etc., es como podemos hacer frente a la violencia del racismo. Tal vez no seamos culpables de la forma que adopta la realidad que nos rodea, pero de manera ineludible estamos envueltos e implicados en ella. Por tanto, tenemos la responsabilidad de hacernos cargo del tiempo en que vivimos.

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Notas a pie de página:

[1]Silvia Agüero, Nicolás Jiménez y Youssef M. Ouled nos acercan excepcionalmente al racismo en la historia y el presente del Estado español en «Vivir contra el racismo. Pogromos y violencia racial en España» (Catarata, 2026).

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Economistas sin Fronteras no se identifica necesariamente con la opinión del autor y ésta no compromete a ninguna de las organizaciones con las que colabora.