Fiscalidad
Calificaciones fiscales de fin de curso

En el ámbito docente, el mes de junio es tiempo de calificaciones. Entra así la tentación de poner nota a diversos temas relacionados con ingresos y gastos públicos acaecidos durante este curso que ahora finaliza, aún renunciando a la exhaustividad.

La primera nota, sin embargo, ha de recaer sobre algo no sucedido. Los presupuestos generales del Estado son un instrumento esencial de la vida económica en cualquier país. Es obligación del Gobierno presentarlos, de forma que la ciudadanía conozca las prioridades de su política. Si finalmente son rechazados por no alcanzar los votos suficientes en el parlamento, al menos los agentes económicos y políticos conocerán la postura de cada grupo político y podrán obrar en consecuencia. El hecho de que, un año más, no hayamos tenido el debate sobre los presupuestos merece un suspenso claro.

Por el contrario, Hacienda obtiene un notable alto con la presentación, al fin, de una propuesta de reforma del sistema de financiación autonómica. Además de necesaria, supone mejoras evidentes sobre el obsoleto sistema vigente: reduce las diferencias de financiación per cápita entre, simplifica los distorsionadores fondos preexistentes y dota de más recursos a prácticamente todas las administraciones autonómicas. Recordemos que sobre éstas recaen las competencias de los gastos sociales más relevantes como educación, sanidad, dependencia o vivienda.

Desgraciadamente, el debate para la puesta en vigor de un nuevo modelo parece encontrar serias dificultades ante la negativa del partido popular a sentarse siquiera a debatir la propuesta. Esa negativa merece un suspenso claro, no solo porque se renuncia a cualquier debate (elemental instrumento democrático), sino también porque no se aporta ni alternativa ni un solo motivo razonable para tal oposición.

Ese mismo juego de buena y mala calificación se encuentra en la aprobada regularización de población inmigrante afincada en España. Merece también el notable alto la decisión de ponerla en marcha, que no llega al sobresaliente por el retraso en tomar la medida y por algunos problemas burocráticos no del todo bien resueltos. Al margen de razones humanitarias, la regularización permite que muchas personas que estaban trabajando en situaciones irregulares y en el mercado negro, pasen a cotizar y a aportar recursos adicionales a las arcas públicas. Los beneficios de la obra de trabajo inmigrante se multiplican favorablemente.

De nuevo, la oposición a esa medida, oportunista, cortoplacista y acorde más a intereses partidistas que de interés común, se lleva un suspenso claro. Con el agravante de que ha conseguido que una opinión pública que, de entrada era muy favorable a la medida, haya pasado según las encuestas a ser mayoritariamente opuesta. Argumentos absolutamente falsos (se trata de personas que ya están aquí desde hace tiempo y que no van a poder votar, por ejemplo) favorecen un clima de xenofobia y aporofobia, caldo de cultivo para actitudes violentas y racistas.

Hablando de la Agencia Tributaria, un suspenso merece el dato recientemente publicado de la situación de esos 169 inspectores de hacienda que se encuentran en situación de excedencia por interés particular. Casi la misma proporción, respecto al total de la plantilla, que Judas respecto al conjunto de apóstoles.

Debería penalizarse este sistema por el cual el Estado forma a determinadas personas en las técnicas tributarias para que en un momento determinado “se pasen al enemigo”, para enriquecerse aconsejando las mejores formas de evadir el pago de impuestos. Por ejemplo, con un pago importante por la formación recibida a quienes toman esa opción de excedencia.

Un año más, hay que recordar el suspenso rotundo a las habituales campañas referidas a la inviabilidad del sistema de pensiones de la seguridad social. Llevamos más de treinta años escuchando las profecías sobre la quiebra del sistema. Los terraplanistas no se achican ante la evidencia de datos en contra. Los datos de población, de inmigración, de productividad… se revisan una y otra vez al alza respecto a los usados para los cálculos catastrofistas. Consecuentemente, las previsiones de peso del gasto en pensiones respecto al PIB se mantienen dentro de la senda de sostenibilidad del gasto. Por cierto, la única que se exige frente a otros muchos otros gastos como defensa o salvamento de sectores en crisis.

En los peores escenarios de futuro, se lamenta que el gasto en pensiones va a significar una proporción del PIB tan inasumible… que es igual a la que ya soportan algunos países europeos.

El suspenso de este curso es aún más bajo que en convocatorias anteriores. Porque ahora se añade el acento en un inexistente conflicto generacional. Parece que son los jubilados los culpables de las desventuras de los jóvenes.

Las pensiones se unen así a un conjunto, amplio y creciente, de reiterados apóstoles de enfrentamientos horizontales (viejos – jóvenes, nacionales – inmigrantes, hombres – mujeres…) que desvían la atención respecto a la más habitual y compartida de las causas de los sinsabores de cada unos de los colectivos citados: el crecimiento a todas luces excesivo de la desigualdad social y del enriquecimiento de los ultrarricos. Se incita mirar a los lados para que no se mire hacia arriba.

Esto nos lleva a la matrícula de honor de este curso: la batalla con proyección creciente en favor de que los ultrarricos paguen lo que deben. Uno de sus últimos hitos, el actorealizado el pasado 25 de mayo en el Círculo de Bellas Artes, por iniciativa de Oxfam – Intermón y la Plataforma por la Justicia Fiscal. Estuvo dedicado en buena parte a analizar cómo mejorar los impuestos para que los ricos paguen. Con una conclusión muy clara: no está solo en juego la justicia social y económica, sino también la propia democracia.

Muy recomendable es el informe que Oxfam – Intermón presentó en dicho acto, subrayando las mejoras que deberían introducirse en nuestra imposición sobre el patrimonio para ganar en eficacia y conseguir que cumpla sus objetivos.

La plataforma por la justicia fiscal apunta otras ideas complementarias para alcanzar ese objetivo que se ha convertido en prioritario: que los ultrarricos paguen lo que deben. Porque la escandalosa evasión tributaria de las grandes fortunas y de sus poderosas sociedades son el gran suspenso de nuestra sociedad.

Sin conseguir corregirlo, estaremos lejos de la justicia fiscal y, por tanto, de la justicia social.